Acción Popular (AP) de Yonhy Lescano, Victoria Nacional (VN) de George Forsyth, Fuerza Popular (FP) de Keiko Fujimori, Juntos por el Perú (JP) de Verónica Mendoza y Perú Podemos (PP) de Daniel Urresti han coincidido en la necesidad de lograr la cobertura, al 100%, de los servicios de agua y desagüe.

Pero, mientras Lescano y Mendoza proponen un manejo sostenible de este recurso, Fujimori asegura que recurrirá a la inversión privada para la gestión de los servicios de agua y saneamiento y para desarrollar infraestructura de producción de agua potable. ¿Cómo? Mediante las modalidades de APP y Obras por Impuestos (OxI).

Frente a esas promesas y, considerando como señala Mariella Sánchez, directora ejecutiva del Fondo de Agua para Lima y Callao (Aquafondo), que “el agua es uno de los elementos inclusivos de mayor importancia y que no podremos reducir la pobreza ni ningún objetivo de desarrollo sostenible (ODS) si no nos ocupamos del agua como mayor prioridad”, ¿qué retos enfrentará, en ese sentido, quien llegue a Palacio en el mes de julio?

Para empezar, como ha señalado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Silvana Vargas, resulta prioritario recordar que “todos los sectores están involucrados y en sus pliegos deben desarrollar acciones que alienten al privado y a la cooperación internacional a sumarse a estos esfuerzos, porque no podemos reducir la responsabilidad [solo] al sector de agua y saneamiento”.

En ese sentido, durante el conversatorio “El agua, una tarea pendiente – Retos para el próximo gobierno” realizado por Aquafondo, la titular del Midis asegura que abrir espacios de diálogo y debate en el que participen distintas voces para definir diferentes matices para la gobernanza del agua, es uno de los grandes retos que tendrá quien asuma las riendas del país para los próximos cinco años.

CRECIMIENTO POBLACIONAL

Pero, considerando que lograr la cobertura al 100% del servicio es uno de los principales ofrecimientos de los candidatos, Mariella Sánchez advierte que en una ciudad como Lima, con un crecimiento poblacional exponencial, “difícilmente” se va a reducir al mínimo la brecha en el sector agua y saneamiento, como aseguran algunos candidatos.

“Un crecimiento poblacional exponencial significa permanentes retos para la instalación de servicios básicos. Los proyectos de inversión no se elaboran ni se ejecutan con la premura esperada y mucho menos se elaboran considerando nuestro crecimiento poblacional territorial desordenado, cuando incluso hay que considerar que hay poblaciones asentadas en terrenos privados, donde el Estado no podría intervenir con un proyecto público”, asegura.

Al respecto, Francisco Dumler, presidente de Sedapal, recuerda que para los próximos cinco años, considerando que solo en Lima habrá una población de 13 millones de habitantes, se espera lograr una meta de cobertura de 98% o 99%.

“Un reto para el próximo gobierno es acelerar la cobertura universal. Para el 2030 seremos 13 millones de limeños y, alcanzaremos un 98% de cobertura. Esta década debería ser el cierre de brechas en nuestra capital, anota.

¿PROMESAS POSIBLES?

Pero, más allá del cierre de la brecha, la directora ejecutiva de Aquafondo también advierte que se debe poner especial atención en la escaza inversión en fuentes de agua, “¿se han considerado al ofrecer agua para todos?, ¿qué pasará cuando haya redes por todo el país y fuentes secas, sin agua?”, se pregunta.

Sobre el particular, Federico Tenorio, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, refiere que aun cuando mejorar el acceso a agua potable deber ser considerado como un pilar fundamental, el cierre de la brecha que existe en los sectores rurales debe ser otro de los objetivos, sobre todo porque alrededor del 29% de la población rural no cuenta con agua potable y cerca del 75% no tiene acceso al servicio de alcantarillado.

“Debido a que habrá más periodos de sequías o intensas lluvias, se deben desarrollar acciones que nos permitan adaptarnos a los efectos del cambio climático, y por ello se debe asumir un compromiso más resiliente”, afirma.

Y, tomando en cuenta –como señala Hugo Contreras, director de Seguridad Hídrica de The Nature Conservancy– que hay una cantidad importante de recursos económicos que no se han ejercido, “un cambio de gobierno puede reasignar los fondos y como obligación moral se debe apoyar a las autoridades en estas decisiones”.