El derecho a probar, que forma parte del derecho constitucional al debido proceso, se materializa con los medios probatorios que tienen como objetivos principales corroborar lo expuesto por las partes del proceso según la carga de la prueba que corresponda, producir convicción al juez sobre la controversia y ser el sustento de las decisiones que adopta el juzgador.

También implica la prerrogativa de presentar pruebas y que estas sean admitidas, actuadas y valoradas apropiadamente al sentenciar.

Esto teniendo en cuenta que recurrir a los sucedáneos de prueba (auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de estos) constituye una facultad y que no resulta exigible acudir a ellos cuando se llega a la convicción de los hechos materia de controversia con los medios probatorios existentes en el proceso.

Así lo determinó la Corte Suprema mediante la sentencia recaída en la Casación N° 9328-2018-Ucayali emitida por la Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social Permanente, que declara infundado este recurso y se delimita el contenido del derecho a probar.

Fundamento

El colegiado atiende los artículos 188, 196, 197 y 275 del Código Procesal Civil, así como el fundamento décimo quinto de la STC N° 6712-2005-HC/TC, emitida por el Tribunal Constitucional (TC).

A la par, acoge la postura jurídica del procesalista Reynaldo Bustamante Alarcón, para quien el derecho a probar no tiene un carácter ilimitado o absoluto y cuyo contenido esencial –aquel que constituye un núcleo básico irreductible, sin el cual el derecho se desnaturaliza o pierde sentido– se encuentra delimitado por una serie de principios que inspiran el debido proceso y por otros preceptos constitucionales con los que guardan relaciones de coordinación en el ordenamiento jurídico.

Así, el tribunal considera que el derecho a probar tiene como contenido esencial el derecho a que se admitan, actúen y valoren debidamente los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales legitimados para ello, conforme a los principios que lo inspiran y lo delimitan.

Previamente, la Corte Suprema, en la Casación N° 612-2015-Lima, dejó en claro que “el legislador ha optado por imponer al juez, en los términos que señalan los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, la obligación de valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que las pruebas en el proceso, sea cual fuere su naturaleza, están mezcladas formando una secuencia integral; por lo que es responsabilidad del juzgador reconstruir, tomando como base en los medios probatorios, los hechos que den origen al conflicto”.

“Por lo tanto, ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez que solo teniendo una visión integral de los medios probatorios se pueden sacar conclusiones en busca de la verdad, que es el fin del proceso”, añade la corte.

Sobre la finalidad de los sucedáneos, el tribunal acoge la postura de la presidenta del TC, Marianella Ledesma Narváez, asumida en su libro Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Así, indica que son mecanismos auxiliares para lograr la finalidad de los medios probatorios. Operan cuando el conocimiento de los hechos que interesan al proceso no puede alcanzarse mediante un medio de prueba directa que los constate por sí mismo (como sería en caso de la pericia), sino indirectamente mediante la prueba de ciertos y determinados hechos que no están constituidos por la representación de estos y a partir de los cuales se les induce mediante un argumento probatorio, explica la sala.

Aquí, precisa que el objeto de la prueba no es conocido de manera directa por la percepción del juez o de un tercero, sino vía su deducción, a partir de un hecho previamente probado. “Ese hecho que sirve para la comprobación de aquel es el indicio, a partir del cual puede inferirse la presunción”, anota.

Sucedáneos

Los sucedáneos de los medios probatorios no han sido ajenos al tratamiento por parte de la Corte Suprema. En la Casación N° 2990-2003-Lima, la máxima instancia judicial ha expuesto que los sucedáneos de los medios de prueba son auxilios establecidos legalmente o, también, asumidos por el juzgador, dirigidos a lograr la finalidad de los medios probatorios (acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones), de alguna de las siguientes formas: a) corroborando (confirmando) el valor de los medios de prueba; b) complementando (perfeccionando) el valor o alcance de los medios de prueba; y c) sustituyendo (desvirtuando) el valor o alcance de los medios de prueba. Así, el supremo tribunal determina que recurrir a los sucedáneos de prueba constituye una facultad del juzgador, con la finalidad de corroborar o complementar el valor de los medios probatorios, no pudiendo ser exigible acudir a ellos cuando se llega a la convicción sobre un hecho con los medios que se tiene en el proceso.