Karem Barboza Quiroz

Hace un año, el despacho de la fiscal contra el crimen organizado del Callao Rocío Sánchez Saavedra puso en evidencia la existencia de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Hoy, en entrevista con El Comercio, habla de la obstaculización proveniente del poder político que impide investigar a personajes vinculados con esta red.

—Ayer se dispuso la creación de un equipo especial para el caso Los Cuellos Blancos ¿Cuál es su opinión?
Bueno la idea del equipo especial es del doctor Pablo Sánchez. La finalidad de este grupo es que se diseñe una estrategia y se coordinen [entre los equipos] los hechos ilícitos [a investigar] que apuntan a un solo objetivo [delictivo], pero desde distintas  posiciones.

—¿Esperan que con la conformación de este equipo exista una unificación de la línea de investigación?
Hay varios temas que saltan al debate y será motivo de una reunión del equipo recientemente designado. Pero como corresponde a la labor fiscal, cada fiscal es autónomo en la tramitación del caso de su competencia, ya que se litigan los casos en distintas instancias judiciales.

¿Cuál es la situación actual del caso de Los Cuellos Blancos del Puerto?
A lo largo de este proceso hemos visto que la investigación se ha visto reforzada con la colaboración de las personas [investigadas] que han tomado la decisión de colaborar con la justicia. Lamentablemente, por la naturaleza misma de la investigación […] y por el rol [que tienen] dentro del sistema de justicia [en el] que son funcionarios y tienen procedimientos especiales, se han visto dificultades a lo largo de este período de tiempo. Incluso ahora, la denuncia formulada por el doctor Pablo Sánchez, en agosto [del 2018], que tiene elementos de organización criminal tanto para [el ex juez supremo] César Hinostroza como para los ex consejeros del CNM, no fue vista; y ahora ha sido rechazada.

¿Cómo quedarían los otros casos que investiga el fiscal supremo Pablo Sánchez? La denuncia contra el ex juez César Hinostroza fue rechazada con el argumento de que él no está facultado para interponerla.
Esa es una interpretación desde un punto de vista muy estratégico que viene desarrollando un grupo de funcionarios, representantes de un sector político que no están permitiendo que la fiscalía cumpla el rol constitucional de investigación.

¿Cómo ha tomado usted que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza opine a favor de la casación de Keiko Fujimori, lo que significa estar de acuerdo con que se anule su prisión preventiva?
Creo que más allá de un acto desleal a su institución, Rodríguez Monteza está dando un mensaje de apoyo a Fuerza Popular.

¿Por qué? ¿Cuál sería el fin de dar ese mensaje?
Busca protección en las futuras investigaciones en las que sabe que será necesario el apoyo del Congreso. Se está asegurando el futuro.

Desde que se inició el caso a la fecha, ¿cuántos son los investigados?
Nosotros tenemos en la carpeta principal trece investigados de los cuales doce tienen orden de prisión preventiva y uno con comparecencia. Dentro de los doce, uno se encuentra con [orden de] captura internacional. Posteriormente se abrió una carpeta conexa y allí tenemos cinco procesados, todos con comparecencia.

En este año de investigación, ¿qué es lo que se ha identificado de manera tangible?
La investigación que inicialmente parecía estar circunscrita a un distrito fiscal, como es la corte del Callao, ahora con el avance de las investigaciones y [por la información proveniente] de la colaboración eficaz, vemos que se trata de círculos de poder que de manera organizada tienen la finalidad de [lograr el] copamiento del sistema de justicia. El otro lado es la vinculación política que tienen algunos interesados precisamente como un acuerdo de impunidad entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso de la República que son quienes los investigan.

¿En qué consisten esos vínculos?
Existen vinculaciones contractuales de algunos ex consejeros con alguna fuerza política, existen vinculaciones [a través de llamadas] telefónicas, reuniones que se habrían llevado a cabo y que estamos precisamente en proceso de corroboración. Una vez que se tengan los elementos de corroboración se elevará el informe completo a la Fiscalía de la Nación.

¿El ex juez supremo César Hinostroza sigue siendo la cabeza de esta organización criminal?
Esa era la hipótesis inicial, pero con el avance de estas investigaciones podemos ver más círculos del poder y cada uno tiene un rol específico. Entonces, el señor Hinostroza forma parte del círculo de poder del Poder Judicial. [Por tanto], no es una organización estamentada jerárquicamente. Estas son redes de corrupción que se interceptan, esa es la complejidad de esta investigación.

¿Cuántos audios se han escuchado y cuántos faltan?
Hemos avanzado un 90%. La unidad policial está haciendo reescuchas y estamos por culminar. Habrá que determinar cuáles son para hacer ampliación e imputaciones a los diferentes investigados y cerrar lo que serían los hechos ilícitos materia de investigación.

¿Podemos saber cuántas carpetas de colaboración eficaz existen en el Caso Los Cuellos Blancos?
Tenemos más de tres [colaboradores]. Hay otros que están postulando, que se está evaluando. Todo guarda relación con la importancia de la información, la oportunidad de la misma y qué acción nos permite hacer.

¿Qué significa el Caso Cuellos Blancos para usted?
Una refundición [hundimiento] del sistema de justicia. Eso es para mí este caso.