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Martín Hidalgo Bustamante

La Comisión de Ética tomó un nuevo impulso al entrar en su tercer año de funciones. En el grupo tuvo que haber un cambio de mando en la presidencia para que se dieran sanciones más drásticas a congresistas.

Durante los dos primeros años de gestión, la presidencia de la comisión estuvo en manos de Fuerza Popular. Primero a cargo de Segundo Tapia y luego de Juan Carlos Gonzales. En ambas gestiones no se suspendió a ningún parlamentario y las investigaciones se caracterizaban por sus prolongados tiempos.

En mayo del 2017, el grupo, entonces presidido por Segundo Tapia (Fuerza Popular), emitió sus primeros informes finales, que recomendaban suspender a Elías Rodríguez (Apra, por plagio en proyectos de ley), Yesenia Ponce (entonces en Fuerza Popular, por irrumpir en una sesión del Consejo Regional en Áncash) y Clayton Galván (entonces en Fuerza Popular, por mentir en su hoja de vida).

El pleno, por entonces con mayoría absoluta de FP (72 congresistas), salvó a los tres legisladores de la suspensión. A Rodríguez y Ponce se les cambió la suspensión por una multa. En el caso de Galván, se archivó el informe. Luego de esas decisiones, Tapia renunció sin dar mayores explicaciones.

Antes de dejar el cargo, Tapia dejó dos informes que recomendaban suspender a Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) y Maritza García (entonces en Fuerza Popular). Juan Carlos Gonzales, sucesor de Tapia, pidió en el pleno que los informes regresaran a la comisión para un nuevo estudio.

La gestión de Gonzales se entrampó en el debate sobre las facultades de su cargo. Según su interpretación, la comisión no podía abrir investigaciones de oficio a sus colegas, por más grave que fuera la denuncia. A esto se sumaron los constantes aplazamientos en la indagación a Yesenia Ponce por mentir sobre sus estudios. Incluso se reveló que Ponce entregó regalos a Gonzales y a uno de sus asesores durante las pesquisas. Entonces, Gonzales también renunció.

—Actual gestión—
Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) asumió la presidencia de la Comisión de Ética a mediados de mayo del 2018.

Durante su gestión, suman cinco los congresistas suspendidos, además del caso de Bruce, a quien el pleno le cambió la suspensión por una multa.

Tres meses después de asumir el cargo, en el grupo ya se había suspendido a Yesenia Ponce y Maritza García, en ambos casos por mentir sobre sus estudios.

Los otros tres congresistas sancionados fueron por acoso sexual y tocamientos indebidos. A fines del 2018, Moisés Mamani fue suspendido 120 días por tocamientos indebidos a una tripulante de Latam. Este año Luis López Vilela (Fuerza Popular) también fue suspendido por tocamientos indebidos ante una denuncia de Paloma Noceda. Hace unos días, Yonhy Lescano (Acción Popular) fue suspendido ante la denuncia de acoso sexual hecha por una periodista, cuyo nombre se mantiene en reserva.

Un análisis comparativo entre las gestiones de Tapia, Gonzales y Sánchez demuestra que el entrampamiento se daba con Fuerza Popular en la presidencia de la comisión y la mayoría de votos que alcanzaba junto al Apra.

“Yo no he hecho más que solo cumplir con mi mandato junto a un equipo técnico que trabaja con seriedad. Por la forma de trabajo de las anteriores gestiones, parece que no le pusieron interés y preocupación en resolver los casos”, afirmó Sánchez.

La legisladora de Peruanos por el Kambio indicó que, al asumir su mandato, revisó todos los casos archivados por sus antecesores y encontró que en varios de estos sí merecieron ser investigados. “Considero que no se trabajó de manera correcta, varios casos archivados debieron investigarse”, dijo.

Luego afirmó que buscará la reforma del Código de Ética, pues, según señaló, es “ambiguo y proteccionista”.

—Los más denunciados—
Hasta la fecha, la comisión ha recibido 161 denuncias contra 72 parlamentarios (sin contar las nueve denuncias contra legisladores que ya no están en sus curules, como Benicio Ríos y Kenji Fujimori).

El 32% de las denuncias se concentran en 10 parlamentarios (ver infografía). Solo cuatro de estos han recibido sanciones efectivas: Yesenia Ponce, Moisés Mamani, Yonhy Lescano y Maritza García. La mayoría de denuncias se caen por falta de sustento probatorio. En el caso de Ponce, actualmente se está revisando una denuncia por enriquecimiento ilícito.

Respecto a Héctor Becerril, es investigado por un informe de “Cuarto poder” en el que una empresaria denunció que le pagó coimas a cambio de facilitar una obra.

La prueba de fuego para la gestión de Sánchez será la investigación al presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Una suspensión truncaría la posibilidad de que sea reelegido para el cargo.