Un extrabajador interpuso una demanda contencioso-administrativa, solicitando la nulidad de una resolución de la ONP


Paul NeilHerrera Guerra

Cuando existan declaraciones disímiles, incongruencia en las fechas de labor o aportes al Fonavi que no correspondan a los períodos laborales será insostenible la acreditación del vínculo laboral para colegir que se aportó al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que administra la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia correspondiente a la Casación N° 18545-2017 Lambayeque, emitida por la Primera Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que al declarar infundado dicho recurso delinea las situaciones que impiden acreditar estas aportaciones.

Antecedentes

En el caso materia de la citada casación, un extrabajador interpuso una demanda contencioso-administrativa, solicitando la nulidad de una resolución de la ONP y de una resolución ficta, así como el reconocimiento de años de aportaciones y el otorgamiento de pensión de jubilación con pago de pensiones devengadas e intereses.

El extrabajador demandante alega que nació el 7 de junio de 1945 y que culminó sus labores el 31 de diciembre de 1988, contando con más de 68 años y más de 20 años de aportaciones al SNP.

En ese contexto, solicita que se ordene el reconocimiento y otorgue validez a las aportaciones que manifiesta haber efectuado desde el 1° de enero de 1960 al 31 de diciembre de 1970 con un exempleado, posteriormente desde el 1° de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1972 con otro exempleador con el que trabajó como obrero de campo; y luego desde el 1° de enero de 1973 al 31 de diciembre de 1988 por medio de otra empresa exempleadora.

Para que se le reconozca mayor número de aportaciones, el extrabajador ofrece como medios probatorios certificados de trabajo. Sin embargo, la primera instancia judicial determina que uno de estos certificados no acredita satisfactoriamente la relación laboral invocada y con ello años de aportaciones. Toda vez que el actor no ha presentado (respecto del período a ese certificado) medios probatorios adicionales, como boletas de pago que generen convicción u otros documentos oficiales similares que corroboren la información laboral contenida en ese certificado de trabajo, refiere la sentencia de primera instancia.

Además, el juez de primera instancia advierte la existencia de una significativa diferencia temporal entre la fecha de certificación contenida en un certificado de trabajo y la fecha del cese laboral.

Respecto a las boletas de pago correspondientes a otros períodos laborales presentadas, advierte que estas no generan convicción para reconocer años de aportación porque no se identifica quién las suscribe en representación del empleador ni se prueba que quien las firma tenga facultades para hacerlo.

En relación con las declaraciones juradas también presentadas por el extrabajador se precisa en la sentencia de primera instancia que estas corresponden a declaraciones unilaterales del propio actor.

Por todo ello, el juzgado de primera instancia declaró infundada la demanda, sentencia que luego fue confirmada por la segunda instancia judicial.

La sala superior que tomó conocimiento de este caso determinó que la sentencia de primera instancia contiene una adecuada motivación y una correcta valoración de los medios probatorios. A la par explica por qué estos no generan suficiente convicción.

Decisión y fundamento

Al delimitar la controversia, el supremo tribunal establece que el debate gira en determinar si se han infringido los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil (CPC) y el artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990.

A tono con el artículo 197 del CPC, la sala suprema determina que todos los medios probatorios fueron valorados en forma conjunta, y advierte que el extrabajador presenta declaraciones juradas y posteriores declaraciones aclaratorias en las que se precisa que por error se señalaron fechas que no correspondían. Se trata, por consiguiente, de versiones disímiles que no otorgan verosimilitud a lo señalado, añade.

Además, precisa que se presentaron boletas de un empleador cuando en las fechas consignadas el extrabajador indicó haber trabajado en otra empresa; habiendo ocurrido lo mismo en el caso de otro exempleador, a lo que se añade que se consignan aportaciones al rubro Fonavi en la década de 1970 cuando dicho fondo nació en 1980.

Así, el supremo tribunal determina que no era necesario acudir a la regla subsidiaria de aplicación judicial contenida en el artículo 196 del CPC.

Esto porque las afirmaciones del extrabajador no pudieron ser acreditadas, lo que “fluía con claridad del material probatorio admitido y actuado en el proceso”.

En lo que corresponde a la aplicación del artículo 70 del Decreto Ley N° 19990, la sala suprema advierte que en este caso se alega que las pruebas presentadas acreditan los períodos de aportación, conforme los requisitos legales.

Sin embargo, concluye que las declaraciones disímiles, la incongruencia en las fechas de labor, los aportes al Fonavi que no corresponden con los períodos laborales hacen insostenible los dichos del extrabajador demandante, por lo que no habiéndose acreditado vínculo laboral, no puede colegir que se realizaron aportaciones a su favor.

En consecuencia, como no se vulneran los artículos 196 y 197 del CPC ni el artículo 70 del Decreto Ley Nº 19990, el supremo tribunal declaró infundado el mencionado recurso de casación.

Regla subsidiaria

Conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos. En función de ello el supremo tribunal advierte que este artículo establece una regla subsidiaria de aplicación judicial que se debe emplear luego de valorarse todos los medios probatorios y siempre que de ellos no se haya generado convicción. Por consiguiente, la sala suprema señala que cuando esa convicción exista, cuando las afirmaciones de las partes hayan sido acreditadas, resulta innecesaria su invocación. En cambio, cuando la actividad probatoria concluyó y no se han comprobado las afirmaciones alegadas es que recién opera esta regla subsidiaria de la carga de la prueba, refiere el colegiado.