Roberth Orihuela

“¿Qué se creen estos, que están con chunchos?” Así emplaza el director del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Huber Valdivia Pinto, a los directivos de Cobra. Esta empresa de capitales españoles está a cargo de la construcción de Majes Siguas II. Planteó la firma de la adenda 13 para reactivar el proyecto irrigacional. Ese compromiso adicional demanda el cambio del futuro sistema para irrigar las pampas de Siguas. Pero no es gratuito, cuesta 104 millones de dólares, lo que encarecerá más esta obra irrigacional. Con ese adicional costará más de US$ 654 millones.

Cobra pretende reemplazar canales por tuberías selladas. Esa medida reducirá la evaporación del agua. Sin embargo, esta cantidad, según los estimados de la empresa, no llega ni al millón de metros cúbicos al año (0.026%). La represa Angostura almacenará mil millones de metros cúbicos, cantidad a administrarse en forma bianual. ¿Justifica gastar 104 millones para tan poca agua?

“No tiene sentido”, explica Valdivia.

Este es el principal cuestionamiento que hace el PSI a la adenda 13 en un informe que envió primero a la exgobernadora regional Yamila Osorio. El documento también lo tiene el gobernador Elmer Cáceres Llica.

El director del PSI cuenta que el año pasado, cuando se le pidió al presidente Martín Vizcarra la reactivación de Majes II, la gobernadora anterior recurrió al Minagri para que elabore un informe de la adenda 13. Lo hizo el PSI y cuando lo entregó a Osorio, esta dijo que no era vinculante.

Valdivia le preguntó: “¿Por qué recurres a mí entonces? ¿Querías que coincida contigo? Pero no coincidimos pues”. El funcionario relató esto en una entrevista con La República.

En ese entonces el informe tenía 25 observaciones. Luego se condensaron en 11. Muchos prefirieron encarpetarlo, incluso congresistas que escucharon la exposición de Valdivia.

La República accedió al documento completo, cuyo eje central es el cuestionamiento a la inversión para ahorrar tan poca agua. Pero también hay otras observaciones.

1| Más tiempo de construcción

La adenda 13 plantea que el tiempo de construcción del proyecto se alargue ocho meses más: de 3 años y 8 meses que estipula el contrato inicial, a 4 años y medio por la implementación del cambio tecnológico.

“Pero no sustentan técnicamente en cuánto se incrementará el presupuesto de esa ampliación; los gastos generales, el pago a la supervisión”, indica el director del PSI.

Según el congresista Horacio Zeballos, el costo de US$ 104 millones no estaría incluyendo estos y otros gastos. “No sabemos cuánto más podría extenderse estos costos sin contar los intereses que pretende sacar Cobra, podrían ser unos US$ 145 millones”, agrega.

La empresa propone asumir el costo del cambio tecnológico pero lo recuperarían con la venta de tierras.

2| Costos altos en mantenimiento

Cobra plantea en el contrato inicial, con canales abiertos, un costo de distribución y mantenimiento del agua ascendente a US$ 4.5 millones anuales aproximadamente. Luego aumentó a US$ 6.5 millones. Esto incluía la contratación de personal para evitar el robo de agua, la limpieza de los canales, entre otras actividades.

Pero con el cambio tecnológico “este costo debería reducirse. Pero no dicen nada sobre ello”, indica Huber Valdivia.

El especialista también refiere que el costo del agua por hectárea en Majes Siguas II será de más de 3 mil soles al año. “Esto es abismalmente diferente de lo que pagan en Las Pampas de Majes o en San Camilo. Ahí oscila entre los S/ 250 al año por hectárea”, explica.

Valdivia pone un ejemplo. El agricultor que, en el mejor de los panoramas, adquiera 10 hectáreas, recibiría una dotación de 14 mil metros cúbicos al año por hectárea. En Majes I reciben 22 mil m3 para esa misma extensión de tierra. “Además, tendría que sembrar uva o paltas, con un consumo menor de agua, y asumir dos años de pérdida. Tendrá que hacer una inversión enorme”, agrega Valdivia.

3| Sin seguro de destrucción

Lo que la concesionaria plantea como un seguro por eventos geológicos no pasa de los US $ 34.5 millones. Valdivia señala que en la adenda no se analiza el valor referencial de dichos eventos. Tampoco se especifica qué tipo de desastres tendría que asumirse con ese monto. Podrían ser terremotos, una falla geológica o la erupción del volcán Sabancaya. Pero no se especifica.

“Podrían decirnos que los túneles de traslado son muy antiguos. Gran parte de la obra data de hace 40 años. Pero eso se debe especificar en la adenda”, agrega Valdivia.

4| Mayor presión de agua

Otro punto importante en el nuevo diseño que plantea la empresa para el sistema de riego de la irrigación es el cambio en la presión del agua.

Valdivia lo explica con manzanas. En el diseño inicial con canales abiertos, el canal principal se ubicaba a una altura, por ejemplo, de 1 800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y los reservorios a 1 760 msnm. La diferencia era 40 metros. La presión en ese lapso es controlable y llega de igual forma para las parcelas. En un máximo de 30 puntos de presión.

Sin embargo, con el nuevo diseño que propone Cobra, la diferencia de altura entre el canal principal y el reservorio será de hasta 120 metros. “La presión que se generaría sería insoportable para la tubería. Simplemente explotaría”, indica.

Es más, el PSI observa que la adenda no incluye el diseño de las tuberías troncales y un sistema de reducción de presión.

“Ellos quieren aplicar reguladores de presión, pero ya se ha comprobado que eso no funciona. En San Camilo se quiso aplicar lo mismo pero no duró ni 6 meses. No sirve”, indica Valdivia.

Tampoco la empresa brinda un plan de gestión de riesgo en caso se rompa una tubería. En este caso, se tendría que colocar tubos de 2.4 metros de diámetro. Comparando con los problemas que causan en San Camilo tubos de 50 centímetros, imaginemos el daño en los tubos para Majes II.

A esto se incluye que no se hace análisis del costo de las tuberías que se necesitarían para soportar tremenda presión, ni cómo se amenguaría el daño a los agricultores en caso de una rotura.

5| Reservorios y botaderos

Para el almacenamiento del agua, antes de distribuirla, se construirán reservorios. El contrato inicial proponía estructuras de concreto armado, que pueden ser fácilmente limpiadas de los sedimentos de tierra y arena con tractores. Pero en el cambio tecnológico la empresa propone reservorios con geomembrana (polietileno), a los que no se puede meter tractor.

En la adenda 13 tampoco se especifica cómo es que se dará mantenimiento a estos reservorios de geomembrana. “En Chavimochic utilizan esa tecnología pero tienen dos reservorios. Cuando uno se llena de sedimentos utilizan el otro. Luego cambian la geomembrana. Pero eso no se explica en la adenda. Tampoco se analiza la durabilidad y vida útil de estos reservorios”, indica el director del PSI.

Cuando un reservorio es limpiado, los desechos tienen que ser llevados a algún lado. En el caso de la adenda, se indica que se llevará los desechos a una quebrada, pero no se indica cuánto podrá soportar. “Vamos de ‘Guatemala a Guatepeor’. Al final se escurrirán en la Panamericana Sur”, señala.

6| Siempre la presurización

Finalmente, un punto clave con el que se vende la adenda 13 es que el cambio tecnológico considera la presurización para el sistema de riego. Pero el PSI advierte que esta tecnología siempre estuvo considerada en el proyecto de la irrigación, y que además siempre estuvo a cargo de la empresa.

“Nos quieren echar tierra en la cara. Esto es algo que siempre estuvo considerado y ahora se quiere vender como una novedad”, puntualiza Huber Valdivia.

Todas estas observaciones fueron enviadas al Gobierno Regional de Arequipa hace 8 meses. Las tuvo en sus manos primero la exgobernadora Osorio, quien al notar que no eran favorables las desestimó y declaró que la opinión del PSI no era vinculante. Es decir, que no era importante tomarla en cuenta.

Ahora el documento también lo tiene el gobernador Cáceres Llica. Este, en su campaña, arengaba un no rotundo a la cuestionada adenda. Luego su opinión cambió. Tal vez tenga que ponerse a leer a fondo el informe del PSI que tiene en su despacho.