Uno de los sectores más vulnerables en el país es el de los menores de edad. En respuesta a ello, los miembros de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur brindan protección especial para el desarrollo físico, mental y social de los escolares de la zona.

Es así como se intervino en el caso de un estudiante que habría sufrido violencia sexual de un trabajador de su institución educativa ubicada en un balneario de Cañete, Lima.

Tras entrevistarse con el personal del Centro Emergencia Mujer (CEM) y la fiscalía penal local, se constató que en ambas instituciones omitieron la Ley Nº 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la cual señala que cuando la fiscalía recibe la denuncia se debe pedir al juzgado competente las medidas de protección para el presunto agraviado en un plazo no mayor de 24 horas.

Así, tras nuestra recomendación, el juzgado emitió las medidas solicitadas y se notificó a la comisaría local para que las ejecuten; también se recordó lo señalado por el comité de los derechos del niño de la ONU, que recomienda que se investigue debidamente estos casos para que los autores rindan cuenta de sus delitos.

Asimismo, se solicitó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 08, de San Vicente de Cañete, darle celeridad a la investigación disciplinaria que se habría instaurado contra la directora del plantel por la ausencia de una intervención oportuna. También se logró que se reanude el patrullaje en las inmediaciones de los colegios de la zona como medida de protección de los estudiantes.

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