Congreso debate hoy texto observado por el Ejecutivo

El pleno del Congreso debate y vota hoy la insistencia en los términos de la autógrafa de ley que cambia el régimen de los trabajadores del sector Salud con contrato CAS Covid al de CAS regular.

En dicho texto se autorizaba, de manera excepcional y por única vez realizar dicha modificación, a fin de uniformizar la situación laboral del personal que fue convocado a prestar servicios en los establecimientos de salud a partir de la pandemia del covid-19.
Sus alcances comprenden a los trabajadores asistenciales y administrativos contratados bajo la modalidad CAS Covid en el Ministerio de Salud, gobiernos regionales, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y en el Seguro Social de Salud.
La modificación de este tipo de contrato deberá efectuarse en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la promulgación de la ley.
La sesión plenaria de hoy fue convocada de manera extraordinaria, a pedido de un grupo de congresistas de diversas bancadas, con el fin de revisar este tema.
Observaciones del Ejecutivo
Tras su aprobación en el pleno del Congreso, el pasado 30 de junio, la autógrafa de ley fue observada por el Ejecutivo. Este objetó que se utilizara el término CAS Covid, ya que la denominación usada oficialmente es la de contratos temporales administrativos de servicios (CAS) temporales habilitados por los decretos de urgencia 029-2020 y 004-2021.
Se observa también que se mencione en la autógrafa que los trabajadores de ese régimen perciben similar remuneración que los del régimen CAS, puesto que no se ha establecido una escala remunerativa oficial. Además no se ha consignado un análisis de costo ni una evaluación presupuestal de lo que se tendría que desembolsar para aplicar la propuesta.
El Ejecutivo considera también que en el texto se vulnera el principio  de mérito y el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, ya que, de darse la modificación de contratos planteada, se ocuparían plazas permanentes en el sector salud a las que debe accederse por concurso público de méritos, afectando a quienes aspiran a participar de ese proceso.
En otra de sus observaciones, el Gobierno Central señala que la autógrafa de ley no cuenta con adecuado sustento y justificación ni se ha efectuado una evaluación del número de plazas que comprenderá la ejecución de la norma planteada.