Manuela Zurita

El Congreso de la República aprobó el jueves por mayoría la ampliación de la Ley de Promoción Agraria 27360 hasta el 31 de diciembre del 2031. Además de la agroindustria, los beneficios tributarios y laborales que propone el marco jurídico creado a principios de este siglo, alcanzarán a dos actividades económicas a las que el gobierno mira como futuros motores del crecimiento: las industrias forestal y acuícola.

Así, ambos sectores gozarán de los beneficios (como un impuesto general a la renta de 15% en lugar de 30%) y parámetros establecidos por el régimen agrario (remuneración mínima diaria de S/39,19, CTS y gratificaciones incluidas en el jornal y el aporte de Essalud de 6%).

¿Cuánto beneficiarán e impactarán en el desarrollo de ambas actividades?

El presidente de la Asociación de Exportadores (Adex) y empresario forestal, Erik Fisher, destacó la decisión legislativa, que interpreta asimismo como “una señal de que el gobierno está entendiendo el modelo de negocio y la oportunidad que tiene el Perú que no ha desarrollado”.

Aún así, observó que el nuevo marco conlleva una limitante para garantizar inversiones de largo plazo, como en el caso de las plantaciones forestales. “Puede ayudar, pero no es definitivo”, afirma.

“Mirar al país en función al desarrollo forestal significa pensar en una política pública de largo aliento con una perspectiva muy técnica y un profundo conocimiento del modelo de negocio que permitan que estas decisiones se sostengan”, opina Fisher. “En ese camino”, apunta, podrían sumarse marcos jurídicos intermedios que lleven al Perú a ser un país forestal.

En ese sentido, Fischer estimó que un régimen laboral y tributario para el sector forestal no debería durar menos de 20 años, considerando el tiempo de maduración de las plantaciones y el período de retorno de la inversión. “Entre 20 y 40 años sería lo óptimo”, apuntó.

Para Drago Bozovich, gerente general de Bozovich, dueña de la maderera homónima que posee 200 mil hectáreas de concesión forestal en Madre de Dios, el plazo debería partir en 30 años.

“Pensando en proyectos nuevos, en particular, en plantaciones, […] pienso que el plazo es insuficiente”, comentó sobre la nueva duración del régimen agrario. “[Para] un proyecto nuevo, que todavía está en papel, buscando financiamiento, después realizar las plantaciones, para eventualmente llegar a término y cosechar árboles maduros y buscar la rentabilidad que se busca, con 12 años no alcanza. Ha sido más una buena intención, un poco cosmética para el sector y los resultados van a ser nulos o leves”, sentenció.

En esa línea, opinó que el regimen debería ampliarse a toda la cadena productiva forestal. “La cadena productiva del sector forestal es mucho más larga que solo el trabajador que está en el bosque, haciendo la silvicultura y el aprovechamiento sostenible. Tenemos transformación primaria, aserraderos e industria de transformación secundaria y avanzada. Acá estamos otorgándole el beneficio al primer 20% del total de la cadena”, apuntó.

¿Y EN LA ACUICULTURA?
​​Sobre el impacto en este sector, Jorge Vigil, jefe de Oficina de Extracción y Procesamiento de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), opinó que los incentivos del régimen y la Ley General de Acuicultura no están alineados. “Son dos cosas que no hablan el mismo idioma”, dice. “Esta normativa (el régimen agrario) permite que sigan funcionando las empresas grandes [que ya están operando] y que la acuicultura no llegue a olvidarse en el tiempo. No se explota el potencial de esta normativa porque la ley [general de acuicultura] no está diseñada para eso”, opina.

A su juicio, la ley general de acuicultura está enfocada en la promoción de la micro, pequeña y mediana acuicultura, desalentando la conformación de grandes unidades productivas, que pueden aprovechar los beneficios del régimen agrario. “[La ley de promoción agraria] no es una norma que nos ayude a explotar el potencial que podría tener [la acuicultura]”, añade. “Como hablan dos idiomas distintos, no se explota el potencial de la actividad, no se generan grandes empresas ni una masa crítica [de producción] que permita una sostenibilidad de negocios de acuicultura, que genere más empleo, innovación tecnológica, intercambio comercial regional…”, agregó..

Por otro lado, José Luis Bellina, director de Acuapesca, que exporta un cuarto de los volúmenes de concha de abanico del Perú, destacó que el papel que tendrá el régimen en la formalización de la industria acuícola. “Es muy importante, porque formaliza la actividad y los trabajadores reciben un ingreso mayor al sueldo mínimo, por tener incluido en su pago sus beneficios sociales, además de mantener el seguro social incluso cuando no están laborando”, apuntó. De esta manera, agregó, las compañías invierten en capacitar a sus trabajadores, lo que eventualmente los hace más empleables. “Eso hace que las empresas busquen a los más capaces”, comentó.