Casi dos meses después de mostrar su respaldo a la reducción temporal de sueldos de altos funcionarios públicos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, refrendó este jueves un decreto de urgencia que aplica esta medida a servidores del Estado.

“Si es que alguna otra institución quiere colaborar y puede -adicionalmente al esfuerzo que estamos haciendo como Ejecutivo para atender y mejorar la situación de millones de familia de escasos recursos que ahora sienten el apoyo de su gobierno, del Estado peruano- quiere dar parte de su sueldo, bienvenido sea, todo suma. Así que estas instituciones que han dicho que tienen voluntad, de una vez, que procedan”, dijo Vizcarra durante una conferencia de prensa hace dos meses. Luego de esta mención hecha a inicios de abril, no volvió a mencionar el tema.

Previamente, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, había planteado la reducción excepcional de sueldos de altos funcionarios del Estado en aras de la “solidaridad” para afrontar la pandemia del coronavirus (COVID-19). Ella, al igual que los otros seis miembros del Tribunal Constitucional, perciben un ingreso mensual de S/35.017.

El decreto de urgencia emitido por el Gobierno, sin embargo, no contempla reducciones a los sueldos de los magistrados del TC, el presidente del Poder Judicial, jueces supremos, funcionarios del Banco Central de Reserva (BCR) –presidente y gerente general–, o servidores de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS); quienes encabezan la escala salarial del Estado con sueldos entre S/46 mil y S/34 mil.

La aplicación del decreto es al presidente de la República y funcionarios del Poder Ejecutivo cuyo ingreso mensual sea igual o mayor a S/ 15.000 – ministros de Estado, viceministros, secretarios generales, directores generales y jefes de oficinas generales, titulares de organismos públicos, rectores y vicerrectores de universidades públicas, miembros de Tribunales Administrativos, servidores del Poder Ejecutivo.

Los descuentos -durante junio, julio y agosto- será de 10% a quienes perciben más de S/15.000 y menos de S/20.000. La reducción de 15% del ingreso mensual se aplicará al monto mayor o igual a S/20.000. Lo ahorrado se destinará a los deudos del personal de la salud fallecido como consecuencia del COVID-19, entre ellos profesionales de la salud, personal de la salud, técnico y auxiliar asistencial de la salud.

Estimaciones del impacto de la reducción

Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, estimó que serían unos 400 funcionarios públicos implicados en esta reducción.

Supongamos que todos ganan S/22.000, sería por cada uno S/2.300. Es decir, S/920.000 que por tres meses serían S/2 millones 766 mil. Si el número de funcionarios es 600…en el mejor de los casos hablamos de S/5 millones de ahorro. Obviamente todo sirve, y estos recursos serían simplemente para estas compensaciones, pero van a ser tantos a los que se tendrá que dar eso que me parece un dinero exiguo”, dijo a El Comercio.

“Me parece que sigue siendo una medida más efectista para decir ‘nos estamos sacrificando nosotros’, pero no es que vaya a resolver los problemas del país. Lo que se dice es que se van a dar compensaciones, sí puede ayudar a eso, pero es más efectista”, exclamó Casas.

Por otro lado, de lo publicado en el decreto, Casas sostiene que la medida del Ejecutivo podría impactar en unas 1.000 personas, pero la cifra de beneficiados aún no está definida.

“Si hablamos de 200 personas, si tenemos eso, lo que se piensa recaudar con la medida sería alrededor de S/24 mil para cada uno, pero podría ser más. Aún no se sabe. Es una medida básicamente populista. Si son S/5 mil alcanzaría para mil personas”, comentó.

Para Casas, lo que busca esta norma es tener un “mayor efecto político”. “Los altos funcionarios se rebajan los sueldos para compensar a la primera línea de batalla contra el COVID-19, pero solo eso”, apuntó.

Los analistas políticos Omar Awapara y Luis Nunes coincidieron en que la medida decretada por el Gobierno es un gesto político, sin un impacto real.

“Desde el punto de vista económico tiene cero impacto, pero este tipo de medidas son normalmente tomadas como un gesto político con cierto peso. Transmiten cierto mensaje de parte de los políticos que procuran transmitir la idea de que es un servicio desinteresado en favor del país”, opinó Awapara.

Además, consideró que esta decisión es tardía y ayudaría a “controlar” el mensaje que en este momento da el Ejecutivo. “Medidas así ayudan un poco a tratar de controlar el mensaje que sale del Ejecutivo, sobre todo en estos momentos en que más se les está criticando el aspecto comunicacional. Al tomar esta iniciativa, de repente es el intento de tomar el control y guiar la discusión a otro lado, pero es más como una luz de bengala que quizás tenga poca vida”, agregó.

Finalmente, Luis Nunes comentó que si es un gesto político, la medida debió enfocarse a una reducción por seis meses.

“Me parece que el gesto, porque así lo interpreto, es para que el público diga que nos apretamos el cinturón todos. Debieron haberlo hecho por seis meses porque sería un gesto mas contundente”, dijo.

¿Qué países han aplicado reducciones a funcionarios estatales?

En la región, México, Uruguay, Chile, Argentina y Ecuador son los países que ya han aplicado reducciones a sus funcionarios públicos. En México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso medidas de austeridad “voluntarias” para reducir el salario de los altos funcionarios hasta en 25% de manera progresiva.

En Chile, esta semana se probó una ley que reduce el salario del presidente, gobernadores, ministros y parlamentarios. En Uruguay, el presidente Luis Lacalle Pou anunció también la rebaja de sueldos públicos para recaudar fondos para la emergencia sanitaria.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, implementó también un plan de reducción de horarios de trabajo y salarios de funcionarios públicos. De esta forma, las horas laborales podrían reducirse en 25% y 16% menos de ingresos.

Finalmente, en Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un plan para que haya un “aporte solidario” del 25% de sueldos de los funcionarios públicos.

Iniciativas desde el Congreso

Acción Popular y Unión Por el Perú (UPP) presentaron dos iniciativas legislativas para reducir un porcentaje de estos salarios.

El proyecto de ley 4991/2020, iniciativa de los parlamentarios Jim Ali Mamani y María Isabel Bartolo, de la bancada de UPP, sostiene que el reordenamiento de remuneraciones de los funcionarios públicos recae en una mayor necesidad debido a la emergencia sanitaria generada por la propagación del coronavirus (COVID-19).

Esta normativa impactaría la Ley N°28212, que regula los ingresos de autoridades del Estado. La propuesta está compuesta por dos partes: dispone el reordenamiento de las remuneraciones e altos funcionarios del Estado de forma definitiva (luego de la pandemia y que ningún funcionario perciba mayor sueldo al del presidente de la República); y dispone también la reducción temporal del 30% durante el período que dure la emergencia sanitaria, incluyendo al mandatario.

Se propone que los ahorros que esto genere serán transferidos al tesoro público y tengan como finalidad “la entrega de subsidios económicos a familias de pobreza y pobreza extrema del país”.

El mismo día, el congresista Rolando Ruiz, de Acción Popular, presentó el PL 5002/2020 que propone la reducción de la remuneración de los altos funcionarios del Estado de manera temporal y excepcional, en solidaridad con los afectados por el COVID-19.

“La actual situación que atraviesa nuestro país, afectado por la pandemia COVID-19, podría determinarse como un caso fortuito o de fuerza mayor, que ha permitido la promulgación de diversas normas como las declaratoria de emergencia sanitaria y el aislamiento social obligatorio de toda la población (…)”, señala la propuesta.

Asimismo, consigna que funcionarios como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz; así como el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, tuvieron comentarios positivos a la propuesta de la magistrada Ledesma.

La iniciativa de Acción Popular propone la reducción temporal del 10% de la remuneración de altos funcionarios mientras dure la emergencia sanitaria. Además, dispone excepcionalmente que ningún servidor público perciba una remuneración mayor a la del presidente de la República mientras se extienda la contingencia por el COVID-19.