El presidente Martín Vizcarra cuestionó ayer que Pedro Olaechea haya firmado como titular del Congreso la demanda competencial que presentó ante el Tribunal Constitución (TC) el último jueves. En esta, solicita que se declare la nulidad de la disolución del Parlamento, dispuesta por el mandatario el 30 de setiembre.

Desde Moquegua, Vizcarra aseveró que seguramente el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “actuará conforme a ley”, pues esta acción de Olaechea, titular de la Comisión Permanente, “tiene un nombre absolutamente claro: usurpación de cargo y de funciones”.

Enfatizó que cada quien tiene que ser responsable de sus actos, y que ahora el Congreso no existe, pues fue disuelto “usando el respaldo de la Constitución”, y en su lugar tenemos a la Comisión Permanente, que tiene vigencia hasta que se sustituya el Legislativo. En ese sentido, consideró que Olaechea “está infringiendo una norma, usurpando un cargo que no le corresponde”, y que en todo caso solo es presidente de la Permanente.

En otro momento, Vizcarra recordó que las normas que regirán en las elecciones de enero del 2020 serán las mismas que se aplicaron para los comicios pasados, y que se incluirá a los peruanos en el extranjero.

“Es la población la que tiene en su voto el mandato para elegir a las mejores autoridades, así que la reflexión es que hay mucha gente buena que quiere trabajar por el Perú. Démosle la oportunidad”, invocó.

También señaló que siempre habrá gente que se va a oponer, que va a querer interrumpir y obstruir. “No les hagamos caso, sigamos trabajando, mirando el objetivo de una sociedad estable y democrática”, puntualizó.

—Las implicancias—

En diálogo con este Diario, Antonio Maldonado, exprocurador ad hoc de los casos Fujimori y Montesinos, consideró que, más que el procurador de la PCM, la valoración de esta actuación de Olaechea la tendría que hacer la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de oficio, pues el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública.

Maldonado indicó que habría que ver si hay “una adecuación de la conducta al tipo penal”, en el hecho de que Olaechea pretenda una resolución del TC presentando un documento en el que firma como el presidente de un Congreso disuelto.

“Este es un hecho público y notorio, la fiscal de la Nación no tiene la opción de quedarse callada”, subrayó Maldonado, a la vez que comentó que eso sería lo más conveniente teniendo en cuenta el escenario polarizado en el que estamos.

En tanto, el penalista Carlos Caro opinó que una denuncia de esta naturaleza contra Olaechea podría tener viabilidad si antes el TC se pronuncia sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso.

En todo caso, anotó que la usurpación no solo se configura con la firma de un documento, sino con la toma de decisiones o acciones desde un cargo que no corresponde.

En la lectura del director del Grupo Fides, Jeffrey Radzinsky, un asunto de fondo será que el TC resuelva sobre la constitucionalidad de la disolución del Congreso, aunque anotó que esa controversia no afecta el ordenamiento actual, por lo que “no cabe hablar de golpe de Estado”.

Agregó que el presidente ganó gran popularidad con esa decisión, después de la cual se ha cuidado de tomar otras, como la convocatoria a elecciones en el plazo de ley. Sin embargo, señaló que políticamente el mandatario siempre ha ganado popularidad confrontando al Congreso y ahora ya no hay Congreso para confrontar.

“Ojalá nuestras autoridades no caigan en estos dimes y diretes cuando tenemos que ser mucho más institucionales”, reflexionó.

Fuentes cercanas a Pedro Olaechea indicaron que no iba a pronunciarse sobre las afirmaciones de Vizcarra.

CÓDIGO PENAL

El artículo 361 señala: “El que usurpa una función pública o el que hallándose destituido, cesado o suspendido de su cargo sigue ejerciéndolo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 7 años”.