La sentencia del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht deberá ejecutarse en los términos en los que fue aprobada en junio último y con los beneficios que se dispuso otorgarle a la constructora brasileña. Así lo determinó la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho a través de una resolución emitida el pasado 28 de octubre, a la que accedió El Comercio. La medida permitirá que el Estado le reembolse a la constructora brasileña los S/524 millones retenidos por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

El pronunciamiento de la jueza Álvarez se dio después de que la empresa solicitara la ejecución de la sentencia en agosto pasado.

Álvarez declaró improcedente la solicitud de Odebrecht, tras considerar que no existe controversia que dirimir respecto a la ejecución de la sentencia.

En su decisión, tomó en cuenta que tanto el equipo especial Lava Jato, como la Procuraduría ad hoc y la empresa, han mostrado consenso en la devolución del saldo de la venta de Chaglla.

Para la jueza, tampoco existen inconvenientes cuando en la sentencia se hace referencia a “las investigaciones o procesos penales” en los que se evidencia sospecha de responsabilidad penal sobre Odebrecht.

“En el presente caso, este órgano jurisdiccional no encuentra situación controversial que dirimir en ejecución de [la] sentencia, atendiendo a dos aspectos ya desarrollados en los considerandos que anteceden”, señala la resolución de la jueza Álvarez sobre el pedido de la constructora brasileña.

“Primero, a que el ámbito de la ejecución –como ha quedado detallado– se encuentra contenido en la sentencia de beneficios y colaboración eficaz que a la fecha tiene la calidad de cosa juzgada y no ha sido materia de aclaración o corrección por parte de los sujetos procesales legitimados o de oficio por parte del órgano jurisdiccional, y por tanto debe ejecutarse en sus términos”, precisó el punto 27 del documento.

“Segundo, porque las partes se encuentran en consenso para la devolución del saldo de la venta de Chaglla que al 14/10/2019 oscila en un aproximado de S/524′412.414,21”, también se menciona en el punto 27.

En este además se precisa que esto debe hacerse “sin perjuicio de la liquidación que corresponda a cargo de la oficina administrativa competente que contemple pagos consensuados, [la] primera cuota de la reparación civil u otro [pago] que la ley determine”.

En otro punto, la magistrada resaltó que el “mecanismo [en referencia al acuerdo de colaboración] viene operando de modo eficiente, muestro de ello es que, conforme se tiene de la parte expositiva de la presente resolución, la fiscalía ha celebrado dos acuerdos preparatorios preliminares con la persona jurídica [Odebrecht], y uno de sus dependientes, por un total de cinco hechos nuevos donde la persona jurídica ha reconocido responsabilidad, encontrándose en la fase de corroboración”.

Lo que seguiría es que la fiscalía emita un informe al Ministerio de Justicia para que se produzca la liberación de los S/524 millones. En una entrevista con este Diario publicada el sábado pasado, la ministra de Justicia, Ana Revilla, indicó que el Poder Ejecutivo “tiene que cumplir lo que dice el Poder Judicial”.

Álvarez recordó que su sentencia tiene calidad de cosa juzgada y que ninguna de las partes apeló.

—El proceso—

El Comercio informó hace unas semanas sobre los detalles de la audiencia previa a la decisión judicial por la solicitud de Odebrecht.

Ante la jueza Álvarez, el fiscal José Domingo Pérez presentó las actas de las últimas diligencias en Brasil con Jorge Barata, en las que se deja constancia de que no se pudo acceder al total de la información sobre presuntos actos de corrupción, “producto del incumplimiento del Estado Peruano”.

Además, el fiscal le mostró a la magistrada los acuerdos de colaboración preparatorios que ya se han suscrito con Odebrecht, en los que reconoce su culpabilidad en nuevas obras.

El procurador Jorge Ramírez ratificó su postura a favor de la liberación del dinero para que la constructora tenga liquidez y continúe colaborando con la justicia.

Antes, Ramírez había emitido un informe al Ministerio de Justicia sobre las investigaciones de Odebrecht. Esto llevó a que la Unidad Funcional, encargada de entregar el dinero de Chaglla, consulte a la jueza sobre el caso, y que el reembolso del dinero se entrampe.

Los S/524 millones representan un monto que la firma considera necesario para permanecer en el país y seguir colaborando con las investigaciones del Caso Lava Jato.