Ante el pedido de aclaración contra la sentencia del TC que declaró inconstitucional la regulación de las conductas infractoras previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, el presidente del Colegiado, Ernesto Blume, indicó que el fallo quedó suspendido. Los detalles aquí.

El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, anunció este sábado que han quedado suspendidos los efectos del fallo que declaró inconstitucional la regulación, prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, de las conductas infractoras de los funcionarios públicos en materia de responsabilidad administrativa funcional.

Señaló que se adoptó esta decisión luego de admitir a trámite el pedido de aclaración formulado por el Congreso de la República contra este fallo que, según algunos sectores, restringe la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República.

“El Tribunal ha admitido el pedido de aclaración y adoptará una decisión. Mientras tanto la sentencia no tiene carácter obligatorio, se suspende en sus efectos porque la aclaración formará parte de la propia sentencia, ahí despejaremos cualquier duda”, afirmó Blume este sábado en una entrevista en RPP.

VEA TAMBIÉN: TC declara inconstitucional la regulación de la responsabilidad funcional de los trabajadores públicos

No obstante, el presidente del Colegiado Constitucional reiteró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, al afirmar que “no respeta el principio de tipicidad que exige la Constitución y que establece como un derecho fundamental de la persona que es procesada o sancionada que el hecho u omision esté tipificado expresa e inequívocamente en una norma con rango de ley. Y, como lo ha reconocido el propio Contralor, ese artículo adolecía de imprecisiones, porque remitía a una norma de tercer nivel la precisión que debió estar establecida en la propia ley”.

Finalmente, Blume aseguró que la Contraloría y el Tribunal Constitucional están en la misma línea de la lucha contra la corrupción y de actuar en el marco del Constitución.