La reciente solicitud de impedimento de salida del país por ocho meses contra el ex alcalde de Lima Luis Castañeda no viene como un hecho inesperado o sorpresivo.

El Ministerio Público, a través del fiscal Carlos Puma, hizo este pedido ante el Poder Judicial tras haber acumulado indicios de posible corrupción durante el tercer período frente a la municipalidad del representante de Solidaridad Nacional (SN). La prohibición de abandonar el país alcanzaría también a los funcionarios edilicios de entonces Giselle Zegarra, Jaime Villafuerte, Bruno Lucchetti y Martín Bustamante, además del ex parlamentario José Luna Gálvez, anterior dirigente de SN, actual líder del partido Podemos Perú y propietario de la Universidad Telesup.

En el documento presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del sistema anticorrupción, la fiscalía intentó reconstruir el tinglado sobre el que se habría levantado, según tesis fiscal, un sistema para recibir dinero a cambio de negociaciones y adendas favorables a la empresa concesionaria. Colaboradores eficaces indicaron que, en las elecciones del 2014, hubo coordinaciones entre Leo Pinheiro, de OAS, y Castañeda para que la constructora brasileña aporte US$220 mil, hecho que se habría consumado a través de Bustamante.

El fiscal Puma anota, también, que se favoreció a OAS a través de modificaciones en los contratos de concesión del proyecto Línea Amarilla y del proyecto Río Verde, además de poner en marcha irregularmente el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio. El momento de algunas de estas negociaciones es en sí mismo cuestionable, pues se dieron antes de que el alcalde asumiera funciones. Y, como para cerrar el círculo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala, en el documento de la fiscalía, que el ex burgomaestre tuvo ingresos por S/1’759.800 entre el 2011 y el 2016, en buena medida por cobros de cheques girados por la Universidad Telesup. Se sospecha, por supuesto, que estos habrían sido fondos encubiertos de OAS.

Si bien el proceso aún está en una etapa inicial, las pruebas y secuencia lógica expuestas hasta ahora por el Ministerio Público merecen una evaluación seria y, sobre todo, explicaciones claras de parte de los involucrados. Fiel a su estilo hermético, sin embargo, el ex alcalde y su equipo han evitado a la fecha pronunciarse al respecto, y lo mismo han hecho sus representantes legales. Es comprensible que se quiera preparar una defensa legal sólida para las audiencias antes de improvisar respuestas para la prensa, pero también es cierto que los silencios en casos como estos, en ocasiones, delatan más que las palabras.

A estas alturas, la coyuntura ha acostumbrado al país a ver a muchos de sus principales líderes políticos atascados en medidas cautelares y procesos por corrupción sumamente serios vinculados a obras de infraestructura o aportes de campaña. Esta coyuntura, además, tiene pocos visos de agotarse próximamente en vista de la regularidad de los nuevos destapes y de la lentitud del sistema de justicia peruano. En tal contexto, la solicitud de la fiscalía en contra de Castañeda –aunque con las particularidades propias de su caso– sería una más de una lista que incluye ya a ex presidentes, candidatos presidenciales, alcaldes, gobernadores regionales, ministros, etc. Quizá lo más riesgoso de este inventario de acusaciones y sospechas sea que el país empiece a normalizar situaciones que no porque hoy parezcan repetirse deberían dejar de ser igualmente escandalosas.