Juan Pablo León Almenara

Antes de entrevistar a la ministra de Transportes, María Jara, decidimos recorrer centros médicos autorizados por el gobierno que evalúan a los postulantes a licencia de conducir. Fue fácil conseguir la copia de un examen psicológico que contempla preguntas con alternativas como:

1. “El pájaro canta, y el perro…”
2. “Treinta es el triple de…”
3. “Lo contrario de arriba es…”Estos test, según psicólogos, no detectan casos de psicopatía u otros trastornos. Los conductores del Perú no tienen el mínimo filtro psicológico ni médico para estar al volante. Sin embargo, este es solo uno de los problemas que por años descuidó el Ministerio de Transportes (MTC).

Hoy la ministra lo declara todo para El Comercio: desde revisiones técnicas por delivery hasta empresas de transporte vinculadas al narcotráfico.

—Por años ha habido un divorcio entre el MTC y el transporte en sí mismo. La consecuencia es que ahora todos los servicios privados que rodean al tema vial se han convertido en solo negocios: empresas fachada para obtener brevetes, revisiones técnicas por delivery…
Los temas de seguridad vial no han estado suficientemente atendidos por el MTC. Hay una normativa que se emitió en los años 90 que privilegió el acceso de empresas en los distintos segmentos del mercado: centros médicos para brevete, plantas de revisión técnica… Son negocios. Necesitamos un cambio estructural. Ya estamos trabajando el marco regulatorio de este tipo de actividades económicas para migrar de un sistema de autorizaciones a uno de concesiones. Suena muy jurídico pero no lo es: una concesión permitirá que cualquier incumplimiento [por ejemplo, un examen de manejo con coima] pueda acarrear la pérdida de todo el contrato.

—Una planta de revisiones técnicas que emite certificados irregulares (sin evaluar el vehículo) solo recibe como sanción una suspensión de 30 días. Por cosas menos graves –la presencia de un insecto en una pizza– han cerrado toda una cadena de restaurantes.
Por eso, de lo que se trata es corregir estructuralmente y no con parches, que es lo que se ha venido haciendo. Pero como no podemos esperar a que se haga todo ese cambio estructural, ya estamos tomando medidas para poder implementar sistemas de monitoreo.

—Los infractores tienen demasiados recursos legales para reclamar sus papeletas en el SAT, congelando su efecto sancionador y continuando al volante impunemente. ¿Qué harán al respecto?
Estamos culminando el desarrollo de un sistema que permita notificar automáticamente y acelerar el proceso. El MTC ya está trabajando en ese sistema informativo. Hay la tendencia a pensar que una sola medida va a solucionar todo el problema [del transporte]. Esta es una enfermedad, un problema que se ha gestado por 20 años de desatención.

—El transporte puede estar incluso vinculado al narcotráfico. La campaña #NoTePases de El Comercio reveló que una empresa de buses del corredor verde tiene vínculos con investigados por narcotráfico en el Vraem. ¿Cómo sucede algo así?
Esa preocupación la debes tener siempre. ¿Tú crees que es gratis que una gran cantidad de colectivos en las carreteras o en la ciudad tengan las mismas características [la mayoría son minivanes]? Tú has hablado de un aspecto delictivo y se lo vamos a comentar a Humberto Valenzuela (titular de la ATU), pero el caso debe tenerlo la fiscalía.

—Regreso a los brevetes. Si ya es fácil sacar uno irregular en Lima, en el interior del país prácticamente te regalan uno. El problema es que esta labor está a cargo de los gobiernos regionales, y el MTC siempre ha dicho que “no puede intervenir”.
Sí se puede. Ha sido una costumbre del Estado transferir competencias y luego desligarse del tema. Eso no es así. Si tú transfieres, debes monitorear. Debemos meter mucha tecnología. Al MTC no solo le interesa Lima, sino todas las ciudades. Ya estamos culminando la Política Nacional de Transporte Urbano y un programa de transporte no motorizado, que apoyará con asistencia técnica a varias regiones para sus sistemas integrados de transporte.

—Los conductores de transporte público son agresivos y cometen muchas infracciones, pero las papeletas no sirven para nada. ¿Cómo disuadirlos? En El Comercio hemos denunciado que la aplicación de puntos en contra en el brevete no aplica para el transporte público [combis] sino solo para el conductor particular que comete multas de tránsito.
Yo me voy más atrás. En Lima no deberíamos tener combis desde el 2016. Por eso es importante que en el transporte público vaya a un sistema integrado hacia las concesiones y a la salida de las empresas ‘cascarón’. ¿Sabes cómo vamos a disuadir ahora a los infractores? Cuando acumulen un par de accidentes y se le caiga la concesión a toda la empresa. Más disuasión que eso no hay. Es un modelo distinto.

—Un ejemplo de impunidad es la empresa La Nueva Estrella, que debe casi ocho millones de soles en papeletas al SAT, tiene una flota pirata paralela y arrastra varios accidentes. ¿Cómo frenar estos casos?
Esta empresa no debería estar en el mercado con autorización. Porque ya debimos haber concesionado las rutas. El problema es que en el 2015 y 2016 [en la gestión municipal de Luis Castañeda] se ampliaron las autorizaciones a todas las empresas de transporte de Lima. Ahora la decisión es salir de ese sistema de autorizaciones para pasar a un modelo de concesiones [en el transporte urbano]. Es el camino que va a seguir la ATU.

—La gestión de Luis Castañeda amplió las autorizaciones a todas las combis de Lima hasta diciembre del 2019. ¿Qué va a pasar ahora? ¿La ATU va a volver a ampliarlas?
Para implementar un sistema integrado de transporte, hay que hacer todo un proceso de concesión. Para eso se tiene que estructurar un paquete de rutas y ver las reglas de juego. Luego se tiene que presentar el proceso, comprobar que sea legítimo, pasar por control del MEF y comprar las opciones de participar y ganar el concurso. Eso de aquí a diciembre va a ser difícil. Lo sensato es que se prorroguen las habilitaciones [a las combis] en la medida en que las concesiones se vayan trabajando.

—En La Victoria hay más terminales terrestres que en todas las capitales de América Latina juntas, autorizados por el MTC. ¿Cómo piensan resolver esto?
Debemos caminar hacia terminales en la periferia de la ciudad. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana. En un proyecto de ley buscamos que se declaren como infraestructura pública para fomentar la inversión privada hacia megaterminales.

—El Consejo Nacional de Seguridad Vial, la única entidad del gobierno que velaba por la educación vial, está desactivada. ¿No debería ser la educación vial incluso hasta un curso obligatorio en los colegios?
Claro. Eso es parte del proyecto de ley que estamos incorporando. La educación vial tiene que estar en todo el currículo educativo.

—¿Cómo planea llevar a cabo las licitaciones para la obras de infraestructura, considerando que las principales empresas constructoras están involucradas en acusaciones de corrupción?
Lo que estamos haciendo es generar los mecanismo que permitan desterrar esos espacios de corrupción. Hace unos días yo he pasado le prueba del polígrafo, y de esa manera van a pasar todos los funcionarios. Eso nos va a permitir eliminar la desconfianza. Otra de las medidas será filmar todos los actos en los que se entregan obras y se autorizan, son actos públicos.

ASESOR DE JARA ESTUVO VINCULADO AL CASO DE PAPELETAS FANTASMAS
En el 2017, el entonces jefe de la Sutrán Héctor Rubio fue retirado del cargo por Martín Vizcarra (ex titular del MTC y vicepresidente) tras el escándalo sobre la imposición de papeletas fantasmas por parte de inspectores a conductores que no eran notificados.

Hoy Héctor Rubio es el asesor de la ministra de Transportes, María Jara. La funcionaria confirmó que ese caso fue archivado y justificó su presencia en el despacho ministerial. “El tema de las Papeletas fantasmas fue un hecho que fue investigado en la fiscalía y ahí se declaró la inocencia del señor Rubio y la mía. Él tiene capacidad, conocimiento y es de mi confianza”, sostuvo.