Las trabas y cuestionamientos para que el sector privado pueda adquirir vacunas contra el COVID-19 siguen complicando al gobierno. Y es que en los últimos días, se ha evidenciado la incomodidad del presidente Francisco Sagasti para que el empresariado pueda comprar las dosis.

RECLAMO. Uno de los grupos interesados en adquirir vacunas para su personal es la Asociación de Clínicas Privadas (ACP), pues ve con preocupación que de las 41,222 dosis que ha solicitado para sus asociados a nivel nacional, solo se vacunó a 6,849, es decir, solo el 17%.

Alejandro Langberg, presidente de la ACP, aclaró que por el momento no están enfocados en la comercialización del producto, sino en la vacunación de su personal.

“Se nota una lentitud manifiesta en las Diris y Diresas, sobre todo en la Diris Centro en Lima, y una discriminación manifiesta del subsector privado”, indicó el médico.

En diálogo con Correo, adelantó que si el gobierno no entrega las vacunas, buscarán la manera de obtenerla mediante la compra a un proveedor. “O de cualquier (privado) que nos permita importar”, precisó.

La próxima semana, el Consejo Directivo tendrá una reunión para evaluar esta posibilidad.

Sin embargo, las clínicas no son las únicas que evalúan la opción de vacunar a sus trabajadores por su cuenta.

Ayer, Luis Miguel Ciccia, director de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros, señaló que su sector importará 100,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik con el objetivo de inocular a sus trabajadores de manera gratuita.

Ante la posibilidad de inconvenientes con el ingreso de las dosis, envió un mensaje al presidente Sagasti: “¿Qué prefieres, que se descongelen, que se muera la gente?”.

Agregó que las negociaciones están “bien adelantadas” y que inicialmente llegarán 50,000 dosis una vez realizado el prepago.

Sobre el tema, el presidente Sagasti señaló que le pareció una noticia inesperada, debido a que el laboratorio Gamaleya no ha pedido el registro formal de su vacuna.

“Por eso hay que tener cuidado. Les pueden vender algo que no está registrado y terminas comprando algo que no se puede usar. Eso es algo que tiene que resolver el laboratorio”, resaltó.

Precisó que luego de hacerse un pedido formal de registro, además de toda la información necesaria que han entregado otros laboratorios a fin de hacer una evaluación de la efectividad de la vacuna, “recién se podrá importar”.

PREPARAN LEY

Entre tanto, César Combina vocero de Alianza Para el Progreso (APP), informó a este diario que hoy tendrá una reunión de trabajo con los voceros de diversas bancadas y la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, para crear una ley de colaboración entre el sector privado y el Estado.

“Hay respaldo para la iniciativa sobre la posibilidad de que las empresas puedan adquirir vacunas para sus trabajadores, sin embargo, esta propuesta, junto a otras iniciativas, la vamos a englobar en una ley de colaboración entre el Estado y el sector privado para luchar juntos contra el COVID-19”, sostuvo.Asimismo, afirmó que este proyecto podría ser aprobado la próxima semana

ANÁLISIS

La negativa a la posibilidad de que el sector privado adquiera vacunas fue explicada el presidente Sagasti el último domingo: “Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune y el que no tiene no se vacune. Eso es lo que no queremos”.

Al respecto, Correo conversó con constitucionalistas para conocer sus opiniones.

“Creo que es una frase muy grave, porque revela un perjuicio ideológico por parte de él. Lo que está diciendo es que prefiere que la gente se muera antes de recibir la colaboración del sector privado”, dijo Enrique Ghersi.

Para el abogado, lo señalado por el mandatario atenta -en su concepto- con los derechos fundamentales.

“Es el derecho a la vida, ante la igualdad. Resulta que para Sagasti no somos iguales, nos está condenando a morir a todos. Está discriminando a los peruanos”, agregó.

Postura similar tuvo el constitucionalista Natale Amprimo, quien calificó la declaración del mandatario como “penosa”, pues consideró que lo más importante es tener lo antes posible al mayor número de peruanos vacunados contra el virus.

“Esa frase del doctor Sagasti la verdad que tiene un sesgo ideológico lamentable”, aseguró.

Desde su punto de vista, el gobierno no quiere que los privados consigan las dosis a un precio menor que el Estado.

Consultado por si lo declarado por el presidente atenta contra el derecho a la salud, Amprimo respondió “por supuesto”.

“Sobre todo cuando tenemos un Estado incapaz de comprar mascarillas, de darnos oxígeno, de cosas elementales y viene una interpretación ideológica afectando la posibilidad de miles de peruanos que podrían vacunarse”, indicó.

Además, Amprimo cree que lo único que se logrará es que los ricos salgan del Perú y se vacunen en el exterior.

Entre tanto, el abogado Luciano López consideró que lo dicho por Sagasti está desconectado de lo que legalmente existe.

“Según la Ley No. 31091, en su reglamento, la importación de las vacunas y su comercialización por parte de privados, no está prohibida”, explicó.

Sin embargo, hasta ahora, en el Perú, nadie de parte del sector privado ha importado vacunas.

Ayer, finalmente, el presidente Sagasti recibió la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm.