Por: Carlos Neyra

La Corte Suprema de Justicia notificó un año después a la Procuraduría ad hoc para el Caso Lava Jato que declaró inadmisible un recurso de casación que presentó en el 2018 para incorporar a Odebrecht como responsable civil solidario en la investigación por el gasoducto del sur, a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia.

En agosto del 2017, hace casi dos años, el fiscal Abia presentó ante el Poder Judicial una acusación contra Edgar Ramírez, ex presidente del Comité Especial de Pro Inversión, y Claudia Hokama, representante del consorcio que lideró Odebrecht, por presuntamente haberse coludido en el otorgamiento de la buena pro del Gasoducto del Sur para favorecer a la empresa brasileña, durante el gobierno del ex presidente Ollanta Humala. Solicitó siete y seis años de cárcel, respectivamente.

La procuraduría ad hoc informó a El Comercio que esta acusación estuvo paralizada pues no fueron notificados por la Corte Suprema sobre la negativa a un recurso presentado para incorporar a Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, empresa subsidiaria de Odebrecht, como tercero civil responsable.

“Justo nos han notificado recién [el 20 de junio] la resolución de la Corte Suprema que declara inadmisible nuestro recurso de casación. Ante esa decisión estamos evaluando presentar una acción de amparo porque consideramos que, en realidad, la empresa [subsidiaria] de Odebrecht debe estar incluida como tercer civil responsable en el caso gasoducto” sostuvo a este Diario la procuradora adjunta Silvana Carrión.

Según el sistema en la web de la Corte Suprema que consultó El Comercio, la procuraduría ad hoc presentó, el 11 de enero del 2018, un recurso de casación que fue derivado a la Primera Sala Penal Transitoria. El 22 de junio de ese año, la sala que estuvo encabezada por el actual presidente del Poder Judicial, el juez supremo José Luis Lecaros, declaró inadmisible el pedido. La resolución fue emitida el mismo 22 de junio. Pero fue publicada el 21 de junio pasado. Un año después.

¿Por qué la incorporación de la subsidiaria de Odebrecht ha sido resuelta por la Corte Suprema? Carrión explicó que, cuando el fiscal Abia presentó su acusación por el caso gasoducto del sur, la ex procuradora Katherine Ampuero solicitó la incorporación ante la magistrada Ingrid Morales del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria. No obstante, el pedido fue desestimado porque, según la jueza, estaba fuera del plazo de ley.

“[Ampuero] pidió [la incorporación] el mismo día que se cerraba la investigación preparatoria. Ahí hubo todo un trámite de interpretación. El juzgado de primera instancia dijo ‘lo ha presentado fuera de plazo’” explicó Carrión a este Diario.

Desde entonces, iniciaron las impugnaciones que terminaron en un recurso de casación ante la Corte Suprema, que un año después notificó su rechazo. Mientras tanto, la acusación que presentó Abia contra Edgar Ramírez y Claudia Hokama por el delito de colusión no avanzó hasta ayer. Fuentes fiscales confirmaron que el juzgado ha notificado el control de acusación, paso previo al juicio oral, para el 4 de julio.

El Poder Judicial respondió a este Diario, a través de su Oficina de Comunicaciones, que el recurso fue rechazado porque la Procuraduría ad hoc debió presentar una casación extraordinaria y no ordinaria, por el tipo de delito.

Sobre la demora en la notificación, señalaron, sin más detalles, que Lecaros devolvió el expediente firmado a la relatoría en agosto del 2018.

–La otra empresa–
En el 2017, cuando la entonces procuradora ad hoc Katherine Ampuero pidió la incorporación como tercero civil responsable a la subsidiaria de Odebrecht, también tomó una decisión respecto a la otra empresa que conformaba el Consorcio Gasoducto Sur Peruano.

En la resolución a la que accedió este Diario, la defensa del Estado desistió de incorporar a la firma española Enagás. Esto fue confirmado por la actual procuradora adjunta Carrión.

“La empresa española tenía sucursal en el Perú. Pero la Procuraduría en ese momento hizo el pedido por Infraestructura de Transporte por Ductos de Odebrecht. Pero la procuraduría en ese momento no la incluyó en ese pedido”, dijo.

Enagás, empresa que conformó el consorcio que se adjudicó la buena pro de la obra Gasoducto del Sur, informó en enero 2018 al mercado de valores de España que interpuso un arbitraje contra el Estado peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para recuperar US$ 500 millones que invirtió en el Perú.