En su demanda presentada ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Odebrecht admite que el contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP) fue anulado por el Gobierno debido a que no pudo demostrar el financiamiento en los plazos establecidos por las cláusulas del contrato. Sin embargo, responsabiliza al gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de no responder a su solicitud de una enmienda a las cláusulas de bancabilidad que, según señala, le hubiera permitido obtener financiamiento internacional.

La bancabilidad es la capacidad de un proyecto para ser financiable. De acuerdo con el artículo 6.5 del contrato firmado para el proyecto GSP, el consorcio (que en este caso estaba conformado por Odebrecht, Enagás y Graña y Montero) debió asegurar la financiación del proyecto dentro de los 20 meses posteriores a la fecha de entrada en vigencia del contrato.

Sin embargo, tal como y como lo señala Odebrecht en la demanda a la que tuvo acceso Gestion.pe, surgieron cada vez más investigaciones contra la compañía brasileña, tanto en el Perú como en otros países de la región.

Según la compañía, el Gobierno de PPK tomó distancia. “Se hizo cada vez más claro que las autoridades querían cambiar a un nuevo tipo de proyecto respaldado exclusivamente por el sector privado”, señala.

Debido a la mala situación de Odebrecht, para el consorcio se hizo cada vez más difícil obtener financiamiento, por lo que OLI LUX decidió vender su participación en el Proyecto. No obstante, para encontrar compradores interesados y también para obtener financiamiento de prestamistas internacionales para el proyecto, el consorcio necesitaba asegurar una enmienda de bancabilidad al contrato, señala.

“Si bien el Gobierno había otorgado sistemáticamente una enmienda de la bancabilidad para proyectos de infraestructura similares, tanto durante el plazo contractual como en situaciones en las que el plazo contractual había expirado, se negó a hacerlo en relación con el GSP”, sostiene Odebrecht.

De acuerdo con la compañía, tres enmiendas fueron presentadas sin éxito al Gobierno peruano por las empresas integrantes del consorcio. Asimismo, el 16 de enero del 2017, el consorcio requirió al Ministerio de Energía y Minas (MEM) conceder 120 de extensión para la fecha de cierre del Proyecto GSP, pero no obtuvo respuesta.

Días después, el MEM dio a conocer la anulación del contrato porque el consorcio no cumplió con demostrar que tiene el financiamiento necesario para la realización de la obra.

Odebrecht culpa al Gobierno de incumplir cláusulas del contrato

De acuerdo con la demanda, la compañía acusa al Gobierno de no cumplir con los procedimientos establecidos en el contrato ni con las leyes peruanas. “La abrupta terminación del Perú del contrato no siguió la aplicación de cualquiera de los procedimientos establecidos en el contrato o en el Decreto Supremo N° 081-2007-EM”, señala.

Relata que el Gobierno “abusivamente” ejecutó el bono de rendimiento por USD 262′500,000, regulado por el artículo 9.11.1 del contrato, decisión que Odebrecht califica de arbitraria y perjudicial para el consorcio y los inversores. “El Gobierno cobró una extraordinaria suma de dinero por un presunto daño que o nunca ocurrió o a lo que Perú contribuyó con su propia conducta. En otras palabras, el Gobierno abusivamente cobró US$ 262.5 millones como compensación”.

Señala también que además el Gobierno peruano “arbitrariamente” impuso una multa basada en el presunto incumplimiento del GSP del artículo 9.2 del contrato.

Según la compañía, el Gobierno peruano no cumplió el procedimiento a seguir para la subasta de la concesión, establecido en el artículo 20.4 del contrato, según el cual el gobierno estaba obligado a i) nombrar a una persona que actuaría como auditor para supervisar la gestión de la concesión hasta la transferencia a un nuevo concesionario; y (ii) subastar la concesión dentro de un año de la terminación del contrato (24 de enero del 2018).

“El artículo 20.4.3 señala demás que el GSP tenía derecho a recuperar una parte de sus inversiones de la subasta producida por vía de la compensación por la suma de al menos 72.25% del valor contable neto de los activos concesionados, menos los gastos incurridos durante el proceso de subasta. Sin embargo, el Perú no siguió ninguno de los procedimientos en relación con el GSP”, afirma.

Asegura que, en vez de seguir el procedimiento establecido por dicho artículo, el Estado cambió la aplicación del procedimiento a través de la emisión del ED-001-2017 el 1 de febrero del 2017.

Así -sostiene Odebrecht- el Estado emitió una norma en la que establece que un un administrador contratado por Osinergmin sería responsable de la custodia y mantenimiento de los bienes concesionados en favor del Estado, hasta su transferencia al sector privado. Además estableció que los costos de contratación del administador sería pagados con los fondos de la ejecución del bono de rendimiento.

La empresa acusa al Estado de retrasar “irrazonablemente” el nombramiento del administrador, por lo que OLI LUX terminó teniendo costos de mantenimiento de los bienes concesionados durante los meses siguientes a la terminación del contrato.

“Llamativamente, el MEM está todavía reclamando S/ 370′829,162 por la conservación, mantenimiento y custodia de los bienes concesionados a pesar de la ejecución del bono de rendimiento, que se suponía iba a cubrir estas transferencias y costos de mantenimiento”, indica.

Exigencias

La compañía exige ante el CIADI que el Gobierno peruano reincorpore al demandante al status con el que antes contaba en el proyecto y se le garantice su manejo y ejecución en los términos y condiciones iniciales.

En el caso de que no se le reincorpore, Odebrecht exige que el Perú lo indemnice con el pago de US$ 1,200 millones de dólares.