Informe por Ángel Páez

La difusión de los audios que destapó la existencia de organizaciones criminales vinculadas con el partido dominante en el Congreso, el sábado 7 de julio de 2018, desató una furia descomunal de los entonces congresistas de Fuerza Popular que no dudaron en confabular contra la plataforma de investigación periodística IDL-Reporteros para que no continuara revelando la identidad de los cómplices del fujimorismo en el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Montaron una serie de acciones represivas no solo hacia el equipo que dirige el periodista Gustavo Gorriti sino también a todos los medios de comunicación que por su cuenta obtuvieron otras grabaciones de los integrantes de la red criminal.

No se había visto un ataque tan perverso diseñado y ejecutado por los fujimoristas desde el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, como lo comprueban los chats de la desaparecida bancada fujimorista que ha obtenido La República.

Conforme salían a la luz las voces de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ maquinando acciones para la excarcelación de Keiko Fujimori, como el famoso audio de la conversación entre el amigo de la excandidata presidencial, el empresario Antonio Camayo Valverde, y el ex vocal supremo César Hinostroza Pariachi, quien debía resolver la casación que había presentado la lideresa para desactivar la investigación fiscal en su contra; los fujimoristas pasaron del pánico a la desesperación.

Creían que también habían sido grabados por el equipo policial Constelación, que por mandato judicial, solicitado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Callao, registró las llamadas telefónicas de los componentes de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El temor de que sus llamadas estuvieran en manos de los periodistas los atemorizó.

La veterana fujimorista Luz Salgado Rubianes, filmada en secreto por el propio Vladimiro Montesinos en la “salita” del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), sabía lo que significaban los audios, así que fue una de las primeras en lanzar una alerta a sus colegas de Fuerza Popular:

“Estamos chuponeados todos, nada por teléfono, cualquier frase va a ser utilizada, lo peor es que nadie cuestiona cómo esto sale por IDL (Reporteros) y no por la Fiscalía. Yo apenas pedí lo de IDL me saltaron al cuello. Habría que buscar otras voces que lo digan”.

Salgado sabía lo que significaban los audios. Para ella más importante que el contenido de las grabaciones era impedir que continuara la difusión, no fuera que alguno de la bancada naranja apareciera comprometido. Salgado sabía que esta vez, a diferencia de los “chuponeos” del SIN durante el régimen fujimontesinista, no había control sobre los audios. Esta vez era un espionaje telefónico autorizado por las autoridades judiciales.

Salgado continuó:

“Otras voces que no sean de FP (Fuerza Popular), porque nos achacan el San Benito (quiso decir sambenito) que protegemos a los corruptos”.

Todos contra la prensa

De inmediato su colega Milagros Takayama Jiménez le remitió el vínculo de una información publicada por el portal fujimorista Primicias News con el titular “Se cae la maniobra caviar con la confesión de un testigo judicial”, una noticia falsa sobre un supuesto testigo del Poder Judicial que mentía sobre el origen de los audios publicados por IDL-Reporteros. La represalia se había puesto en marcha.

Entonces los excongresistas fujimoristas cruzaron desesperados chats sobre los presuntos implicados en las grabaciones de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Barajaron diferentes identidades. Tamar Arimborgo Guerra se despachó:

“El IDL (Reporteros) tendría tres audios del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo”.

Juan Carlos del Águila sintió la pegada. Ante cualquier eventualidad que los implicara, demandó la intervención del fiscal de la Nación del momento, Pedro Chávarry, antes de que aparecieran los audios que comprobaban su íntima relación con el fujimorismo. Del Águila escribió:

“Fuente, muy fuerte, Tammy (Arimborgo), para ser verdad. Y en todo caso, de serlo, habría que dimensionar el contenido. En fin, sirve para la especulación. Porque, como bien lo dice LG (Luis Galarreta) en Perú21, hay un uso inmoral de los audios. Y alguien lo tiene que parar. ¿Aló, Chávarry?”.

¡Auxilio, Pedro, Pedrito!

La maquinaria fujimorista comenzó a funcionar para silenciar a la prensa. El escogido para organizar la embestida no podía ser otro que Héctor Becerril Rodríguez, uno de los más preocupados por los contenidos de las grabaciones, por razones que luego se harían públicas. Los chats que ha conseguido La República lo demuestran. Escribió:

“Estas interceptaciones telefónicas –sí legales, en el sentido de que han estado autorizadas por un juez ante el pedido de un fiscal en el marco de una investigación RESERVADA–, eso no está en discusión. Pero lo grave es que todas las interceptaciones tienen que estar en manos de la Fiscalías, entonces ¿por qué los tiene IDL (Reporteros). Eso es lo ILEGAL. Un periodista o cualquier persona que tiene audios de contenido delictivo, lo que tiene que hacer es denunciar y entregarlo al Ministerio Público”, arguyó Becerril, investigado por sus presuntas vinculaciones con ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y ‘Los Temerarios del Crimen’.

Una vez más, ahora por intermedio de Becerril, el fujimorismo reclamaba a Chávarry:

“No debemos pedir que nos digan su fuente, pero debemos EXIGIR que el fiscal de la Nación requiera a Gorriti todo el material que ILEGALMENTE lo tiene”, se explaya en su bravata Becerril y agrede al periodista: “Es ilegal porque es material de una investigación reservada que tiene que estar en poder del MP (Ministerio Público) y no de un delincuente como Gorriti”.

Matar al mensajero es una práctica clásica de las organizaciones criminales. Lo relevante era el contenido de las grabaciones, pero el fujimorismo enfiló contra los periodistas que difundían lo que comprometía al fujimorismo y a sus aliados en el sistema judicial.

En su alucinación conspirativa, Becerril incluso llega a afirmar que IDL-Reporteros repartía los audios a los medios, “así a todos los hace cómplices del delito de encubrimiento real”, señala. La República obtuvo por sus propias fuentes más de 60 mil audios y los compartió con las plataformas investigativas Convoca, Ojo Público y Wayka: nada tuvo que ver el equipo que lidera Gorriti. Los fujimoristas se afanaron en criminalizar la investigación periodística.

Ese objetivo queda claro cuando Becerril –investigado por una trama de sobornos que reveló una empresaria de Chiclayo– lanza la consigna: arrebatar a la prensa los audios que acreditan actos de corrupción:

“Entonces salimos a EXIGIR que se le incaute el material que en forma ilegal Gorriti mantiene en su poder o dejamos que el país siga en un caso terrible a merced de los caviares”.

El mismo lenguaje

Sus deseos fueron órdenes. El martes 10 de julio un fiscal y 4 policías llegaron a IDL-Reporteros para incautar los audios, pero la acción fue rechazada por los periodistas. Al día siguiente, martes 11 de julio, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, con evidentes relaciones con el fujimorismo, ordenó a los reporteros que le entregasen las grabaciones, “bajo apercibimiento por el delito de desobediencia a la autoridad”. Rodríguez, el mismo que emitió opinión favorable para la excarcelación de Keiko Fujimori, parecía cumplir órdenes de la bancada naranja.

Que se trataba de una acción en cadena lo comprueba la carta imperativa que remitió Becerril –el más furibundo fujimorista difamador de medios de comunicación y periodistas– a Chávarry, el 13 de julio de 2018 (aunque por error consigna el nombre de Pablo Sánchez Velarde, que dejó el cargo el 6 de junio de ese año). En nombre de Fuerza Popular, exigía que recuperase al término de la distancia los audios que difundían los medios.

Como se ha visto, Chávarry actuó conforme a las exigencias de Fuerza Popular. Por ejemplo, el 23 de setiembre de 2018 dispuso investigar por la presunta “compra de votos” para impedir el primer pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, contra los “Avengers” Maritza García, Lucio Ávila, Marvin Palma y el ex “pepekausa” Carlos Bruce. Este acto fue motivo de celebración de los fujimoristas.

En un chat de Federico Pariona, dio cuenta de las denuncias de Chávarry, a lo que su colega Marco Miyashiro respondió: “Bien por las denuncias de Chávarry… Pero en Fuerza Popular debemos estar advertidos que la prensa mermelera lanzará más tinta y mierd…”, escribió.

“Prensa mermelera”, “caviares”, “comunistas” son, entre otros calificativos, los que han lanzado los fujimoristas encabezados por Becerril. Recientemente, este se lo dijo al reportero de Cuarto Poder, René Gastelumendi: “Ustedes se deben al Gobierno por toda la mermelada que reciben ustedes”, dijo.

No está demás recordar que Becerril es heredero del régimen de Fujimori y Montesinos, el mismo que entregó 22 millones de dólares de los fondos públicos a la llamada “prensa chicha” que, además de elogiar al gobierno corrupto, atacaba a los periodistas independientes.

Carta a la Fiscalía

Fuerza Popular, a través de quien quería evitar que el país “siga a merced de los caviares”, Héctor Becerril, exige en la carta que se recuperen los audios que destaparon la existencia de organizaciones criminales vinculadas al partido de Keiko Fujimori.


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