Glademir Anaya

Otorongada. Cuatro bancadas decidieron no respaldar que se incorpore en  la agenda del último pleno el dictamen  para que condenados en primera instancia por delitos dolosos no puedan postular a cargos de elección popular en la próximas Elecciones Generales de 2021.

Casualmente, estas agrupaciones tienen a líderes y dirigentes partidarios con investigaciones fiscales en curso, a la espera de la etapa de juicio oral y con la posibilidad de ser sentenciados.

INCOHERENCIA. Para la discusión de esta propuesta, se necesitaban 78 firmas representadas por los voceros ante la Junta de Portavoces pero los de Unión por el Perú (UPP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú (PP) y Fuerza Popular (FP) no brindaron su apoyo.

Cabe destacar que los portavoces representan al total de legisladores de cada agrupación.

La actitud de los voceros dista con la que mostraron el pasado 30 de junio, los representantes de esas bancadas en la Comisión de Constitución.

Por ejemplo, APP y Podemos respaldaron ese dictamen.  En el caso de UPP, el congresista Ali Mamani votó a favor y su colega  Ramos en contra. Solo el fujimorismo se opuso.

Ante esta grave situación, la bancada de Acción Popular ha solicitado  a la Mesa Directiva,  que tuvo la posibilidad de colocar el citado dictamen en la agenda del pleno, que convoque a una sesión extraordinaria para que el tema se debata hoy domingo.

De igual forma, el Partido Morado plantea esa opción, pues el cierre de la legislatura es hoy y sería la última opción.

Como se trata de una reforma constitucional, requiere que se vote en dos legislaturas distintas.

La propuesta fue  secundada por Somos Perú y el Frepap, desde sus redes sociales.

LAS RAZONES. ¿Qué criterios habrían prevalecido? Sin duda, los casos judiciales pendientes al interior de los partidos que se opusieron a ese debate.

En el caso de Fuerza Popular,  su lideresa Keiko Fujimori,  viene siendo investigada por el delito de lavado de activos, entre otros, al igual que varios dirigentes de esa organización política.

Sin embargo, tiene pendiente una acusación fiscal y que el Poder Judicial pueda dictarle una sentencia.

En caso de una decisión judicial desfavorable, Keiko o algunos de sus dirigentes investigados no tendrían la oportunidad de postular el 2021.

Una situación similar sucede con el líder de APP, César Acuña,  investigado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos  por la compra de una casa en España, valorizada en 1 millón 200 mil euros.

A ello se suma, que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, le abrió una investigación en diciembre de 2019 por presuntas irregularidades en la inscripción, ante el Registro de Personas Jurídicas, de la Universidad Privada César Vallejo (UCV).

A nivel fiscal, el también exgobernador de La Libertad registra más de 80 denuncias, varias de las cuales siguen vigentes.

A ello se suma que su hermano y actual legislador, Humberto Acuña, tiene una condena de tres años de pena suspendida, por el delito de cohecho activo genérico, tras ser acusado de pagar una coima a un policía anticorrupción para ser favorecido en una investigación.

En el caso de Podemos, su líder, José Luna Gálvez, viene siendo  investigado por el caso de los presuntos falsos aportantes de Solidaridad Nacional.

Entre tanto, su vocero de bancada, Daniel Urresti, tiene un proceso judicial en curso por el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos.

SIN MAYORÍA. Además de este caso, el pleno del Congreso aprobó el dictamen que permite eliminar la inmunidad parlamentaria, pero sin alcanzar la mayoría calificada (87 votos).

Así, solo obtuvo 82 votos a favor, 14 en contra (Fuerza Popular) y 25 abstenciones (UPP y AP).

La propuesta sobre el tema planteaba que los procesos penales de los legisladores, cometidos durante su mandato, son de competencia “exclusiva de la Corte Suprema”.

Asimismo, la moción implicaba que no sean responsables ante una autoridad por “las acciones legislativas de representación, fiscalización, control político u otras inherentes a la labor  parlamentaria”.

Al ser aprobada, pero no con la mayoría calificada, la Constitución abre otro camino. De acuerdo al artículo 206, la propuesta puede ser ratificada mediante un referéndum.

Tras esta decepcionante jornada del Congreso, las críticas arreciaron.

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Allan Wagner, señaló que el Congreso ha decepcionado a la ciudadanía al no aprobar reformas necesarias como la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el impedimento para que personas sentenciadas por corrupción puedan ser candidatos.

“El Congreso ha decepcionado a la ciudadanía, eso es muy lamentable porque se trataba, entre otras, de dos medidas que eran fundamentales que pudieran ser aprobadas por el Parlamento, porque son enmiendas constitucionales que debían pasar a la próxima legislatura para una nueva votación y eso no se ha logrado”, refirió.

La presidenta del TC, Marianella Ledesma, señaló que “lamentablemente es una posibilidad que ha perdido la clase política del Congreso de poder trabajar por esos cambios que la población reclama. Tarde o temprano vislumbro una falta de legitimidad en una democracia representativa como la que se viene ejerciendo”.