Durante los procesos de desprotección familiar de los niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, los jueces deberán actuar y decidir con la mayor diligencia y celeridad en el contexto del deber especial de protección establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Además, estos casos se desarrollarán con el mínimo formalismo y los magistrados solo podrán exigir actos formales que garanticen un proceso ágil y efectivo que proteja los derechos de los menores en la situación antes señalada.

Así lo establece la Directiva N° 017-2020-CE-PJ, denominada ‘Procesos simplificados de desprotección familiar de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos’, que fija diversas acciones para agilizar los casos y que se aplicarán en todas las cortes superiores del territorio patrio.

De acuerdo con el documento, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los jueces podrán obviar algunos actos procesales o disponer la subsanación, convalidación, integración de estos, e incluso incorporar otros actos no previstos en el Decreto Legislativo N° 1297, ‘Decreto para la protección de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgos de perderlos’, siempre y cuando cumplan con la finalidad del proceso y no se vulneren las garantías básicas del debido proceso.

A la par, no será admisible la nulidad procesal, “salvo que exista vicios procesales transcendentales que afecten los derechos constitucionales y convencionales de las niñas, niños y adolescentes; debiendo el juez aplicar los principios de trascendencia, convalidación, subsanación e integración para preservar la validez de los actos procesales”, detalla la norma.

La directiva precisa que los magistrados dispondrán medidas de protección a favor de los menores de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares, y las revisarán de manera periódica con el fin de establecer si son necesarias e idóneas.

Esta revisión se ejecutará con todas las garantías procesales y será adoptada por la autoridad competente. Los magistrados podrán modificar o determinar el cese de la medida de protección.

Los jueces ordenarán, de manera excepcional, la medida de separación del niño o adolescente de sus padres o familia de origen, “siempre y cuando se acredite y justifique que todos los medios posibles para mantenerlo no han surtido efectos o han sido descartados”.

Seleccionarán la medida de protección más adecuada y que mejor satisfaga los derechos y necesidades de cada menor, la que deberá estar debidamente motivada.

Audiencias

Por otro lado, durante las audiencias virtuales de declaración judicial de desprotección familiar del niño y adolescente se presentarán los alegatos del defensor público del menor cuando durante el procedimiento de desprotección se afecte el interés superior del niño. En el caso excepcional de adopción del niño o adolescente, el juez de Familia o Mixto recibirá en la audiencia la manifestación de la familia acogedora, precisa la directiva judicial.

A la par, la norma establece que la ausencia o inasistencia de alguna de las partes no suspenderá la audiencia virtual.

Terminada la audiencia virtual de declaración judicial de desprotección familiar del niño y adolescente en situación de imposibilidad de retorno a su familia o contrario a su interés superior, el magistrado solicitará a las partes del proceso retirarse de la plataforma virtual o medio análogo para empezar la audiencia especial virtual, la que tendrá carácter de reservado.

En el caso excepcional de adopción por parte de la familia acogedora, el juez de Familia o Mixto deberá recoger la opinión del niño o adolescente, de acuerdo con su edad y grado de madurez.

Decisiones

El magistrado podrá declarar la desprotección familiar del menor, la pérdida de la patria potestad o la extinción de la tutela y aprobación o modificación de la medida de protección recomendada, la que debe cumplir con los requisitos de racionalidad y proporcionalidad en el marco del interés superior del niño. Podrá acoger incluso medidas no previstas en la ley.

De ser el caso, el juez declarará la adoptabilidad del niño o adolescente por la familia acogedora y remitirá la copia autenticada del expediente a la Dirección General de Adopciones o a las unidades de adopción regionales, según corresponda. Si la decisión es contraria, el magistrado adecuará el Plan de Trabajo Individual, cuyo seguimiento estará a cargo del equipo interdisciplinario de la autoridad competente.

Garantías

En los procesos, los jueces garantizarán el cumplimiento del derecho del niño y adolescente a la identidad, para lo cual se adoptarán las acciones necesarias con el fin de que cuenten con documentos de identidad.

Deberá ser escuchado y que esa opinión sea tomada en cuenta en las decisiones que se adopten, así como participar en el proceso de desprotección familiar.

Para este fin, recibirá la información y asesoramiento necesario que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus características.

Si se trata de un niño o adolescente con discapacidad tendrá derecho a medidas de accesibilidad y ajustes razonables en el proceso.

El menor deberá acceder a la información de las medidas de protección dispuestas sobre la situación de los miembros de su familia, así como del estado del procedimiento.

Tendrá derecho a la reserva de las actuaciones, la protección de su identidad y confidencialidad del procedimiento, detalla la directiva.