Erick Sablich Carpio

Han transcurrido tres semanas desde que el presidente Vizcarra planteara adelantar las elecciones generales y la incertidumbre sobre cómo terminará este asunto se acentúa. A medida que transcurre el tiempo, sin embargo, se hace más palpable la dificultad del Ejecutivo para superar la correlación de fuerzas que rechazan la propuesta en el Congreso.

El tiempo, justamente, es un bien escaso para las pretensiones del Ejecutivo y de ahí las cada vez más frecuentes (y confrontacionales) exhortaciones de Vizcarra para que el tema se debata. El gobierno requiere acortar plazos para lidiar con un calendario electoral ajustado. Pero, sobre todo, para tener la fuerza y legitimidad suficientes para pelear ante la opinión pública por su posición.

Y es que si bien el adelanto de elecciones cuenta con un elevadísimo porcentaje de aprobación, 72% según la última encuesta de El Comercio-Ipsos (3 puntos menos que hace dos semanas), esta cifra dista mucho de la también saludable aprobación presidencial, que se ubica en 54%, pero que ha disminuido 3 puntos en menos de una quincena. La desaprobación al presidente, de otra parte, ha aumentado de 34% a 38%. Vale recordar que los niveles de aprobación del impulsor del adelanto electoral, casi tan importantes para los intereses del gobierno como los de la propuesta misma, se acercaban más al 40%-45% cuando no mediaba una cuestión de confianza o pechada al Parlamento como la del mensaje a la nación.

En este contexto, por el lado del Congreso la estrategia parece que será la de quitar la mayor cantidad de tiempo al reloj que sea posible. En medio de la pérdida de credibilidad del presidente por su manejo en la suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María, un aumento de la conflictividad social que amenaza otras importantes inversiones como Quellaveco, las críticas por la ralentización del crecimiento económico y el resquebrajamiento total de la relación con su vicepresidenta y otras figuras importantes en su gestión como Ana María Choquehuanca o Carlos Bruce, la oposición parlamentaria encuentra menos razones para ceder ante un presidente que se percibe debilitado.

Si a eso se suma las desconcertantes cifras que muestran en unas hipotéticas elecciones a Fuerza Popular con un 16% de intención de voto a pesar de su comportamiento en este quinquenio y a su lideresa Keiko Fujimori segunda en simpatías políticas con un 10%, no parecen abundar los incentivos políticos para que la mayoría parlamentaria dé su brazo a torcer en estos momentos. Alrededor del 25% se opone al adelanto de elecciones o favorece una vacancia presidencial y esa parece ser su audiencia relevante por el momento.

En esta línea parece entenderse el mensaje del titular del Congreso, Pedro Olaechea, al mandatario. Una invitación a trabajar conjuntamente y a respetar la Constitución con provocación (“no tenga miedo a gobernar”) y jalón de orejas (por el tema Tía María) incluidos que anticipa la postura del Congreso y que dejaría en manos del presidente Vizcarra la decisión de escalar las tensiones a través de una nueva cuestión de confianza o aceptar la derrota y replegarse. En el medio, los peruanos.