Entrevista al Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia evalúa el desempeño del Parlamento, con respecto a las reformas políticas pendientes.

El presidente de Transparencia, Allan Wagner, considera que es viable un referéndum para eliminar la inmunidad parlamentaria, tal como lo propuso el presidente Martín Vizcarra. Asimismo, respalda que se apruebe la reforma constitucional para prohibir la postulación de personas sentenciadas en primera instancia.

¿Qué lectura merece el anuncio del presidente Vizcarra sobre un referéndum para eliminar la inmunidad? ¿No había otra salida?

Lo que quedaba era que la iniciativa quedara en manos del presidente de la República, que es la modalidad prevista en la Constitución (con el referéndum). En razón a lo que es su fiel compromiso de buscar una reforma integral del sistema político y también judicial, es pertinente lo que él hizo.

¿Será factible?, tomando en cuenta lo impredecible que es el comportamiento de esta pandemia.

Ese es el problema, y es el paradero en que el Congreso puso a la ciudadanía al no haber cumplido con su cometido. Pensar en un referéndum en estas circunstancias es complicado, la otra posibilidad es que sea conjuntamente con las elecciones. Yo creo que no debemos dejar pasar esta oportunidad de que permita al Congreso, como institución, recuperar su credibilidad y, por otro lado, de decentar la política, eso contribuirá a mejorar nuestra democracia.

¿El anuncio no debió ser también para la reforma que impide postular a sentenciados en primera instancia?

Ahora sí es tarde, pero si se aprueba en el Congreso con 87 votos, las dos enmiendas constitucionales (eliminar inmunidad y filtro electoral para condenados), se podría aprobar luego en la próxima legislatura y ya no sería necesario el referéndum.

¿Qué le parece la reacción del Congreso? Justo minutos antes del mensaje del presidente, Manuel Merino convoca a una sesión ordinaria.

Bueno, está hecho. No quisiera echar más leña al fuego.

Pero todo esto se pudiera evitar si no fuera por lo que hicieron los congresistas el último viernes en el pleno, al no aprobar estas reformas correctamente.

Como lo he manifestado, el Congreso decepcionó a la ciudadanía que estaba a la expectativa de estas reformas para que pudieran aprobarse, de manera que pudieran pasar a segunda legislatura para su aprobación final.

En ese caso, el proyecto para impedir postulación de sentenciados en primera instancia es más urgente.

Ambas son centrales para un conjunto de reformas políticas que se plantearon. Para Transparencia las dos son importantes. Por un lado, en el caso de la inmunidad, hemos tenido experiencias de cómo esta fue utilizada para evadir la justicia y lo mismo en el caso de aquellos candidatos que postulan para que, obteniendo un escaño, puedan evadir la justicia. En ese caso, es importante que exista impedimento para que no puedan postular por delitos graves.

Quienes se oponen a esto señalan que impedir la postulación de condenados en primera instancia atenta contra la presunción de inocencia de quien desea participar en política.

Si luego son declarados inocentes, podrán postular a un cargo electivo. No se trata de cortarles su carrera política, sino de impedir que lleguen al Congreso personas con antecedentes.

Hubo cuestionamientos al dictamen aprobado el último viernes en el Congreso sobre eliminar la inmunidad parlamentaria, pero conservarla para el voto, la opinión y la función. ¿Coincide con esa línea?

La fórmula que fue sometida a votación (en la sesión del viernes 3) no nos satisface. Lo importante es que el levantamiento de la inmunidad esté en manos de una entidad fuera del Congreso, como la Corte Suprema o la Junta Nacional de Justicia.

Pero, personalmente, ¿piensa que la inmunidad no debe ser eliminada por completo, o debe conservarse y su levantamiento estar en manos de otra institución que no sea el Parlamento, como lo planteó la Comisión de Reforma Política el año pasado?

Personalmente, pienso que debe mantenerse y se debe regular. Hay otras personas que piensan que se puede prescindir de esta. En mi opinión, pienso que debería regularse de tal manera que rija para que se presente en ejercicios de las funciones y, en segundo lugar, que el levantamiento de la inmunidad no dependa del propio Congreso, porque ya vimos cómo se blinda. Ahí hay un terreno de flexibilidad entre la opción máxima que es la eliminación y luego una forma de regularla, que permita una cierta cautela, pero que no abra la puerta para lo que ha venido sucediendo: el blindaje para quienes cometen actos corruptos.

Respecto a la eliminación del voto preferencial, ¿el Congreso debió incluirlo en este paquete de prioridad antes que culmine la primera legislatura? ¿O aún hay tiempo? Se lo pregunto porque el presidente de la República debe convocar a elecciones en la quincena de este mes.

No es una reforma constitucional, solo se requiere una ley, de manera que se puede considerar en la próxima legislatura. Consideramos que es una reforma fundamental que debe ser aprobada. Eso se creó años atrás en su momento, luego hemos visto que se vino permitiendo esa institución y finalmente terminó perjudicando la institucionalidad de los partidos políticos. En ese sentido, creemos que es indispensable eliminarlo y, naturalmente, la reforma debe ir acompañada por el desarrollo de unas elecciones primarias al interior de los partidos políticos con la supervisión de los organismos electorales