Cuando el trabajador no pudiera probar el monto preciso de la indemnización del daño por despido arbitrario, el juez efectuará una valoración equitativa del resarcimiento si el cálculo de la reparación del lucro cesante se lleva a cabo tomando como referencia la última remuneración básica.

Este constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia recaída en la Casación Laboral N° 11185– 2017 Tacna emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema con la cual se declara infundado ese recurso.

Antecedentes

En el caso materia de la casación, una trabajadora demanda el pago de 60,325 soles por indemnización de daños y perjuicios por despido arbitrario, que comprenden el lucro cesante por 50,325 soles y daño moral por 10,000 soles, además del pago de los intereses legales, y las costas y costos del proceso.

Alega que al haber sido despedida sin causa justa por el empleador demandado, se configuró un hecho premeditado de causar daño a su persona, consistente en privarle de su derecho al trabajo. Aduce que se le produjo daños por lucro cesante al no permitírsele percibir su sueldo, gratificaciones, vacaciones, tratamiento médico y demás beneficios laborales en el período que estuvo sin trabajar.

En primera instancia, el juzgado de trabajo correspondiente declaró fundada en parte la demanda. Dispuso el pago por daño patrimonial del lucro cesante de 53,206.80 soles, tomando como referencia la remuneración básica, y el pago de 1,000 soles por daño moral. A su vez, ordenó el pago de los intereses legales y el pago de los costos del proceso.

El juzgado verificó la obligación de resarcir el daño causado a la trabajadora por habérsele despedido y luego repuesto por mandato judicial, determinando el quantum indemnizatorio en función a la ganancia dejada de percibir, lo que no incluye el gasto efectuado para la obtención de este beneficio.

De ahí que toma como referencia la remuneración básica de 3,951 soles mensuales, estableciendo el daño moral en aplicación del artículo 1332 del Código Civil ante la falta de acreditación de lo peticionado.

En segunda instancia, la sala laboral pertinente, por similares fundamentos, confirmó el fallo. Agregó que el cese de la trabajadora y la estimación de su demanda de reposición mediante sentencia que fue confirmada demostró la interrupción del vínculo laboral y el hecho antijurídico.

Por consiguiente, determinó que tal cese supuso un costo patrimonial por la pérdida de remuneraciones que resultaba indemnizable.

Fundamento

A criterio del supremo tribunal, la indemnización por daños y perjuicios constituye el conjunto de consecuencias jurídicas patrimoniales a los que están sometidos los sujetos por el hecho de haber asumido una situación jurídica de desventaja. En tanto que el daño indemnizable es toda lesión a un interés jurídicamente protegido, se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial, precisa.

En el caso del daño patrimonial, añade, este es todo menoscabo en los derechos patrimoniales de la persona. Mientras que el daño extrapatrimonial está referido a las lesiones a los derechos no patrimoniales como los sentimientos, considerados socialmente dignos o legítimos, y por ende merecedores de tutela legal cuya lesión origina un supuesto daño moral, explica la sala suprema.

En ese contexto, considera aplicable en cuanto a su resarcimiento el artículo 1332 del Código Civil, en virtud del cual si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto, el juez deberá fijarlo con valoración equitativa.

No obstante, advierte que tal valoración equitativa no constituye una decisión arbitraria e inmotivada, sino que debe seguir parámetros que permitan arribar a una decisión orientada a restablecer en lo posible la situación a los límites anteriores al daño producido.

Además, tratándose de inejecución de obligaciones contractuales (contrato de trabajo), el efecto resarcitorio de la indemnización solicitada no solo debe estar en función del daño moral, entendido como un daño psíquico que no es de naturaleza patológica y que solo afecta el sentimiento y la esfera afectiva de la persona, sino también en función de recoger en su estructura al lucro cesante, para considerarlos en el quantum de la indemnización por daños y perjuicios que reclama la trabajadora demandante, detalla.

A la par, determina que mediante el lucro cesante se indemniza todo lo que se haya dejado de ganar o percibir a causa del daño, correspondiendo a quien lo invoca demostrar qué es aquello que ha dejado de percibir, de modo fehaciente.

Advierte que la valoración equitativa prevista en el artículo 1332 del Código Civil se hace necesaria si el daño resulta de difícil comprobación.

Ante ello, concluye que en el caso puesto a su conocimiento la valoración del lucro cesante fue efectuada bajo parámetros objetivos, esto es, tomando como referencia solo la última remuneración básica (sin considerar otros rubros), por lo que no se evidencia vulneración del artículo 1332 del Código Civil.

Por ello, no se incurre en infracción de este artículo si el resarcimiento del lucro cesante se efectúa equitativamente bajo parámetros objetivos, esto es, tomando como referencia la última remuneración básica de la trabajadora, en aquel caso en que el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso por esta, sentencia la sala suprema.

Normativa

Según el artículo 1321 del Código Civil queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución, precisa. Además, añade, si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.