El principio de razonabilidad se constituye en un medio imprescindible de interpretación y aplicación normativa para los actos de la administración, no con el propósito de invalidar las normas que regulan el accionar de sus distintos órganos, sino más bien a efectos de dar a estas el sentido y los alcances que el imperativo de justicia material y razonabilidad requieren.

Esto último en armonía con el propósito de cada una de las normas que han de ser aplicadas en el caso concreto. Así, la decisión constituye el principal lineamiento jurisprudencial que se desprende de la sentencia en Casación N° 24504-2018 Lima, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante la cual al declararse infundado este recurso interpuesto en el marco de un proceso contencioso administrativo, se definen los alcances del principio de razonabilidad.

Fundamento

En el caso materia de la casación, el demandante en un proceso contencioso administrativo solicita la nulidad de una resolución emitida en segunda instancia administrativa por la cual se le impone una sanción. Además, pide en caso se declare fundada su pretensión la emisión de una nueva resolución en segunda instancia administrativa que declare fundado el recurso de apelación que presentó en la vía administrativa y se revoque la resolución administrativa de primera instancia por la que se determinó que incurrió en una infracción, de tal forma que no proceda sanción alguna.

Sustenta su demanda en la vulneración, entre otros principios, del principio de razonabilidad, toda vez que considera que en su caso se incurrió en un exceso de punición al haberse aplicado sanciones diferenciadas aun cuando se trata de hechos similares.

En primera instancia judicial, el juzgado contencioso administrativo correspondiente declaró infundada la demanda, decisión que fue confirmada por la respectiva sala superior contenciosa administrativa, razón por la cual el demandante interpone recurso de casación.

La sala suprema advierte que el artículo IV, numeral 1.4) del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que por el principio de razonabilidad las decisiones de la autoridad administrativa, cuando, entre otras, impongan sanciones, como en el caso materia de la casación, deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

A su vez, considera que este principio es reconocido por la doctrina especializada como una consecuencia de la necesidad de que las decisiones de la administración no respondan únicamente a un período mecánico e irrazonado de la norma formal, sino más bien a la justicia y adecuación de lo resuelto.

En esta medida, determina que el principio de razonabilidad se identifica como una manifestación de los ideales de justicia y razonabilidad que deben encaminar la actuación de la administración.

En ese sentido, acoge la postura jurídica del jurista argentino Juan Carlos Cassagne, quien considera que la razonabilidad, en cuanto exige que los actos estatales posean un contenido justo, razonable y valioso, completa e integra la legitimidad, dejando la ley formal de ser así el único fundamento de validez de los actos estatales.

Esto teniendo que en cuenta que el mismo jurista señala que todos los actos que produce la administración pública han de contar con un fundamento de legalidad y, a la vez, de razonabilidad o justicia, fundamento este último que rige para la actividad reglada como para la discrecional.

Así, de los argumentos señalados por el demandante, tanto en el proceso jurisdiccional como en el procedimiento administrativo, el supremo tribunal observa básicamente que este no se encuentra conforme con una multa impuesta de 0.5 UIT, pues –según refiere– no se ha tomado en cuenta adecuadamente los principios de tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad.

No obstante, para la sala suprema resulta evidente que el demandante no acredita que esté exento de la infracción cometida, más aún, si convalida su responsabilidad al señalar que debió en todo caso ser sancionado con la amonestación, acción que se encuentra acorde con el recurso de apelación en sede administrativa al solo impugnar los extremos que impusieron la multa, mas no sobre la sanción de amonestación, extremo que quedó firme, teniendo en cuenta que a su criterio son similares.

Normativa

Conforme al artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los principios de legalidad, debido procedimiento, impulso de oficio, razonabilidad, imparcialidad, informalismo, presunción de veracidad, buena fe procedimental, celeridad, eficacia, verdad material, participación, simplicidad, uniformidad, predictibilidad o de confianza legítima, privilegio de controles posteriores, ejercicio legítimo del poder, responsabilidad y acceso permanente. Esto, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo.