Es imposible ordenar la conclusión anticipada del juicio cuando la autoridad administrativa que reconoce el beneficio por la jubilación se reserva el derecho de modificarlo.


Paul NeilHerrera Guerra

Periodista


Resulta imposible ordenar la conclusión anticipada de un proceso judicial de otorgamiento de pensión de jubilación cuando el ente administrativo, a pesar del reconocimiento de este beneficio, se reserva el derecho de modificarlo, pues debe otorgarse al pensionista la seguridad de que su pedido no esté sujeto a modificaciones administrativas.

Esto acorde con el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referido a que el objetivo del proceso es resolver el conflicto jurídico, y con el principio de cosa juzgada, recogido en el artículo 123 de este cuerpo legislativo, que impide modificar las sentencias que tengan esa calidad.

Este es el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia recaída en la Casación N° 13560-2018 Sullana, emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, que declara fundado este recurso interpuesto dentro de un proceso judicial de otorgamiento de pensión de jubilación y fija una pauta para su tramitación.

Fundamento

En el caso materia de esta casación, un extrabajador, mediante un procedimiento administrativo, solicitó pensión de jubilación definitiva, producto de lo cual la autoridad competente dictó una resolución que resolvió otorgarle pensión de jubilación definitiva-reducida, pero actualizada en una suma mayor.

Sin embargo, el extrabajador interpuso recurso de apelación en contra de esta resolución, luego de lo cual la autoridad dictó otra resolución administrativa que declaró fundada en parte su apelación solo de años de aportes e infundado en cuanto al incremento de aportes, de semanas faltantes de determinados años.

Ante ello, el extrabajador cursó carta notarial a la autoridad administrativa, en la cual le reiteró su pedido de reconocimiento de años de aportes correspondientes a esas semanas. Recibió como respuesta, mediante una notificación, que su caso ya había sido resuelto y que daba por agotada la vía administrativa.

Por consiguiente, el extrabajador interpuso una demanda para que se declare la nulidad de la última resolución y se dicte otra nueva que le reconozca la totalidad de sus aportes pensionarios, específicamente de las semanas faltantes con el respectivo pago de intereses legales.

En la primera instancia judicial, el juzgado de trabajo competente declaró infundada la demanda, toda vez que el extrabajador demandante había presentado dos certificados de trabajo, por los períodos correspondientes a las semanas faltantes, así como la constancia de entrega de los libros de planillas por parte del exempleador, y su declaración jurada propia como extrabajador, pero sin presentar algún medio probatorio que acredite el poder del representante que expidió esos certificados.

Además, el juez advirtió que la constancia de entrega de planillas no acreditaba que el extrabajador demandante se encuentre inscrito en ellas.

En cuanto a la propia declaración jurada del extrabajador, el juez determinó que este no es un documento idóneo para acreditar años de aportaciones.

La respectiva sala laboral, en segunda instancia judicial, revocó esa sentencia y declaró improcedente la demanda.

A criterio de este colegiado, de uno de los certificados de trabajo con fecha legalizada por notario no era posible determinar la identidad del firmante. En cuanto al otro certificado, advirtió que no se adjuntaba documento alguno que señalase que el otorgante tenía facultades para emitirlo.

Además, advirtió que en el expediente administrativo digitalizado obraba una declaración jurada de parte que no era idóneo para acreditar mayores aportaciones.

Por último, al evaluar una carta en la cual el exempleador le comunicaba al ex trabajador que no era posible darle certificado de trabajo, la sala laboral determinó que esta no se relacionaba con el vínculo laboral que el demandante afirmaba haber tenido.

Así, concluyó que estos documentos no cumplían con los parámetros fijados por el Tribunal Constitucional para acreditar las aportaciones no reconocidas por la autoridad administrativa.

Al tomar conocimiento de este caso, el supremo tribunal recibe la comunicación de la autoridad administrativa que le informa que al extrabajador se le acaba de reconocer 10 años y 5 meses de aportaciones pensionarias otorgándole en función a este período la pensión de jubilación reducida; por lo que solicita la sustracción de la materia.

Para la sala suprema, esta comunicación plasmada en una resolución es un reconocimiento expreso del ente administrativo del derecho del administrado, por lo que declara fundada la casación.

En tanto que sería irrazonable negar la fundabilidad de la demanda cuando la propia autoridad administrativa acepta los años de aportaciones del extrabajador y le otorga pensión de jubilación reducida, precisa.

En ese contexto, el supremo tribunal emite pronunciamiento sobre el fondo del asunto y ordena el otorgamiento de la pensión de jubilación reducida al extrabajador en función a los 10 años y 5 meses de aportaciones reconocidas por la autoridad administrativa. Así, pone fin a la controversia, otorgando la seguridad correspondiente al demandante que no puede verse supeditado a decisiones administrativas posteriores que controviertan lo resuelto por la Corte Suprema.

Períodos de aportación

La sala suprema toma en cuenta que el artículo 70 del Decreto Ley N° 19990 establece que para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, o hayan prestado, servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refieren los artículos 7 al 13 de esta norma, aun cuando el empleador, o la empresa de propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las aportaciones.