Máximo colegiado ratifica criterios sobre la prórroga automática y la protección resarcitoria en la contratación administrativa de servicios.

El hecho de que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último contrato administrativo de servicios (CAS) constituye una falta administrativa que debe ser objeto de un procedimiento disciplinario.

Esto con la finalidad de que se determinen las responsabilidades previstas en el artículo 7 del D. Leg. 1057 porque ese hecho contraviene el procedimiento de contratación previsto en el artículo 3 del D. S. N° 075-2008-PCM.

Así lo destaca el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el Expediente N° 03133-2017-PA/TC Lima, por la cual el máximo intérprete de la Constitución resuelve una demanda de amparo interpuesta por un sindicato de trabajadores.

Contratación

Según el artículo 3 del D. S. N° 075-2008-PCM, para suscribir un CAS las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye cuatro etapas: preparatoria, convocatoria, selección y suscripción y registro del contrato.

En tanto que en el artículo 7 del D. Leg. N° 1057 se establece que los funcionarios o servidores públicos que efectúen contratación de personas que presten servicios no autónomos fuera de las reglas del régimen CAS incurren en falta administrativa y, en consecuencia, son responsables civiles por los daños y perjuicios que le originen al Estado.

Por consiguiente, los funcionarios o servidores públicos que permitan que un trabajador continúe laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último CAS estarían cometiendo una falta administrativa al no aplicar a ese personal el procedimiento correspondiente para su contratación bajo el régimen CAS.

El TC, además, considera que el CAS se prorroga en forma automática si el trabajador sigue laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su último CAS.

Sin embargo, advierte que este hecho no genera que el CAS se convierta en un contrato indeterminado, debido a que el artículo 5 del D. S. Nº 075-2008-PCM prescribe que la “duración del contrato no puede ser mayor al período que corresponde al año fiscal respectivo dentro del cual se efectúa la contratación”.

Este parecer se encuentra reconocido en el numeral 5.2 del artículo 5 del D. S. Nº 075-2008-PCM, incorporado por el D. S. Nº 065-2011-PCM, precisa el TC.

En el caso materia de la demanda de amparo se analizó el cese de un grupo de trabajadores miembros del sindicato recurrente cuyos CAS fueron prorrogados de manera automática.

Ante lo cual, estos trabajadores solicitaban su reposición o readmisión en el empleo al haberse vulnerado su derecho al trabajo, libertad sindical, fuero sindical, debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva.

El TC determina que existió una prórroga irregular realizada por los funcionarios de la entidad demandada respecto a 35 trabajadores que tenían CAS hasta el 31 de diciembre del 2011 y que dado que este personal continuó laborando tras el vencimiento de sus contratos, los CAS de estos servidores se prorrogaron de forma automática, sin que ello signifique contratos de duración indeterminada.

A tono con ello, el colegiado determina que cuando se termina la relación laboral sujeta al régimen CAS sin que se presente alguna de las causas de extinción de este tipo de contratos se genera el derecho a percibir la indemnización prevista en el numeral 13.3 del artículo 13 del D. S. N° 075-2008-PCM (régimen procesal de eficacia restitutiva) y no la reposición o readmisión en el empleo (régimen procesal de eficacia restitutoria) en la medida en que el régimen CAS es especial y transitorio.

En ese contexto, el TC refiere que la indemnización como régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen CAS guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución.

Por todo esto, el TC dispone que no corresponde la reposición de los trabajadores cuyos CAS se prorrogaron automáticamente y que luego fueron cesados sin causas de extinción de este tipo de contratos, sino únicamente reconocer a este personal el derecho a una indemnización.

El colegiado toma en cuenta también en su pronunciamiento que los sindicatos son formaciones con relevancia social que integran la sociedad democrática que hacen necesaria su protección. Sin esta protección no es posible el ejercicio de una serie de derechos y libertades (reunión sindical, protección de los representantes sindicales etcétera), precisa.

Trascendencia

A criterio del laboralista Jorge Luis Acevedo Mercado, resulta importante que mediante esta sentencia el TC ratifique dos criterios que siempre se han debatido en la comunidad jurídica respecto a la contratación de los trabajadores públicos bajo el régimen CAS. En primer lugar, que cuando un trabajador bajo este régimen continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo de su contrato sin la suscripción de uno nuevo, no se produce la desnaturalización del CAS ni este se convierte en un contrato de trabajo a plazo indefinido, sino que se produce la prórroga automática del CAS, indicó. Y, en segundo lugar, que el trabajador contratado bajo este régimen tiene únicamente una protección resarcitoria y no restitutoria frente al cuestionamiento y su desacuerdo respecto al término del CAS, añadió. Ante este fallo del TC, Acevedo, además, recomienda a las entidades públicas que contratan a su personal bajo este régimen tratar de controlar los vencimientos de los CAS. Deben saber cuándo un CAS vence y si se renovará para no incurrir en las irregularidades de tener a personas trabajando sin CAS, porque esto genera una cultura del litigio que se puede evitar, tomando en cuenta que no se puede estar con este régimen excepcional por mucho tiempo, explicó.