Karem Barboza Quiroz

El acuerdo firmado y homologado esta semana por el Poder Judicial del Perú, entre la Constructora Norberto Odebrecht y el Equipo Especial Lava Jato, contempla diversas cláusulas que los colaboradores eficaces deberán cumplir bajo la advertencia de revocarse su beneficio.

Según el documento al que accedió El Comercio y que fue firmado por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, los beneficiarios con dicho acuerdo son el ex director de Odebrecht en Perú Jorge Barata, y otros ex funcionarios brasileños como Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior y la misma empresa Norberto Odebrecht como persona jurídica.

El acuerdo detalla que las personas naturales, es decir los cuatro ex funcionarios de Odebrecht, quedarán exentas de pena y que tampoco pagarán reparación civil, pues esta será asumida por la empresas Norberto Odebrecht, Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y Odebrecht Peru Ingeniería y Construcciones SAC.

“Se detalla que, por acuerdo de partes, el pago de la primera cuota extingue la responsabilidad civil en relación a los colaboradores eficaces (personas naturales: Jorge Henrique Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior), manteniéndose la solidaridad respecto de las precitadas empresas”.

-Pago de daños y suspensión de acuerdo-

El documento detalla que los S/610 millones comprenden daño patrimonial y extrapatrimonial. Este dinero, detalló la jueza en el acuerdo, será “cancelado en quince armadas”.

Y, de acuerdo al cronograma de pago acordado con la empresa brasileña, los pagos se realizarán hasta el 2034.

Como ya se conoce, esta reparación es por los proyectos “Construcción de la Vía Costa Verde-Tramo Callao”, “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de la avenida Evitamiento de la Ciudad del Cusco”, “corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2 y 3” y “Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima-Callao Línea 1, Tramos 1 y 2”.

El documento también establece que entre las obligaciones que deberán cumplir los colaboradores eficaces, estará la de “no cometer nuevo delito doloso dentro de los diez años siguientes de habérsele otorgado el beneficio”.

Otras obligaciones consisten en informar de todo cambio de residencia al Ministerio Público y de ejercer oficio, profesión u ocupación que sean lícitos.

“Corresponde al Ministerio Público el control de su cumplimiento; y su informe al órgano jurisdiccional en los términos que la ley ha reservado. Precisándosele a los sentenciados que en el supuesto de incumplirlas, la fiscalía podrá solicitar al juez que otorgó el beneficio premial su revocatoria”, advirtió la jueza Álvarez Camacho en el Acuerdo de Colaboración.

Como se recuerda, en diciembre del 2016, la empresa Odebrecht reconoció ante las autoridades de Estados Unidos el pago de sobornos en el Perú por hasta US$29 millones entre el 2005 y el 2014 a funcionarios gubernamentales “con el fin de obtener contratos de obras públicas”.

Dos años y medios después, el acuerdo de colaboración con el Perú y la empresa brasileña, se cerró.