1. Los orígenes

El término femicidio1 fue introducido en el debate político por la conocida socióloga feminista Diana Russell en el año 1976 con motivo de la celebración en Bruselas del simbólico Tribunal Internacional de crímenes contra la mujer2 y se concretó años después en el libro Femicide: The Politics of Woman Killing, que publicó en 1992 en colaboración con Jill Radford3. Con ese concepto pretendía dar visibilidad a un problema extendido por todo el mundo al que generalmente la sociedad no presta atención: «el asesinato4 de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres» o, como lo definió años más tarde, «el asesinato misógino de mujeres por hombres»5.

La vinculación del femicidio con la misoginia es frecuente en los escritos feministas y quiere poner de manifiesto que muchas muertes violentas de mujeres están motivadas por el odio, el desprecio o el sentimiento de posesión que hacia ellas experimentan los hombres en el contexto de la sociedad patriarcal6. Una característica que en la década de 1990 llevó a un sector del feminismo anglosajón a reclamar la inclusión de este tipo de muertes entre los llamados delitos de odio (hate crimes)7, es decir, aquellos crímenes basados en motivaciones discriminatorias que encuentran su razón de ser en los prejuicios que experimenta el autor hacia determinadas notas identitarias de sus víctimas, como su etnia, nacionalidad o género8. Con ello se buscaba alcanzar el reconocimiento social del origen sexista de los femicidios tal como se estaba consiguiendo con los crímenes homófobos, xenófobos o de motivación antisemita. Pero la idea no tuvo la aceptación que se esperaba9.

En todo caso, al margen del siempre complejo debate sobre los hate crimes, parece haber cierto consenso sobre la utilidad de la categoría del femicidio para dar nombre a un problema social de dimensiones aun desconocidas con el fin de que la sociedad lo conozca y lo reconozca, como sucedió con otros atentados a los derechos humanos de las mujeres que también permanecían en la sombra10. Se trata de resignificar la muerte violenta de muchas mujeres desde una perspectiva de género para poner de manifiesto que no son hechos aislados atribuibles a factores puramente individuales sino que responden a causas estructurales, a la sumisión en que la sociedad patriarcal sitúa a las mujeres como colectivo subordinado. Con ello se persigue, entre otras cosas, romper con la tendencia a justificar de forma velada ciertas muertes violentas de mujeres -sobre todo las ocurridas en el ámbito privado- por su vinculación con «crímenes pasionales» o con supuestas «causas de honor», una tendencia todavía presente en las investigaciones oficiales de algunos países que se ha denunciado por su contenido claramente discriminatorio y generador de prejuicios contra las víctimas11.

En suma, la categoría del femicidio permite hacer patente que muchos casos de muerte no natural de mujeres no son hechos neutros en los que resulte indiferente el sexo del sujeto pasivo sino que les ocurre a las mujeres precisamente por ser mujeres, como consecuencia de la posición de discriminación estructural que la sociedad patriarcal atribuye a los roles femeninos. Valga como ejemplo la distribución por sexos de las víctimas de homicidios en la pareja contabilizados en España en el año 2010, de los cuales 73 fueron mujeres frente a un escaso número de 7 hombres12.

El femicidio tiene, pues, una dimensión política que presenta la muerte de mujeres por razón de género como uno de los ataques más graves a los derechos humanos13 que atenta contra su integridad moral, su libertad y, por supuesto, su vida. Y también una dimensión social, representada por el entrecruzamiento de factores de discriminación que confluyen en las mujeres haciéndolas particularmente vulnerables a los ataques contra la vida14. Esta segunda perspectiva ha permitido enriquecer el concepto de femicidio para integrar en esta categoría, más allá de los asesinatos por motivos misóginos, otras muertes de mujeres que encuentran su causa -junto a factores coadyuvantes como la pobreza o la violencia estructural- en la exclusión o subordinación social que con intensidad variable todavía experimenta el colectivo femenino en muchas comunidades. Se llega así a un concepto amplio de femicidio en el que tienen cabida todas las muertes evitables de mujeres -violentas o no, criminales o no- derivadas de la discriminación por razón de género15.

2. Clases de femicidio

La concepción amplia del femicidio recogida en el apartado anterior -que abarca todas las muertes evitables de mujeres derivadas de la discriminación por razón de género- permite distinguir dos grandes grupos dentro de esta categoría: (a) las muertes violentas constitutivas de delito y (b) otras muertes evitables de mujeres no criminalizadas. Sin ánimo de exhaustividad en un terreno todavía necesitado de mayores precisiones y desarrollo teórico, veremos a continuación algunos ejemplos de cada uno de estos subgrupos.

(a) Muertes violentas de mujeres por conductas delictivas

Los casos más visibles -y brutales- de muerte de mujeres por su condición de género forman parte del catálogo de delitos graves en la inmensa mayoría de los códigos penales del mundo, si bien ello no constituye ninguna garantía de tutela real y efectiva de las potenciales víctimas, como se verá más adelante. En todo caso, y dejando a un lado por el momento los prejuicios de género que influyen en la irregular persecución de estos crímenes, es conveniente recordar que los feminicidios violentos pueden darse tanto en el ámbito privado como en el público.

El ámbito privado -el entorno doméstico y las relaciones de pareja- constituye uno de los escenarios históricos en los que se desarrollan con mayor intensidad los patrones de conducta machista que propician las agresiones a las mujeres16, por lo que no es de extrañar que el llamado femicidio íntimo sea una de las formas más extendidas de violencia de género. Si bien lo habitual es que el autor del hecho sea la pareja masculina de la víctima, también han de incluirse aquí los homicidios de niñas o mujeres jóvenes a manos de otros miembros del núcleo familiar, sin descartar la autoría o complicidad de otras mujeres del grupo. Tal puede ser el caso, por ejemplo, del femicidio por honor -cuando el padre, los hermanos o incluso alguna mujer del núcleo familiar dan muerte a una joven que ha deshonrado a la familia por algún tipo de conducta que se considera inmoral-17 o también el llamado femicidio de dote que denuncian algunas activistas indias, consistente en que el marido, no pocas veces auxiliado por su madre, mata a su esposa (a veces quemándola viva) por no estar satisfecho con la dote que aportó al matrimonio18. Pertenecen igualmente al ámbito privado, al menos en la mayoría de las ocasiones, las muertes de niñas derivadas de complicaciones y mala práctica de la mutilación genital.

Los femicidios que se producen en el ámbito público son aquellos en los que el autor es un extraño o algún conocido que no forma parte del entorno doméstico de la mujer asesinada. Entre las formas más frecuentes se mencionan las muertes violentas vinculadas a agresiones sexuales y los asesinatos en serie por motivos misóginos o relacionados con la elaboración de material pornográfico con componentes sádicos. Este es precisamente el origen que se atribuye a algunos de los homicidios de mujeres jóvenes ocurridos en Ciudad Juárez, México19, donde muchos cadáveres se encontraron después de días o meses de desaparición con los pechos mutilados, extracción de vísceras, lesiones dentales, cortes de pelo irregular o inscripciones a cuchillo en el cuerpo con frases ofensivas (como «puta» o «perra»). Todo lo cual hace pensar en rituales sexuales muy violentos propios de la pornografía sádica20 que ponen de manifiesto el desprecio hacia las víctimas y la voluntad de humillarlas21.

También forman parte del contexto público los atentados a la vida de las mujeres que son utilizadas como instrumento de guerra o de venganza. Entre los primeros, son conocidas las agresiones se xuales seguidas de muerte que perpetraron los soldados serbios contra mujeres bosnias en la contienda bélica de Bosnia-Herzegovina22, pero esto no es más que un ejemplo de una práctica muy extendida en las guerras de todo el mundo. Porque lejos de ser una casualidad o una consecuencia más o menos inevitable del desorden propio de cualquier conflicto armado, el ejercicio de violencia contra las mujeres constituye una estrategia de guerra ampliamente utilizada para sembrar el terror entre la población civil y desmoralizar al enemigo23. Y algo similar ocurre en el ámbito de la criminalidad organizada, donde con cierta frecuencia se acude al homicidio de mujeres en los ajustes de cuenta entre los miembros (masculinos) de las bandas u organizaciones. Así, esposas, novias, hijas o madres de traficantes de drogas o miembros de otro tipo de grupos criminales son asesinadas a modo de venganza por sus enemigos, que las encuentran con mucho más facilidad y menos resistencia que a sus pares masculinos24.

(b) Otras muertes evitables no criminalizadas

La mayoría de las investigaciones sobre femicidio que se vienen desarrollando en los últimos años, sobre todo en Latinoamérica, tienden a restringir esta categoría a las muertes violentas de mujeres por razón de género (asesinatos y homicidios)25. Sin embargo, existe una corriente más amplia que, al menos desde una perspectiva teórica, abre el concepto a todas las muertes evitables de mujeres que encuentran su causa última en la subordinación de los roles femeninos dentro de la sociedad patriarcal. Con esta ampliación se persigue poner al descubierto los múltiples mecanismos de discriminación que contribuyen a crear o a incrementar ciertos riesgos para la vida de las mujeres que podrían evitarse en una sociedad sin desigualdades de género.

Entre los ejemplos más habituales suelen citarse26 las muertes por partos inseguros atribuibles a condiciones higiénicas inaceptables o a la falta de asistencia médica; las muertes por abortos caseros en países donde está prohibida la interrupción del embarazo; la muerte de muchas mujeres por SIDA como consecuencia de no poder negociar con sus parejas -o con sus clientes- el uso del preservativo27 o la muerte de muchas niñas por el principio de alimentación selectiva en países donde la falta de recursos básicos para alimentar a la prole conduce a sacrificar en primer lugar a las crías femeninas a la hora de repartir los escasos alimentos disponibles.

3. Del femicidio al feminicidio: la dimensión política del problema

Tal como se concibió en la teoría anglosajona, la categoría del femicidio estaba pensada para correr el velo de aparente neutralidad tras el que se ocultan las causas de muchos homicidios de mujeres con el fin de hacer visible la motivación sexista de sus autores. Se trataba, en suma, de poner de manifiesto que hay cientos de homicidios y asesinatos de mujeres en todo el mundo que responden a razones de género.

Sin restar importancia a esta perspectiva, un sector del feminismo latinoamericano la consideró, sin embargo, insuficiente para captar el carácter masivo que en ocasiones alcanzan estos sucesos y, sobre todo, su pervivencia a lo largo de los años, unas notas que únicamente pueden explicarse, en su opinión, por la impunidad generalizada que rodea a estas conductas. De ahí que se apunte a la necesidad de construir un concepto capaz de reflejar no solo la responsabilidad individual de los autores -como se infiere del término «femicidio» por su relación con el «homicidio»- sino también su dimensión institucional, la corresponsabilidad del Estado por su inoperancia a la hora de prevenir y castigar este tipo de crímenes28. Y ello porque esa inoperancia también responde, al menos en cierta medida, a factores de género. En concreto, a la vigencia de patrones discriminatorios en el sistema penal que en la práctica llevan a quitar importancia a las denuncias de desapariciones o a culpabilizar a las propias víctimas, dando lugar a una sensación de impunidad generalizada que favorece la proliferación de los atentados contra la vida de las mujeres. Es así como se llega al término feminicidio29 acuñado por Marcela Lagarde para denominar al «conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional»30, apuntando así a la dimensión de crímenes de Estado de estos sucesos31.

Se trata de un punto de vista condicionado, sin duda, por la alarmante magnitud de las desapariciones y asesinatos violentos denunciados por asociaciones feministas y organizaciones internacionales en México y Centroamérica32, cuyas víctimas responden, en general, al perfil de mujeres muy jóvenes, de escasos recursos, trabajadoras de la industria maquiladora33 o del servicio doméstico y muchas veces migradas de zonas rurales34. Si bien la falta de esclarecimiento de la gran mayoría de estos sucesos impide un conocimiento acabado sobre sus autores y circunstancias concretas, todos los informes coinciden en la indiscutible influencia de patrones de género tanto en las modalidades delictivas -crímenes en serie acompañados de violencia sexual extrema- como en su tratamiento posterior por las autoridades policiales y judiciales, marcado por graves irregularidades en la investigación de los hechos, la humillación de los familiares, el desprecio a las víctimas cuya suerte se atribuye a su falta de moralidad o costumbres licenciosas, e incluso la «fabricación de culpables» para acallar críticas35 y disimular la falta de interés en la búsqueda de la verdad.

Todos estos aspectos sirvieron de base a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para condenar al Estado mexicano por el incumplimiento de sus deberes de protección a las víctimas y sus familiares y por las graves irregularidades detectadas en el proceso de esclarecimiento de la desaparición y posterior muerte de tres jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en el campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 200136. Esta Sentencia marca un hito histórico en el reconocimiento institucional del feminicidio como un problema directamente vinculado a la discriminación por razón de género, en tanto la Corte admite que los numerosos asesinatos de mujeres en aquella ciudad «han sido influenciados…por una cultura de discriminación contra la mujer, la cual…ha incidido tanto en los motivos como en la modalidad de los crímenes, así como en las respuestas insuficientes y las actitudes indiferentes documentadas en cuanto a la investigación de dichos crímenes, que parecen haber permitido que se haya perpetuado la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez»37. Y concluye: «esta ineficacia judicial frente a casos indivi duales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía el mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada como parte del diario vivir »38.

El pleno reconocimiento por un órgano de justicia internacional de que feminicidio constituye un atentado frontal contra los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las mujeres y, sobre todo, la declaración de corresponsabilidad del Estado mexicano por su pasividad a la hora de perseguir esta clase de delitos y de proteger a las potenciales víctimas, jugó un papel decisivo en el proceso de reformas legislativas que se inició hace pocos años en Latinoamérica en la línea de tipificar de forma expresa este delito. A ello volveremos en los próximos aparatados.

4. ¿Para qué sirve la categoría del feminicidio?

En el ámbito de las ciencias sociales el feminicidio se ha planteado como una categoría analítica destinada a desvelar los factores discriminatorios que determinan la muerte violenta de miles de mujeres en todo el mundo y, al mismo tiempo, a sentar las bases científicas para cuantificar estos crímenes cuya auténtica dimensión todavía permanece en la oscuridad. Desde el punto de vista práctico se alega, además, que la ausencia de criterios específicos para calificar los asesinatos y homicidios de mujeres por razón de género impide llevar un control adecuado de la respuesta -muchas veces sesgada e insuficiente- que dan los órganos policiales y jurisdiccionales a este tipo de casos39.

Cierto es que la utilidad de esta categoría como instrumento de análisis científico -sobre todo en el campo de la Criminología- depende de que se consiga un consenso significativo sobre su contenido y alcance, una tarea que no parece fácil a la vista de las múltiples fór mulas propuestas en la teoría para describir el problema que se pretende abarcar.

Con todo, poco a poco se van imponiendo algunas pautas que permiten avanzar en la concreción del concepto tal como se concibe en las ciencias sociales.

En primer lugar, parece imponerse, al menos de cara a su función estadística, una concepción restringida del feminicidio que lo circunscribe a los atentados contra la vida de las mujeres constitutivos de infracción penal, es decir, básicamente los homicidios en sus diversas formas. Se deja de lado, pues, la fórmula amplia que abarca todas las muertes evitables de mujeres derivadas de la discriminación por razón de género, incluidas las no delictivas (por ejemplo, las muertes por enfermedades de transmisión sexual o por aplicación de criterios de alimentación selectiva de infantes en razón del sexo). La restricción tiene sentido de cara a conceder utilidad práctica a la categoría ya que resultaría imposible registrar y cuantificar ese otro tipo de muertes vinculadas al género que se producen al margen del sistema penal. Sin embargo, esta última versión puede tener utilidad cuando se trata de ofrecer una visión global de los feminicidios en el mundo, porque el panorama no estaría completo si se prescindiera de tantas muertes de mujeres y niñas que se producen a diario en distintas regiones del planeta como consecuencia de la subordinación de los roles femeninos que impone el patriarcado.

Otra idea plenamente admitida en la teoría y en el ámbito judicial es que el feminicidio no puede definirse sin más como la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre. El sexo del autor no marca el límite del concepto porque lo determinante no es quién causa la muerte sino por qué. De hecho, como ya hemos visto, se admite la posibilidad de que la autora sea otra mujer, como sucede en ocasiones en el llamado «femicidio de dote» o también en la muerte de niñas a consecuencia de una mala práctica de la mutilación genital (generalmente ejecutada por mujeres)40. Lo que define al feminicidio es que se trata de un acto de violencia basado en la pertenencia de la víctima al sexo femenino41 o, siguiendo la Convención de Belém do Pará, es un «acto basado en el género que causa… la muerte de una mujer tanto en el ámbito público como en el privado»42. En otros términos, son atentados a la vida en los que la cultura de discriminación de las mujeres43 se manifiesta en los motivos44, en la modalidad comisiva45 o por el contexto en el que se producen46.

Pero la contextualización del feminicidio tampoco está completa con esta explicación puramente unidimensional del problema. Como bien se ha advertido desde la Antropología, es preciso atender también a la normatividad social que lo justifica y favorece su reiteración. Y para ello no podemos fijar la atención solo en el patriarcado como generador de discriminación sino que hemos de incluir otras formas de opresión social que se entrecruzan con el género y contribuyen a dibujar el contexto que favorece las agresiones violentas a mujeres, como la clase, la etnia de la víctima, la violencia ambiental o el desarraigo social47. Con razón dice Ravalo Blancas, refiriéndose a los asesinatos de Ciudad Juárez -en el límite norte entre México y USA-, que para entender el problema es necesario redimensionarlo con elementos que «forman parte del contexto social en el que se produce el feminicidio y que caracteriza a esta frontera, como los procesos de migración, el desarrollo de la industria maquiladora de exportación, el poder alcanzado por el narcotráfico, el crimen organizado, el tráfico de indocumentados, de armas, la trata de personas, la prostitución forzada, la pornografía sádica y una violencia cotidiana que en general produce poder y muerte»48.

En suma, la categoría del feminicidio se presenta como una herramienta de análisis de gran interés en el campo de las ciencias sociales que, bien planteada, puede contribuir a explicar -y cuantificar- una de las formas más brutales de violencia social que surge de la confluencia de diversos factores de discriminación atravesados por el género.

Pero más allá de esa vertiente analítica, desde el punto de vista jurídicopenal se discute intensamente, en especial en Latinoamérica, sobre la conveniencia de tipificar el feminicidio como delito específico y diferenciado del homicidio, del asesinato e incluso del parricidio en las legislaciones que lo recogen. Las primeras iniciativas en esta línea criminalizadora surgieron de las organizaciones de mujeres y de diversos organismos internacionales49, que vieron en la nueva figura una herramienta idónea para controlar de cerca a la policía y a los demás órganos del sistema penal en la idea de reducir la clamorosa impunidad de estos crímenes50 y de sentar las bases normativas para el desarrollo de estrategias de protección de las potenciales víctimas. Siguiendo esta estela, en los últimos años muchos países latinoamericanos han optado por incluir el delito de feminicidio en sus códigos penal alegando la necesidad de sancionar de forma efectiva las muertes violentas de mujeres que cada vez adquieren mayor visibilidad social. Veamos algunos ejemplos.

5. La tipificación del feminicidio en Latinoamérica

Con motivo de la aprobación de la «Ley de penalización de la violencia contra las mujeres», en el año 2007 Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en tipificar el delito de «femicidio »51, al que le han seguido en un corto período de tiempo muchas otras legislaciones de la región. Si bien es posible partir de un fin compartido de dar visibilidad a la forma más drástica de violencia de género a través de la creación de un delito específico, lo cierto es que poco más tienen en común las distintas leyes que se han sucedido en estos últimos años en Latinoamérica. Y ello porque los componentes típicos de las nuevas figuras se han adaptado a la realidad de cada zona, de modo tal que la concepción del delito en países como México, Guatemala o El Salvador -donde la preocupación se centra en la brutalidad de los crímenes y su alarmante impunidad- es muy distinta a la que se ha impuesto en Estados como Costa Rica o Chile, en los que la atención se fija únicamente en el ámbito doméstico.

Así las cosas, y sin intención alguna de exhaustividad, es posible agrupar las distintas propuestas legislativas a partir de dos aspectos básicos: el contenido del delito (esto es, las concretas conductas que se sancionan) y la finalidad perseguida con su tipificación. Veámoslo con algunos ejemplos.

Por lo que se refiere al contenido del delito, encontramos dos líneas bien diferenciadas: las legislaciones que limitan la figura al ámbito privado, en particular a la relación de pareja (el llamado feminicidio íntimo), y las que la amplían al contexto público, abarcando todos los casos de muerte de una mujer en el ejercicio del poder de género, como dice la ley guatemalteca52.

Entre las primeras se encuentra, por ejemplo, la ley de Costa Rica, que castiga por «femicidio» -así lo llama la Ley- «a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no»53. En la misma línea, aunque con una visión algo más amplia -comprensiva a las relaciones de pareja ya terminadas- se sitúan las recientes reformas de Chile y Perú, que conciben el femicidio/feminicidio como una forma específica de parricidio54.

Es posible, como ya adelantamos, que esta fórmula restringida encuentre su explicación en la realidad de los países donde se ha impuesto, en los que probablemente el ámbito doméstico sea el principal escenario de la muerte violenta de mujeres. Sin embargo, el uso del término feminicidio para señalar únicamente los homicidios en el seno de la pareja tiene el inconveniente de mutilar un concepto ideado para aglutinar y dar visibilidad al conjunto de los atentados a la vida de las mujeres por razón de género. Incluso sin salir del entorno familiar, no se entiende que se deje fuera del concepto el asesinato de una hija a la que previamente se ha sometido a abusos sexuales, por ejemplo, o de una anciana de la familia a la que se considera ya una carga inútil55. Pero, sobre todo, sorprende que una vez tomada la decisión de crear una figura específica de feminicidio se prescinda totalmente del ámbito público, donde con no poca frecuencia se producen atentados a la vida de las mujeres vinculados a su condición de tales, aun cuando no alcancen la intensidad y alarma social que se detecta en otras zonas geográficas más o menos cercanas. Estas observaciones adquieren especial significación si se tiene en cuenta que las legislaciones a las que nos referimos solo utilizan el nuevo delito con fines simbólicos destinados a dar visibilidad a un importante problema social, sin agravar las penas. Siendo esto así, parece todavía más claro que la ley debería describir el problema en su integridad y no recortarlo a algunos supuestos concretos, como si el feminicidio se detuviera en las puertas de los hogares.

En esta línea se sitúan las legislaciones que han extendido el delito también al ámbito público, describiendo las circunstancias en las que concurre el «poder de género» determinante de la conducta típica. Así, la Ley de Guatemala hace referencia a quien da muerte a una mujer, por su condición de mujer, en el contexto de una relación familiar o de pareja, o con motivo de ritos grupales, o como resultado del ejercicio de violencia previa y reiterada contra la víctima o para satisfacer instintos sexuales, entre otros supuestos56. También sigue este camino el Código Penal del Distrito Federal de México (modificado en 2011), que de manera contundente castiga por feminicidio a «quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer» 57. La ley de El Salvador opta por una fórmula semejante, con la particularidad de recurrir a elementos subjetivos para definir el feminicidio como «la muerte de una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer»58.

Como se ve, existe una gran variedad de fórmulas legales para definir el femicidio/ feminicidio y el apego excesivo de cada legislación a su realidad más cercana59 provoca una dispersión conceptual que poco ayuda en la difícil -y controvertida- tarea de ofrecer pautas claras para dar forma al nuevo delito. Pero nada de ello debe restar importancia al esfuerzo colectivo que están haciendo estos países por conceder reconocimiento social a un atentado a los derechos humanos de las mujeres que durante años permaneció en el olvido60.

En otro orden de cosas, también se detectan importantes diferencias en las leyes latinoamericanas en lo relativo a la finalidad perseguida con la tipificación del feminicidio. Por un lado, encontramos legislaciones que acuden a esta figura únicamente con fines simbólico-comunicativos61, sin prever agravación alguna de la pena en relación a otros tipos penales paralelos, como sucede en los Códigos de Chile y Perú que utilizan el término femicidio o feminicidio únicamente para poner nombre a la muerte de una mujer por su cónyuge o conviviente62. Otros códigos, en cambio, persiguen, además, efectos preventivos al endurecer de forma significativa la respuesta penal. En esta línea, una reciente reforma del Código Penal del Estado de Guanajuato (México), por ejemplo, declara expresamente que el feminicidio «será considerado como calificado para efectos de punibilidad»63. La ley de Guatemala, por su parte, opta por endurecer la fase de cumplimiento, disponiendo que «no podrá concederse la reducción de la pena por ningún motivo» y los condenados por este delito «no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva» 64.

6. ¿Hace falta un delito de feminicidio en España?

La tipificación penal del feminicidio en un buen número de países latinoamericanos inevitablemente lleva a preguntarse si también en nuestro contexto cultural sería preciso contar con una figura autónoma de esas características o si, por el contrario, se trata de un asunto completamente ajeno a la realidad europea.

Para conocer la magnitud del problema conviene comenzar por algunos datos, aunque debemos advertir que en España solo se contabiliza el llamado «feminicidio íntimo», entendido como «la muerte violenta de la mujer ocasionada por quien sea o haya sido cónyuge o persona a la que está o haya estado ligada por análoga relación de afectividad a la conyugal, siendo el sujeto activo un varón»65. Si bien se trata de una concepción muy restringida que limita la figura66 tanto por el contexto (la relación de pareja) como por el sexo del autor (solo el hombre), la información puede ser útil de todos modos para valorar la situación española teniendo en cuenta que el escenario más frecuente de muerte violenta de mujeres es precisamente el ámbito doméstico.

Conforme a los datos disponibles, en España la cifra anual de homicidios de mujeres en la pareja permanece más o menos constante desde 2007, situándose en algo más de 70 víctimas, sin que se observe un descenso en los últimos años pese a la ofensiva jurídicopenal para prevenir y sancionar la violencia de género.

Por otro lado, solo una minoría de las víctimas de estos homicidios había presentado denuncia en alguna ocasión contra su agresor (el 31% en 2009 y el 30% en 2010) y en el último año registrado (2010) apenas el 18% tenía una orden de protección en vigor en el momento del atentado contra la vida67.

Todo ello pone de manifiesto que el número de victimas mortales en España por violencia de género en la pareja (actual o pasada) no ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Pero tampoco cede. El hecho de que la mayoría de ellas no dispusiera de una orden de protección indica, además, que algo falla en el sistema de tutela de las mujeres en situación de máximo riesgo.

Pero a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica, ese fracaso no se puede imputar a la desidia de las autoridades en la persecución de estos crímenes ni a falta de medios para proteger a las víctimas. Al contrario, al menos desde la reforma penal de 2003 -y más aún con la entrada en vigor de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género- no han dejado de aumentar los instrumentos punitivos, judiciales y policiales para prevenir la violencia de género y sancionar a sus responsables. Sin embargo, muchas veces el punitivismo excesivo se vuelve en contra de las propias víctimas y acaba por dejarlas indefensas, como de hecho parece que está sucediendo en España con un buen número de mujeres expuestas a un riesgo alto de muerte.

El empeño del sector más influyente del movimiento de mujeres en criminalizar hasta la más leve disputa familiar68, con el beneplácito de unos gobernantes satisfechos con la rentabilidad política que genera la preocupación por la violencia de género, ha desembocado en una legislación penal desenfocada que a fuerza de convertir en delito cualquier maltrato leve esporádico ha colapsado el sistema penal en detrimento de las víctimas con mayor necesidad de protección. La avalancha de denuncias por agresiones o amenazas leves que propicia el actual modelo punitivo69, unida a la obligatoriedad de imponer la pena de alejamiento70 aun en contra de la voluntad de la interesada, ha dado lugar a un número excesivo de órdenes de protección71 cuyo cumplimiento difícilmente puede controlarse de forma eficaz desde las instancias policiales. Por lo demás, es un hecho demostrado que el delito de maltrato singular del art. 153 CP ha desplazado en la práctica a la figura más grave de violencia doméstica habitual, cuya aplicación en estos momentos es prácticamente residual72. Y ello no se debe a que todos los casos de violencia en la pareja que llegan a los tribunales sean hechos leves de poca monta sino a que las denuncias se canalizan de forma masiva a través del art. 153 CP, sin que apenas se investigue sobre una posible situación de habitualidad oculta tras la primera denuncia. De esta manera, no pocos casos de violencia grave quedan oscurecidos tras una condena por maltrato singular que generalmente se salda con una pena de prisión suspendida y algunos cursos de reciclaje para el maltratador, quedando las auténticas víctimas de violencia grave en una situación de riesgo importante que el sistema no llega a detectar.

Ante esta situación, y aun cuando la abundante legislación española sobre violencia de género no ha conseguido revertir la tendencia en las cifras de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, no parece aconsejable dar otra vuelta de tuerca en el sistema punitivo para incorporar la figura penal del feminicidio. Los argumentos que dominan el debate en Latinoamérica no son trasladables a la realidad española ni por la magnitud del problema ni por las concretas circunstancias que lo rodean. El efecto simbólico -de reconocimiento social- que se busca en aquellos países con la tipificación de un delito específico ya se ha alcanzado entre nosotros gracias a la implicación de los medios de comunicación y, sobre todo, al impulso institucional que supuso la Ley Integral de 2004, hasta el punto de que el propio Tribunal Constitucional ha admitido ya la raíz discriminatoria de este tipo de violencia73. Los focos de resistencia que aún se niegan a admitir el componente estructural de la violencia de género -particularmente activos en el ámbito de la ciencia penal y en la judicatura- no se van a vencer por incluir un delito específico en el Código penal -más bien al contrario-.

Pero, sobre todo, la figura del feminicidio tampoco parece necesaria atendiendo a los fines preventivos que se persiguen en otras legislaciones. Los tipos generales de homicidio y asesinato, unidos a la agravante de parentesco -aplicable incluso a la expareja desde la reforma de 2003-, ofrecen una respuesta punitiva adecuada y contundente para estos casos. A lo que se debería añadir la posibilidad de aplicar la agravante genérica de discriminación del art. 22.4a CP74. Bien es verdad que este precepto no se refiere al «género» sino al «sexo» como causa de discriminación, pero ello no impide su aplicación cuando se mata a una mujer por el hecho de serlo, esto es, por una condición identitaria asociada a su sexo.

Nada de lo dicho resta utilidad a la figura del feminicidio como categoría analítica de las ciencias sociales. Por un lado, porque con su ayuda es posible ofrecer una visión global de las muertes de mujeres por motivos discriminadores que podría contribuir a superar el concepto reduccionista de violencia de género todavía anclado exclusivamente en el ámbito doméstico. Pero, también, por la función política del concepto, ya que no se debe descuidar la necesidad de combatir y vencer definitivamente el discurso de la resistencia, la idea todavía muy extendida en ciertos ámbitos jurídicos que, pese a los patrones de ciertos homicidios de mujeres que se repiten una y otra vez, sigue negando la raíz discriminatoria de estas agresiones y pretende reducirlas a hechos aislados atribuibles a sujetos desequilibrados75.

De todos modos, conviene no perder de vista que, en general, las estrategias de prevención elaboradas desde el sistema penal por su propia naturaleza son limitadas e insuficientes para modificar ideologías y modelos de conducta socialmente arraigados. Tal es el caso de la política criminal en materia de violencia de género que se mueve dentro de la lógica asistencialista de reducción de riesgos individuales -teléfonos de auxilio urgente, hogares de acogida, penas de alejamiento o privativas de libertad que mantienen alejado temporalmente al maltratador de la víctima- y a poco más puede aspirar. La única solución de fondo para la violencia de género -igual que para otros conflictos profundos de la sociedad- pasa por cambios estructurales en la cultura y los valores comunitarios que nada tienen que ver con el Derecho penal. Solo cuando se consigan vencer definitivamente los cimientos de la sociedad patriarcal, el ser mujer dejará de constituir un factor de riesgo vital añadido a tantos otros que compartimos cuantos convivimos en las modernas sociedades violentas.

Notas

* Este artículo se realiza en el contexto del Proyecto de Investigación del Plan Nacional I+D «Multiculturalidad, género y derecho» (DER 2009-08297) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Gobierno de España.

1 Utilizo aquí la traducción literal del término inglés «femicide», si bien en el ámbito latinoamericano se ha impuesto el término «feminicidio» al que más adelante haré referencia.

2 RUSSELL, Diana, Femicide: The power of a name, http: //www.dianarussell.com/femicide_ the_power_of_a_name.html

3 RADFORD/RUSSELL (Eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing, Twayne Publishers, New York, 1992; traducción al castellano: Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres, Universidad Autónoma de México, México D.F., 2002.

4 El término «asesinato» no se utiliza aquí en el sentido técnico que le otorgan normalmente las legislaciones penales, sino para hacer referencia a la muerte violenta de una persona contra su voluntad. Conforme a la terminología jurídica al uso, se trataría en puridad de un «homicidio», si bien Russell se resiste a utilizar este término por su componente lingüístico sexista («hom» – hombre) -véase RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, Universidad Autónoma de México, México D.F., 2006, p.73.

5 RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., p. 77.

6 En 1990 Russell y Caputi definieron los femicidios como «asesinatos de mujeres por parte de los hombres motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentimiento de propiedad sobre ellas». Citado por CHEJTER, Silvia, Femicidios. Desafíos teóricos y perfiles estadísticos, Centro de Encuentros Cultura y Mujer, Buenos Aires, 2008, disponible en http: //www.cecym.org.ar/pdfs/Femicidioparainternet.pdf

7 RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., p. 58.

8 La categoría de los hate crimes fue desarrollada por la teoría criminológica norteamericana y ha conseguido reconocimiento en el ámbito legislativo de los Estados Unidos de América tanto en leyes estatales como federales. Entre estas últimas cabe citar la Hate Crimes Prevention Act (HCPA), más conocida como Mathew Shepard Law, aprobada el 22 de octubre de 2009 y ratificada por el Presidente Obama el 28 de octubre del mismo año, donde se definen estos delitos como aquellos «crímenes violentos motivados por un prejuicio basado en la raza, el color, la religión, el origen nacional, el género, la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad de la víctima, real o percibida».

9 La propuesta no tuvo buena acogida en el ámbito criminológico porque se entendió que la alta frecuencia comisiva de los delitos contra las mujeres por razón de género podía colapsar el registro de hate crimes y distorsionar su finalidad de proteger a minorías sociales altamente expuestas al riesgo de sufrir agresiones por motivos identitarios. Al respecto, TOLEDO VÁSQUEZ, Patsilí, Feminicidio, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México D.F., 2009, pp. 68 y s.

10 Russell pone como ejemplo la paulatina importancia que ha ido adquiriendo en la sociedad el acoso sexual desde que las feministas lo definieron y le dieron un nombre específico. RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., p. 65.

11 Véase al respecto el exhaustivo informe de la Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca del Congreso de la República de Guatemala, Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la Humanidad. Investigación Preliminar, Guatemala, noviembre de 2005, pp. 86 y s.

12 Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en ámbito de la pareja o expareja en 2010, Observatorio contra la violencia doméstica y de género, Consejo General del Poder Judicial, pp. 8 y 122. De los 7 hombres muertos, 6 lo fueron presuntamente a manos de su pareja femenina y uno por su compañero sentimental.

13 Así lo reconoce, por ejemplo, la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de los Estados Unidos de México (2007), cuyo artículo 21 define la «violencia feminicida» como «la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los aspectos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres».

14 Esta dimensión social se hizo patente en el perfil de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez (México), casi todas ellas inmigrantes, con escasos recursos, trabajadoras humildes de la industria maquiladora o estudiantes pobres, generalmente sin un entorno familiar estructurado. Véase al respecto, RAVALO BLANCAS, Patricia, El fenómeno del feminicidio: una propuesta de recategorización, 2008, pp. 16 y s., disponible en http: //repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/4068.

15 En este sentido, por ejemplo, CARCEDO, Ana (coord.), No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica -2000-2006, CEFEMINA, San José de Costa Rica, 2010, p. 4.

16 CARCEDO, Ana (coord.), No olvidamos ni aceptamos, cit., p. 15.

17 Sobre los femicidios por honor en Palestina, véase el interesante estudio de SHALHOUB-KEVORKIAN, Nadera, «Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?», en Law & Society Review, Vol. 36, no 3 (2002), pp. 577-606, donde se recoge, entre otros, un caso de femicidio por honor ejecutado por otra mujer del grupo familiar.

18 Véase al respecto, RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., pp. 77 y 81.

19 Si bien el caso de Ciudad Juárez es el que mayor repercusión ha encontrado en los medios de comunicación de todo el mundo, la desaparición y muerte de mujeres en situaciones de extrema violencia es un hecho extendido también por gran parte de Centroamérica, en particular El Salvador y Guatemala. Véase la denuncia de AMNISTÍA INTERNACIONAL en el documento Ni protección ni justicia: homicidios de mujeres en Guatemala, disponible en http: //www.amnesty.org/es/library/ info/AMR34/019/2006.

20 Se especula incluso con la elaboración de películas snuff(filmación de asesinatos reales generalmente precedidos de torturas y violación de las víctimas con el fin de difundirlos por Internet). Un amplio estudio sobre las particularidades de los crímenes de Ciudad Juárez y las distintas hipótesis sobre sus causas puede consultarse en RAVALO BLANCAS, Patricia, El fenómeno del feminicidio: una propuesta de recategorización, cit., pp. 7 y s.

21 Véase el informe de AMNISTÍA INTERNACIONAL, México. Muertes intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, Editorial Amnistía Internacional (EDAI), Madrid, 2003, pp. 36 ss.

22 Véase RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., p. 67.

23 ZAPICO BARBEITO, Mónica, «Género y conflicto armado. Causas y consecuencias de la victimización de la mujer en la guerra», en FARALDO CABANA (Dir.), Género y sistema penal. Una perspectiva internacional, Comares, Granada, 2010, p. 195.

24 Este tipo de prácticas se han denunciado especialmente en Centroamérica y Sudamérica, muchas veces vinculadas a las maras (bandas juveniles altamente violentas) o a organizaciones de narcotráfico. Al respecto CARCEDO (Coord.), No olvidamos ni aceptamos, cit., pp. 24 y ss.

25 Cfr. TOLEDO VÁSQUEZ, Patsilí, Aproximación a las controversias jurídicas y políticas, cit., p. 35.

26 Véase al respecto, BADILLA, Ana Elena, Femicidio: Más allá de la violación del derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades estatales en los casos de femicidio de Ciudad Juárez, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2008, p. 17.

27 CARCEDO (Coord.), No olvidamos ni aceptamos, cit., p. 4.

28 Expresamente se refiere a la responsabilidad del Estado por acción u omisión el ya citado Informe de la Bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la Humanidad, cit., p. 19.

29 Más vinculado a la idea de genocidio que a los homicidios o asesinatos individuales.

30 Citada por el CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, I Informe Regional: situación y análisis del femicidio en la región de Centroamérica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, 2006, p. 37.

31 Al respecto, BADILLA, Ana Elena, Femicidio: Más allá de la violación del derecho a la vida, cit., p. 19.

32 En general, los informes apuntan a un aumento muy significativo de los asesinatos de mujeres en los últimos años. En Guatemala, por ejemplo, se reporta que entre 2000 y 2004 el feminicidio creció en un 112, 25%, llegándose a una cifra aproximada a las 2.000 mujeres asesinadas en un período inferior a cinco años -Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la Humanidad, cit., p. 55-. Por lo que se refiere a Ciudad Juárez, aun aceptando las grandes dificultades para precisar las cifras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce en su sentencia sobre el caso «campo algodonero» que se trata de una magnitud «alarmante» que gira en torno a 379 mujeres asesinadas entre 1993 y 2005 y alrededor de 400 desaparecidas en un período de diez años (1993-2003)- CIDDHH, Caso González y otras vs. México, 16 de noviembre de 2009, marg. 118-122. También en El Salvador, entre los años 2000 y 2004 se detectó una aceleración muy significativa de mujeres asesinadas, con un aumento del 111% frente al 40% de las muertes violentas de hombres en el mismo período -véase, con más datos sobre otros países de la región, TOLEDO VELÁSQUEZ, Patsilí, Una mirada regional sobre el femicidio/feminicidio en Latinoamérica, Ponencia presentada en la III Conferencia feminicidio/ femicidio en América Latina, 12 de mayo 2010, Oficina del Parlamento Europeo de Madrid.

33 Empresas ensambladoras de productos de exportación que proliferaron en los alrededores de Ciudad Juárez por su condición de frontera norte con los Estados Unidos de América, sobre todo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y USA en el año 1994.

34 Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la Humanidad, cit., p. 61; AMNISTÍA INTERNACIONAL, México. Muertes intolerables. 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, Madrid, 2003, p. 36.

35 En noviembre de 2001, pocos días después del hallazgo de tres cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas en el campo algodonero de Ciudad Juárez, la policía detuvo a dos hombres que confesaron su responsabilidad en los hechos bajo tortura, falleciendo uno de ellos en prisión días más tarde, a lo que siguió la muerte de su abogado defensor acribillado a balazos por la policía del Estado de Chihuahua en circunstancias no aclaradas. El otro supuesto culpable fue finalmente exculpado por el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua por falta de pruebas. Al respecto, CIDDHH, Caso González y otras vs. México, 16 de noviembre de 2009, marg. 334-343.

36 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDDHH), Caso González y otras (campo algodonero) vs. México, 16 de noviembre de 2009.

37 CIDDHH, Caso González y otras vs. México, marg. 164.

38 CIDDHH, Caso González y otras vs. México, marg.388. Las sanciones impuestas a los Estados Unidos mexicanos consistieron en la obligación de celebrar un acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional por los hechos acaecidos y en honor de las tres víctimas; el levantamiento de un monumento en recuerdo de las mujeres asesinadas en el campo algodonero e indemnizaciones dinerarias para sus familias.

39 TOLEDO VELÁSQUEZ, Patsilí, «Leyes sobre femicidio y violencia contra las mujeres. Análisis comparado y problemáticas pendientes», en Tipificación del femicidio en Chile. Un debate abierto, Red chilena contra la violencia doméstica y sexual, Santiago de Chile, 2009, p. 45.

40 Véase, con más ejemplos, RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., p. 82.

41 La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 48/104, de 20 de diciembre de 1993) define la violencia contra la mujer como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

42 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, celebrada en Belém do Pará en 1994.

43 Es la fórmula utilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero: CIDDHH, Caso González y otras vs. México, marg. 164.

44 De ahí la referencia a la misoginia en las primeras definiciones del femicidio/feminicidio propuestas por Diana Russell. Véase RUSSELL/HARMES, Feminicidio: una perspectiva global, cit., p. 77.

45 Es frecuente, como hemos visto, que los feminicidios vayan acompañados de violencia sexual extrema o de rituales de asesinatos en serie, al estilo de lo ocurrido en Ciudad Juárez.

46 El ámbito doméstico, especialmente el de la pareja, está considerado como uno de los «escenarios históricos» del feminicidio. Así, CARCEDO (Coord.), No olvidamos ni aceptamos, cit., p. 15.

47 En los feminicidios de México y Centroamérica, como hemos visto, el perfil de las víctimas es el de mujeres obreras, amas de casa o trabajadoras del sexo, migrantes, de etnia mestiza y barrios marginales. Véase el informe: Feminicidio en Guatemala: Crímenes contra la Humanidad, cit., pp. 61 y ss.; CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, I Informe Regional: situación y análisis del femicidio en la región de Centroamérica, cit. pp. 109 y ss.

48 RAVALO BLANCAS, Patricia, El fenómeno del feminicidio: una propuesta de recategorización, cit., p. 22.

49 En el año 2006, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) instó al Estado mexicano a tipificar el feminicidio como delito (Observaciones finales del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer: México, 360 período de sesiones, 7 a 25 de agosto de 2006, marg. 15. Disponible en http: //www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/Mexico_ es.pdf

50 Esta situación es particularmente clara en la región centroamericana y en México, donde hay un número alarmante de desapariciones de mujeres y asesinatos violentos que permanecen en la impunidad. Al respecto, TOLEDO VÁSQUEZ, ¿Tipificar el femicidio?, en Anuario de Derechos Humanos, no 4- 2008, Universidad de Chile, p. 218. Disponible en http: //www.cdh.uchile.cl/publicaciones/anuarios/

51 No hay consenso en las legislaciones sobre la denominación del delito, al que algunas llaman femicidio y otras feminicidio.

52 Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Guatemala), aprobada el 2 de mayo de 2008. Su artículo 3 e) define el femicidio como la «muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres».

53 Desde el punto de vista de la técnica legislativa, este país optó por incluir el delito de femicidio en una Ley especial destinada a recoger diversos supuestos punibles de violencia de género en el ámbito de la pareja (Ley de penalización de la violencia contra las mujeres, aprobada el 12 de abril de 2007), contrastando con otras legislaciones del entorno que han preferido realizar modificaciones en las figuras comunes del Código Penal (como es el caso de Chile o Perú, por ejemplo).

54 La Ley 20.480 de 2010 reformó el artículo 390 del Código penal de Chile en los siguientes términos:

Art. 390: «El que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, o cualquier otro de sus ascendientes o descendientes o a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida…

«Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio». (cursiva añadida)

En términos semejantes el Congreso de la República del Perú aprobó en diciembre de 2011 la Ley no 29819, Ley que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorporando el Feminicidio.

55 Existen estudios que demuestran que la mayoría de las víctimas del maltrato familiar hacia los ancianos son mujeres. En general, sobre las objeciones a la tendencia, también vigente en España, a reducir la violencia de género al contexto de la relación de pareja (heterosexual), LARRAURI, Elena, Criminología crítica y violencia de género, Trotta, Madrid, 2007, p. 50.

56 En concreto el art. 6 de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Guatemala dice que «comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. «Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

b. «Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral.

c. «Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.

d. «Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo.

e. «En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación.

f. «Por misoginia.

g. «Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.

h. «Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal» (que son las circunstancias del asesinato: alevosía, ensañamiento, etc.)

Sigue una línea muy parecida la reciente Ley integral contra la violencia hacia las mujeres de Nicaragua, aprobada en enero de 2012, cuyo artículo 9 también introduce el delito de «femicidio».

57 El nuevo art. 148 bis, creado con la reforma de 2011, dice que «existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento».

VI.

58 Aunque luego concreta esos motivos en una serie de circunstancias objetivadas, como la existencia de algún incidente previo de violencia, el aprovechamiento por el autor de alguna situación de riesgo o vulnerabilidad de la víctima o de una situación de superioridad basada en el género o, en fin, la existencia de atentados previos a la integridad física (mutilaciones) o la libertad sexual de la mujer asesinada. Véase art. 45 de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, República de El Salvador, 2010.

59 Muy claro en este sentido es el Código Penal de México DF, que circunscribe el contenido del tipo casi exclusivamente a las circunstancias de los conocidos sucesos de Ciudad Juárez (véase nota anterior)

60 Lo que no solo se busca con la tipificación específica del delito de feminicidio sino también con una regulación mucho más estricta de los procedimientos de investigación y recogida de pruebas en esta clase de hechos -como hace la Ley de México DF al reformar de los artículos 105 y ss. del código de procedimientos penal de DF- o con la creación de otras figuras asociadas -como el delito específico de «obstaculización a la Justicia» destinado a reducir los niveles de impunidad y desidia de los órganos policiales y jurisdiccionales que contempla la ley de El Salvador, cuyo art. 47 castiga a «quien en el ejercicio de la función pública propiciare, promoviere o tolerare, la impunidad u obstaculizare la investigación, persecución y sanción de los delitos» de violencia de género, incluido el femicidio.

61 TOLEDO VÁSQUEZ, ¿Tipificar el femicidio?, cit., p. 217.

62 Así el art. 390 CP chileno y el art. 107 CP de Perú, que opta por denominarlo «feminicidio» (el texto legal puede consultarse en nota no 53). En los resultados, también en esta línea puramente simbólica la legislación de Costa Rica.

63 El nuevo art. 153-a del Código penal para el Estado de Guanajuato dispone que «habrá feminicidio cuando la víctima de homicidio sea mujer y sea incomunicada o violentada sexualmente, vejada o mutilada o haya existido violencia intrafamiliar del activo contra ella» (Reforma publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de 3 de junio de 2011). También el Código Penal para el Estado de México considera el feminicidio como un homicidio agravado, previendo una pena de prisión de cuarenta a setenta años (véase el texto de la reforma en la Gaceta del Gobierno del Estado de México de 8 de marzo de 2011).

64 Art. 6. de la Ley contra el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer de 2008.

65 OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO, Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o expareja en 2010, Consejo General del Poder Judicial, p. 7.

66 El CGPJ comenzó a utilizar el término femicidio (también feminicidio) en el informe del año 2009 sobre víctimas mortales de la violencia doméstica y lo mantuvo en el informe de 2010 por considerarlo un concepto asentado en el ámbito internacional. Op. cit, p. 6.

67 Únicamente 13 de las 73 mujeres contaba con una orden de protección en vigor cuando se produjo el homicidio. Op. cit., p. 47.

68 Al respecto, MAQUEDA ABREU, María Luisa, «1989-2009: veinte años de desencuentros entre la ley penal y la realidad de la violencia en la pareja», en LAURENZO COPELLO, La violencia de género en la ley. Reflexiones sobre veinte años de experiencia en España, Dykinson, Madrid, 2010, p. 117. Sobre los efectos negativos de un intervencionismo excesivo, con el ejemplo de la experiencia norteamericana, LARRAURI, Elena, Criminología crítica y violencia de género, cit., pp. 74 y ss.

69 Según datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, en el año 2010 se presentaron 134.105 denuncias en los Juzgados de violencia contra la mujer.

70 Sobre los graves inconvenientes que supone la imposición obligatoria de la pena de alejamiento, véase FARALDO CABANA, Las prohibiciones de residencia, aproximación y comunicación en el Derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 149 y ss.

71 En 2010 los Juzgados de violencia contra la mujer acordaron 25.531 órdenes de protección vinculadas a denuncias por violencia de género (fuente: Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial).

72 Así, GRUPO DE EXPERTOS Y EXPERTAS EN VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO DEL CGPJ, Estudio sobre la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género por las Audiencias Provinciales, 2009, p. 101.

73 Dice la STC 59/2008 de 14 de mayo, que «las agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su pareja afectiva tienen una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito relacional porque corresponden a un arraigado tipo de violencia que es manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres» (FJ 9)

74 Así ACALE SÁNCHEZ, María, La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal, Reus, Madrid, 2006, p. 411.

75 Tuve oportunidad de desarrollar este tema con más detenimiento en LAURENZO COPELLO, Patricia, «La violencia de género en el Derecho Penal: un ejemplo de paternalismo punitivo», en LAURENZO/ MAQUEDA/ RUBIO, Género, violencia y derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 349 y ss.

 

Bibliografía citada

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Fuente: Copello, Patricia Laurenzo. Revista de Derecho Penal y Criminología; Madrid N.º 8, (2012): 119-143.