Por: Juan Luis Dammert, director para América Latina – Natural Resource Governance Institute (NRGI)

La reactivación económica es uno de los principales objetivos del Gobierno, como era de esperarse luego de una caída brutal de la actividad productiva durante la pandemia. La Administración actual tiene la expectativa de que el país crezca más del 10.5% en el 2021 y, en promedio, 5.5% en el periodo 2021-2025. Está previsto que las industrias extractivas jueguen un rol central en la reactivación económica del país.

Lo que está menos claro, sin embargo, es cuál es la visión estratégica del Gobierno para las industrias extractivas en el contexto de la transición energética global, que genera oportunidades para la minería —para la generación de energía limpia— y desafíos para los hidrocarburos —debido a la necesidad de descontinuar los combustibles fósiles—.

La necesidad de incrementar el uso de energía limpia, en un contexto de cambio climático, ha ocasionado una demanda creciente de minerales como el litio y el cobre, que tienen potencial para ser usados en tecnologías de energías renovables, como la solar y eólica. Además de simplemente aprovechar la mayor demanda, al Perú le conviene apostar por el fortalecimiento de la agenda socioambiental para la minería, en tanto el origen “verde” de este impulso pone más énfasis a las consideraciones de sostenibilidad, respeto de los derechos y justicia económica que deberían gobernar la extracción de minerales. Esto es cada vez más visible entre organismos multilaterales, agentes financieros y consumidores finales.

En el caso de los hidrocarburos, a pesar de los precios altos de esta coyuntura, el Perú debería prepararse para el declive de la extracción petrolera y la descarbonización de la energía para el transporte. En el caso del gas de Camisea, la anunciada masificación del gas presenta una paradoja. El gas es un combustible fósil, cuya explotación y consumo deben descontinuarse para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que están llevando al planeta hacia una crisis climática potencialmente catastrófica. Las inversiones en infraestructura para la masificación del gas deben apuntar al consumo doméstico industrial en el sur del país, en tanto ya tenemos el recurso, y el acceso a energía barata aumenta la competitividad. Pero sería un error buscar más gas para no comprometer los compromisos de exportación, o decidir extraerlo de lugares como el Candamo o la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. En ese sentido, el Gobierno debería aclarar qué se refiere cuando declara intenciones de “evaluar la ampliación de reservas”.

Es importante atender la agenda redistributiva alrededor de las industrias extractivas. Una mayor recaudación permitirá, en teoría, aumentar los recursos para abordar los retos en salud, educación y desarrollo social. También podría servir para impulsar con seriedad una agenda de diversificación de la matriz productiva. Sin embargo, la reiterada apuesta por las industrias extractivas debe pensarse también en clave de la transición energética global. No solo por consideraciones climáticas, sino también como estrategia económica para sintonizar con las nuevas tendencias y exigencias de la economía global, que tiene un creciente énfasis en la agenda de descarbonización.