María Isabel Álvarez

La defensa legal de Keiko Fujimori intentará, una vez más, revocar los 36 meses de prisión preventiva que ordenó el juez Richard Concepción Carhuancho el 31 de octubre del año pasado a pedido del fiscal José Domingo Pérez.

En audiencia pública, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará el viernes 5 de julio el recurso de casación que interpuso la abogada Giuliana Loza para que la lideresa de Fuerza Popular recupere su libertad.

Fujimori Higuchi lleva ocho meses detenida en el penal de Mujeres de Chorrillos, en medio de una investigación por los presuntos aportes de Odebrecht a su campaña electoral del 2011.

Los jueces supremos también revisarán los recursos de casación de Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari y Luis Mejía, sindicados como integrantes de la presunta organización criminal que lideraría Keiko Fujimori para lavar activos ilícitos de la constructora brasileña.

—Proceso—
La casación es el segundo recurso con el que Keiko Fujimori buscará salir de prisión.

La orden dictada por el juez Concepción Carhuancho fue apelada por la defensa ante la Segunda Sala de Apelaciones, presidida por el juez superior César Sahuanay.

En esta instancia, la impugnación no prosperó y la prisión preventiva fue confirmada en enero pasado. El tribunal ratificó que Keiko Fujimori debe continuar en prisión mientras es investigada por presunto lavado de activos.

Con este rechazo, la abogada Giuliana Loza decidió recurrir a la Corte Suprema, la máxima instancia del Poder Judicial, para conseguir la liberación de su defendida.

En febrero, la letrada presentó la casación. Dos meses después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso a trámite, para dar paso a la discusión de fondo sobre el caso de Fujimori.

En la audiencia de casación, las partes expondrán sus argumentos ante la sala. No estará presente ninguno de los investigados. De ser rechazado el recurso, solo quedará una instancia final: el Tribunal Constitucional.

—Pedidos—
A pesar de un pedido del equipo especial Lava Jato para que se aparte del caso, la defensa de la posición del Ministerio Público estará a cargo del despacho del fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, presuntamente vinculado al caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

El procurador de Lavado de Activos, Miguel Sánchez Mercado, solicitó ayer al fiscal que se excuse de participar en la audiencia, para “evitar que surja cualquier tipo de duda o cuestionamiento sobre su desempeño”.

Cabe recordar que el juez supremo Aldo Figueroa ya no será parte de la sala que evaluará la casación, después de que el tribunal aceptara su inhibición, ante la presunta implicancia con la sindicada red criminal del Callao.

—Criterios—
Para el ex procurador Iván Meini, el escenario ideal sería que la audiencia de casación se realice después del 9 de julio, día en que se desarrollará un pleno casatorio, en el que todos los jueces supremos se reunirán para fijar criterios sobre la prisión preventiva.

“Lo ideal hubiese sido que la audiencia sea posterior al pleno casatorio y que con el pleno se resuelva la casación de Keiko Fujimori”, declaró a El Comercio.

En este punto coincidió el abogado penalista Vladimir Padilla, quien dijo a este diario que “lo más saludable hubiera sido esperar el 9 de julio y con esos criterios fijados ya desarrollar la audiencia de casación”.

A través de su cuenta de Twitter, Giuliana Loza manifestó su expectativa por la próxima audiencia. “Expondremos nuestros argumentos de defensa”, escribió.