El presidente Martín Vizcarra quedó atrapado en una guerra sin tregua con el Legislativo desde que asumió el cargo. Este enfrentamiento superó el punto de no retorno la semana pasada cuando el mandatario cumplió su amenaza de cerrar el Congreso por considerar que hubo una “denegación fáctica” de la cuestión de confianza. En respuesta, la mayoría parlamentaria suspendió al jefe de Estado, añadiendo una dimensión de incertidumbre adicional, y nombró a una presidenta interina que finalmente terminó renunciando.

La pugna entre ambos poderes ha desatado posiciones enfrentadas y toda clase de apasionamientos, dividiendo a los peruanos. Hasta ahora no existe un consenso sobre la constitucionalidad de las medidas adoptadas de cada lado. Es algo que deberá ser esclarecido por el Tribunal Constitucional, como ha planteado la OEA.

Pero, más allá de las opiniones a favor o en contra de la legalidad y legitimidad de las decisiones de una y otra parte, lo innegable es que toda esta inestabilidad tiene un correlato en la economía. En particular, erosiona la confianza empresarial y, por ende, impacta negativamente en la inversión, el crecimiento y el empleo.

No es fácil ser optimista en estos días. Prácticamente todos los analistas e instituciones han rebajado su proyección de expansión del PBI para este año de 4% a tasas más cercanas al 2%, debido al retraimiento de la inversión y la demanda interna. A ello se suman las presiones sobre el tipo de cambio y el mercado bursátil. Tras la disolución del Parlamento, el dólar tuvo picos que tocaron los S/3,40, lo que perjudica principalmente a los que mantienen pasivos en esa moneda, en tanto que la Bolsa de Valores de Lima reportó su mayor caída diaria en 22 meses borrando todas las ganancias del año. El asunto no podría ser más serio.

Aunque una inmensa mayoría de los congresistas defenestrados se ganó a pulso el repudio de la población por su prepotencia y obstruccionismo, hubiese sido preferible que llegaran a un acuerdo con el Gobierno para trabajar una agenda común hasta el 2021 y cumplir con el período que se les encomendó en las urnas. Ahora que la suerte ya parece echada, solo queda esperar que nuestras autoridades tengan la madurez política suficiente para encontrar una salida rápida al entrampamiento en que nos hallamos inmersos, dentro del marco constitucional, y que el Congreso que se elige en enero sea mejor que el destituido.

Los efectos que esta transición genere dependerán mucho de cuánto tiempo se tomen el presidente y su flamante Gabinete en dar señales que transmitan confianza a los agentes económicos y en iniciar las tareas que la población demanda en materia de lucha contra la inseguridad, creación de empleo, impulso de la inversión, competitividad, manejo de conflictos sociales, etc. Ayudaría bastante a la predictibilidad del país que comunicasen cuanto antes sus planes y metas para lo que resta de su gestión. Es hora de avanzar.