Graciela Villasís Rojas

El fiscal del equipo especial Lava Jato José Domingo Pérez presentó el último lunes ante el Poder Judicial la acusación contra Jorge Cuba Hidalgo, quien fue viceministro de Transportes y Comunicaciones (MTC) del segundo gobierno aprista, y otras seis personas que se habrían beneficiado con la adjudicación de los tramos I y II del metro de Lima al consorcio Tren Eléctrico, formado por las constructoras Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero.

Pérez solicitó 25 años y 10 meses de prisión para Cuba y los otros procesados: Mariella Huerta Minaya, Edwin Luyo Barrientos y Santiago Chau Novoa, ex integrantes de los comités para el proceso de selección, y Miguel Navarro Portugal, ex funcionario del MTC.

También para dos personas del entorno del ex viceministro: su sobrino Víctor Muñoz Cuba y su ex pareja Jessica Tejada Guzmán.

A todos ellos se les imputan los delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

La acusación fiscal, a la que accedió El Comercio, consta de 430 páginas y establece la participación y beneficio económico que habría recibido cada uno de los procesados por parte de Odebrecht para que esta fuera beneficiada con las licitaciones.

Esta acusación, la tercera del equipo Lava Jato, sindica a Cuba, “quien ejercía el cargo de viceministro del MTC […], de haber ofrecido a Antonio Carlos Nostre Junior [intermediario de Jorge Barata, representante de la empresa Odebrecht] interceder ante los miembros del Comité Especial de la Licitación conformada por Santiago Chau […], Mariella Huerta, Edwin Martín Luyo Barrientos […], para el otorgamiento del proyecto del metro de Lima-línea 1, tramos I y II”, indica el documento.

Según la tesis fiscal, los implicados gestionaron y administraron cuentas bancarias de las empresas ‘offshore’ Hispamar International Corp, Julson International S.A., Notrex, Oblong International INC, Aeron Group INC y Klienfeld Service.

La acusación fiscal indica que “la empresa Odebrecht transfiere activos de la División de Operaciones Estructuradas a las sociedades de papel vinculadas a Jorge Cuba y su sobrino Víctor Muñoz Cuba por el monto de US$6’700.000”.

Según el documento, Luyo y Huerta recibieron US$1’200.000 de la constructora a través de la ‘offshore’ Oblong International. Ambos acordaron distribuirse ese dinero en porcentajes de 75% y 25%, respectivamente.

Además, Chau recibió la suma de US$400.000 por su participación como integrante del comité de selección que otorgó el primer tramo del metro de Lima.

A Tejada, ex pareja de Cuba, y a Navarro Portugal se les imputa ser los beneficiarios finales de la cuenta abierta por la ‘offshore’ Julson International en la Banca Privada de Andorra (BPA), usada para recibir los pagos ilícitos de Odebrecht.

La constructora brasileña transfirió a esa cuenta US$500.000, monto que generó intereses por US$60.000.

Según la acusación, Odebrecht habría usado a la BPA para pagar los sobornos por las licitaciones, utilizando a las mencionadas empresas ‘offshore’.

“Para la recepción de los activos ilícitos que procedían de la División de Operaciones Estructuradas, Antonio Carlos Nostre Junior y Barata (funcionarios de la referida empresa) y Jorge Cuba, en contubernio con sus coimputados, acordaron la creación de una cuenta en una sociedad ‘offshore’ para la recolección de los activos ilícitos, motivo por el cual Luiz Eduardo da Rocha Soares (funcionario de la referida división) recurre a los funcionarios de la Banca Privada de Andorra, Andrés Norberto Sanguinetti Barros y Francesc Xavier Pérez Giménez”, se detalla en el texto.

—Solicitan ampliar prisión preventiva—
La fiscalía ha solicitado además la prolongación del plazo de prisión preventiva por seis meses –hasta completar los 36 meses que permite la ley– contra Jorge Cuba, Edwin Luyo y Miguel Navarro, puesto que las medidas dictadas en su contra vencen en julio.

El fiscal Pérez también ha solicitado la desacumulación, en dos procesos, de la investigación: por lavado de activos, por un lado, y por el otro, por delito contra la administración pública, puesto que la mayoría de los implicados son ex funcionarios.

En la acusación además se pide que los implicados y los terceros civilmente responsables, las empresas –Norberto Odebrecht y Graña y Montero– paguen una reparación civil, cuyo monto todavía no se ha determinado.

El documento se sostiene en los testimonios de 104 ciudadanos peruanos, entre ex funcionarios del Ministerio de Transportes, Provías, OSCE; además de los policías que participaron en los allanamientos.

Asimismo, se han recabado las versiones de cinco personas en el extranjero. Tres de ellos son ex ejecutivos de Odebrecht: Barata, Carlos Nostre y Luis Eduardo da Rocha Soares. Los otros son los ex directivos de la Banca Privada de Andorra Andrés Norberto Sanguinetti y Francesc Xavier Pérez Giménez.

También se cuentan con documentos que respaldan esta investigación.
—Los otros implicados en la acusación por el metro de Lima—

Ex miembros de los comités de licitación, un ex funcionario del MTC y personas del entorno de Jorge Cuba también fueron acusados.

Mariella Huerta Minaya
Ex presidenta del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro. Está prófuga.

Edwin Luyo Barrientos
Ex miembro del segundo comité para el proceso de selección del tramo II del metro. En prisión preventiva.

Santiago Chau Novoa
Ex integrante del primer comité para el proceso de selección del tramo II del metro. Prófugo de la justicia.

Víctor Enrique Muñoz Cuba
Sobrino del ex viceministro Cuba. Abrió una cuenta para la ‘offshore’ Hispamar. Cumple prisión preventiva.

Miguel Navarro Portugal
Ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cumple orden de prisión preventiva.

Jessica Tejada Guzmán
Ex pareja de Cuba. Se la sindica de ser la beneficiaria final de la cuenta de la ‘offshore’ Julson. En libertad.