María Elena Portocarrero, Decana del Colegio de Abogados de Lima, exhortó al Comité Electoral a suspender los comicios convocados para este sábado 22 de febrero. En comunicado, alerta que dicho comité, ante la imposibilidad de que la votación se realice en el Colegio Ricardo Palma, estaría buscando un nuevo local para que se realice el sufragio.

Y sigue la situación de incertidumbre en el Colegio de Abogados de Lima. Ahora, la Junta Directiva de la orden, liderada por la decana aun en funciones María Elena Portocarrero, emitió un comunicado en el cual detalla que no avala el acto de votación convocado por el Comité Electoral de la institución para este sábado 22 de febrero.

Además de exhortar al Comité Electoral para que suspenda la convocatoria de dichas elecciones, la Junta Directiva subrayó que cualquier situación irregular que se presente será de entera responsabilidad de dicho comité.

En el comunicado, fechado este martes 18 de febrero, además se refiere que la directora del Centro Educativo Ricardo Palma (local en el que se había previsto realizar los comicios) solicitó al Comité Electoral que “presente las evidencias o sustentos que avalen que no están incumpliendo el art. 25 del Código Penal”; esto, en alusión al mandato judicial expedido por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima que ordenó la suspensión del cronograma de elecciones.

Por ello, ante la decisión de las autoridades del Colegio Ricardo Palma de no brindar sus instalaciones para el acto de sufragio que el Comité Electoral programó para este sábado 22 de febrero, ha trascendido que dicho colegiado estaría gestionando un nuevo local en donde puedan realizarse las elecciones.

Sobre el particular, en el comunicado, la Junta Directiva advierte que un eventual cambio de local a otro de menores dimensiones podría poner “en riesgo la integridad física de los agremiados, máxime si no se cuenta con con el informe y autorización de Defensa Civil, además no existen las garantías para el desarrollo del proceso electoral ya que no se tiene la certeza de la participación de Onpe, Transparencia ni el JNE, así como contar con la presencia de un notario público y de la Fiscalía de Prevención del Delito por los hechos que pudiera ocurrir”.