Miles de ciudadanos marcharon este jueves por las principales calles del Cercado de Lima en respaldo de la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso, tras interpretar que este Poder del Estado le rechazó una cuestión de confianza presentada sobre el proceso de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional.

19:00 Ciudadanos recorren principales calles del Cercado de Lima en respaldo a la decisión de Martín Vizcarra de disolver el Legislativo.

18:00 Algunos colectivos se empiezan a concentrar en la plaza San Martín.

Nota previa

Colectivos ciudadanos, gremios de trabajadores y partidos políticos marcharán este jueves en respaldo a la decisión del presidente de la república, Martín Vizcarra, de disolver el Congreso.

De acuerdo a la convocatoria publicada en redes sociales, la población se reunirá desde las 17:00 horas en la plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

A través de una conferencia de prensa, algunos representantes de esta convocatoria, sostuvieron que esta se realizará ante los últimos acontecimientos generados por el cierre del Parlamento, acción de Vizcarra Cornejo que fue tomado como un triunfo de la ciudadanía, ya que no se dejó de protestar contra el Legislativo desde su conformación con mayoría fujimorista en 2016.

Uno de estos voceros es Martha Cuentas, de la Asociación Nacional de Centros, quien rechazó la actitud de los excongresistas de Fuerza Popular y Apra, quienes intentan confundir a la población al manifestar que la decisión del jefe de Estado es insconstitucional.

“El señor Pedro Olaechea con las fuerzas políticas fujiapristas están tratando de inscribir al señor Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien fue elegido de manera ilegal e ilegítima como miembro del Tribunal Constitucional. No pueden hacerlo porque el Congreso ya fue disuelto y lo que hay es una Comisión Permanente que no tiene ninguna atribución para solicitar la incorporación del señor Ortiz de Zevallos en el Tribunal Constitucional”, indicó.

Finalmente, demandaron al mandatario que el proceso de transición se ejecute de la mano con las organizaciones sociales y laborales, de manera que se consensúe una agenda mínima que garantice la continuación de la lucha contra la corrupción y la ejecución de las reformas del sistema judicial y política.