Alexander Villarroel Zurita

La presidenta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, Luciana León (Apra), estimó que en 15 a 20 días hábiles se tendrá un informe final respecto el caso del congresista Edwin Donayre (Alianza para el Progreso), quien fue hallado culpable de peculado en el caso denominado ‘Gasolinazo’.

La Corte Suprema requirió al Congreso ─en septiembre de 2018─ que se le levante el fuero del legislador, luego de la sentencia en primera instancia a cinco años y seis meses de prisión por parte de la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima.

Hoy viernes, el legislador acudió al grupo de trabajo para ejercer su derecho de defensa junto a su abogado, César Nakazaki. Solo estuvieron presentes cinco legisladores, incluyendo a la presidenta, Luciana León.

Ocho congresistas solicitaron licencia: Octavio Salazar, Carlos Tubino, Francisco Villavicencio y Nelly Cuadros (Fuerza Popular); Alberto Quintanilla (Nuevo Perú) y César Vásquez (Alianza para el Progreso); y Moisés Guía y Jorge Meléndez (Peruanos por el Kambio).

“Se ha escuchado el descargo por parte del congresista Edwin Donayre, él ha ejercido su derecho de defensa conforme corresponde de acuerdo al Reglamento y a la Constitución y en los días sucesivos ya será la comisión la que evaluará”, dijo Luciana León a El Comercio.

“Hay un plazo aproximadamente de 15 a 20 días para emitir opinión respecto a la solicitud de levantamiento de inmunidad”, añadió.

Cabe precisar que en su artículo 16, en Reglamento del Congreso señala que la comisión “dictamina en un plazo máximo de quince días útiles, contados a partir del día siguiente de la realización de la sesión en la que se citó al congresista denunciado para su defensa”.

Luciana León también indicó que si la Corte Suprema finalmente absuelve o revoca el juicio seguido contra Edwin Donayre y otros ex militares el proceso quedaría sin efecto. No obstante, mencionó que eso se evaluaría en su respectivo momento.

─Descargos─
Al iniciarse la sesión, al promediar las 12:30 p.m., hizo uso de la palabra César Nakazaki, quien solicitó que se declare el pedido de la justicia contra su patrocinado. Remarcó que Edwin Donayre “no está siendo llamado para ser procesado, tampoco para que se ejecute un auto de prisión preventiva”, lo que se establece como causales para sacarlo del cargo.

Mencionó que el congresista “está siendo llamado para que se ejecute una sentencia que no está firme”, la cual está impugnada “y que en una o dos semanas debe resolver la Corte Suprema”.

“¿Por qué adelantarse hoy día? ¿Por qué quebrar lo que dice el reglamento marcando un precedente de que se puede destituir, que se puede vacar a un congresista por una sentencia condenatoria que no es firme?”, acotó la defensa de Edwin Donayre.

Insistió en que el artículo 25 del Reglamento Congreso no contempla como causal de vacancia ni de suspensión la ejecución de condena que no esté firme. No obstante, esto se contradice con el Código de Procedimientos Penales de 1940, con el cual fue procesado y sentenciado el hoy congresista de APP.

Sostuvo que, con el material probatorio entregado a la Corte Suprema, se “cae” el caso Gasolinazo. Asimismo, pidió a los legisladores pronunciarse respetando el reglamento del Congreso y no siguiendo el Código de 1940.

“Si ustedes deciden respetar el reglamento, van a tomar una decisión justa, porque injusto sería violar el reglamento y enviar a la cárcel a una persona estando a pocos días la Corte Suprema de resolver en definitiva cuál es su situación legal”, apuntó.