El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó este martes su preocupación por las circunstancias en las que fue despedido el presidente del directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) Hugo Coya. En breve comunicación con El Comercio desde El Salvador, señaló que este hecho revela un problema que está presente en Perú y en toda la región.

— ¿Ve un riesgo o una amenaza para la libertad de expresión en las circunstancias en las que el periodista Hugo Coya fue removido de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP)?

He tomado conocimiento de la situación a través de pronunciamientos de organizaciones de libertad de expresión, de medios y de periodistas y todo hace pensar y hace ver que la decisión fue política, adoptada en virtud de una línea abierta y plural que se había establecido por parte de este director del medio público, y, en ese sentido, es preocupante que la motivación haya sido de algún modo imponer una línea más gobiernista a los medios de comunicación. En segundo lugar, esto revela un problema que está presente en Perú y en casi toda la región y es la gobernanza de los medios públicos donde, en general, los gobiernos entienden que los medios públicos tienen que estar a disposición o seguir una línea de defensa del gobierno y no una línea de actuación, o una línea editorial vinculada al interés público de la población, y de fortalecimiento de la democracia, es decir que los medios tienen que tener pluralismo e independencia de sus periodistas para trabajar de acuerdo a temas de interés general, y no a perseguir una agenda o apoyar una agenda del gobierno únicamente, y creo que el hecho de que dependa directamente del presidente y del ministro de Cultura la designación del director del medio y su remoción, habrá debilidad institucional en Perú que queda expuesta con casos como este.

— ¿Qué se puede hacer para mejorar esta situación?

Creo que Perú debería pensar, a partir de estas discusiones, obviamente en la protección de la libertad de expresión, pero también en la protección o la rendición de cuentas del gobierno de los medios públicos, de decir cómo se designa, qué intervención puede tener instancias como el Parlamento o instancias de participación de la sociedad civil, no solo en la designación del director de un medio sino también en la confección de un plan de trabajo, y en una rendición de cuentas periódica, y también que la remoción sobre todo en periodos electorales o anteriores a unas elecciones no queden exclusivamente a cargo del presidente y un ministro.

—¿En otros países la potestad para remover a la cabeza de los medios públicos recae en otro ente que no sea el Ejecutivo? Precisamente para evitar injerencias.

En América Latina hay pocos ejemplos, tal vez la ley que no se ha aplicado nunca en Uruguay establece la intervención del Poder Legislativo, pero todavía no se ha aplicado. Obviamente, hay buenas experiencias en Europa, la BBC, la televisión sueca, la televisión alemana, que tienen unas estructuras donde quien elige a la dirección de los medios públicos es el Poder Legislativo y hay rendición de cuentas, y obviamente puede haber un llamado de atención, puede haber incluso una discusión parlamentaria o una destitución sino se cumple con los objetivos, pero hay un ambiente plural y de control plural para estos casos. Pero, en América Latina, depende básicamente del Ejecutivo, en ese sentido creemos que estamos muy alejados de las buenas prácticas.

— ¿Con esta decisión el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha desconocido alguna norma internacional de protección de la libertad de expresión?

Si hay una violación a una norma, obviamente uno podría decir, en general, que cualquier acción del Estado en retaliación por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión en sentido amplio puede ser una violación, claro, en este caso amparado por la legalidad del país es complejo de determinar, pero bueno esos serían los criterios, ver si efectivamente se cumple con que la persona recibió una sanción por su actuar legítimo, materia de libertad de expresión, por la línea editorial, en fin, allí hay un tema que sí se podría ver y discutir en ese sentido. Por último la relatoría sí tiene estándares en materia de medios públicos y justamente a lo que apuntamos es que haya una autonomía e independencia técnica de quienes dirigen los medios públicos con sistemas de designación y de destitución que den garantías para nombrarlos y para que haya un control también social a través del Parlamento, así como de consejos donde pueda integrarse la sociedad civil, la academia y otros actores sociales.