La implementación de manuales estandarizados de cooperación internacional para formular pedidos de asistencia judicial a países extranjeros que cuenten con proveedores de servicios que se encargan de diversas plataformas, como Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, es necesaria en la lucha contra los delitos informáticos, recomienda el Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú.


Percy Buendia Quijandría

Periodista


El estudio efectuado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) considera importante también elaborar un informe técnico por cada institución competente que permita evidenciar las fortalezas y debilidades para la creación de Fiscalías Especializadas y Juzgados Especializados en delitos informáticos, que considere la experiencia internacional y la realidad peruana.

Asimismo, recomienda incrementar el equipo de la Unidad de Cooperación Judicial y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, que tramita los requerimientos de asistencia judicial internacional activos en el contexto de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal.

Sentencias

“Si bien existen personas condenadas por delitos informáticos en nuestro país, los casos no alcanzan siquiera a corresponderse con la cantidad de denuncias que se hacen ante las autoridades competentes”, precisa el documento.

El informe efectuado por encargo del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) detalla que durante los últimos cinco años, de acuerdo con el Poder Judicial (PJ), se condenó por delitos informáticos a 397 personas en el Perú.

“Esta cifra nos alerta sobre la débil cooperación y articulación entre las instituciones públicas y privadas, durante todos los momentos de lucha contra la cibercriminalidad, desde la prevención y la sanción a sus perpetradores, tanto como las acciones preventivas y de estímulos a la confianza, con el propósito de mejorar las cifras de denuncias ante estos hechos”, detalla.

El Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú señala que, de acuerdo con la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú (PNP), en cinco años se atendieron 10,110 denuncias, lo que significa “un notorio ascenso que alcanza a triplicarse de forma sostenida en el tiempo”.

Brechas

“De forma adicional, cabe encender las alertas por uno de los aspectos más destacados cuando se aborda la temática de los ciberdelitos y de su impacto: las brechas de cobertura y las asimetrías que ocasionan desigualdad en el uso de las TIC [Tecnologías de la Información y la Comunicación]”, advierte el informe del sector Justicia.

Alrededor de estas, refiere, existen dos grandes niveles de afectación: el primero, el de los ciudadanos usuarios y, el segundo, el de las empresas que organizan sus procesos mediante estas tecnologías, las cuales a su vez pueden encontrar más dificultades debido a la reorientación de los gastos por la crisis.

“En cuanto a las poblaciones que puedan resultar más vulnerables, aunque las detenciones e imputaciones por ciberdelitos que afectan a menores de edad no superan el 7.1% del total de casos a escala mundial (Montiel Juan, 2016), todavía sigue preocupando que buena parte de los esfuerzos institucionales de los estados no se hayan dirigido a hacer más presencia preventiva y de sensibilización en espacios característicos, como los dedicados al entretenimiento por plataformas de videos y de videojuegos”.

Laboratorio forense

El Diagnóstico situacional multisectorial sobre la ciberdelincuencia en el Perú propone dotar de presupuesto suficiente a fin de potenciar un laboratorio forense con personal especializado en la materia (peritos) y con los equipos tecnológicos necesarios para que puedan ampliar su campo de acción hacia las fiscalías provinciales a escala nacional.

A la par, señala, se debe evaluar la necesidad de ampliar las dependencias de la Divindat en otras regiones del Perú (fuera de Lima y Arequipa), a fin de ejecutar el análisis informático forense de equipos de cómputo, telefonía móvil y otros instrumentos electrónicos con capacidad de almacenamiento de información, inmersos en la comisión de delitos informáticos y conexos en estas jurisdicciones.

Elaborar el Plan Anual Interinstitucional 2021-2022 para ejecutar las recomendaciones en orden de prioridad y que permita progresivamente la formulación y puesta en marcha de las políticas públicas contra la ciberdelincuencia es otra de las propuestas del documento del Minjusdh.