Poder Judicial decidió suspender al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry por el plazo de 18 meses de su cargo como fiscal supremo en el marco de las investigaciones por presuntamente haber cometido el delito de encubrimiento en contra el Estado al haber deslacrado oficinas durante una investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso la suspensión del cargo de fiscal supremo por 18 meses al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien se encuentra investigado por encubrimiento real en agravio del Estado al haber deslacrado oficinas con posibles pruebas documentarias durante una investigación contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular.

La solicitud del Ministerio Público imputó cargos contra Chávarry por haber solicitado información al Equipo Especial Lava Jato, así como la decisión cuestionable de remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez el último día de diciembre de 2018. Es así, que la suspensión interpuesta por el magistrado supremo Hugo Núñez se suma a la suspensión de 6 meses que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) también acordó otorgarle semanas atrás. Cabe resaltar que el exfiscal de la Nación también viene fue cuestionado por su supuesta vinculación con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

 

 

Como sabemos, el mismo juez que hoy suspende a Chávarry, había decidido, anteriormente, archivar el caso por un pedido de excepción por improcedencia de acción, ya que argumentaba que los hechos imputados no constituirían el delito que se le pretende investigar. Sin embargo, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia rectificó esta decisión y ordenó la reapertura del caso para ser evaluado, nuevamente, por el juez Núñez y decidir si procedería la suspensión de 18 meses o no.

 

Reaperturado el caso, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria encontró la solicitud de la fiscalía como idónea, proporcional y necesaria. Esto debido a que el juez Hugo Núñez consideró que la suspensión de Chávarry busca evitar futuras conductas delictivas que obtaculicen el proceso investigatorio contra Odebrecht y sus lazos con el fujimorismo.

 

“Es una medida idónea para cumplir la finalidad de evitar el peligro procesal en las modalidades de cometer delitos de la misma clase de aquél por el que se procede y obstaculización de la actividad probatoria, ya que a través de ella se impedirá que el recurrente pueda aproximarse o implementar mecanismos para dificultar la acción de la justicia”, afirmó el juez Núñez durante la lectura de su decisión.

 

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