Junior Miani

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán es investigada por el despacho del fiscal Germán Juárez por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.

Uno de los casos por los que se la investiga es por el financiamiento de US$3 millones para la campaña por el No a la revocación en el 2013 por parte de las constructoras Odebrecht y OAS. Según la tesis fiscal, el dinero habría sido entregado al entonces gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez, con conocimiento de la ex alcaldesa, a cambio de beneficiar a las compañías brasileñas con la firma del contrato Rutas de Lima y por una adenda del proyecto Línea Amarilla, respectivamente.

El segundo caso por el que Susana Villarán es investigada es por las presuntas irregularidades en la concesión de la Línea Amarilla y la adenda N° 01, que, entre otras modificaciones, extendió el tiempo de concesión de los peajes de la obra de 30 a 40 años a favor de OAS.

La tercera investigación que se le sigue es por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS a su campaña de reelección a la Alcaldía de Lima en el 2014.

El Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país contra Villarán y Castro el 28 de noviembre del 2017. Posteriormente, esta medida se amplió hasta julio de este año.

Al respecto, la abogada penalista Romy Chang indicó que “es muy difícil variar” el impedimento de salida del país de Villarán si no se tiene un “nuevo elemento que sirva para demostrar que existe peligro procesal o que existe un caso más sólido –desde el punto de vista probatorio– contra ella”.

Chang agregó que la declaración que dará Jorge Barata en abril “puede considerarse un nuevo elemento para variar la medida”.

En tanto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló que “Susana Villarán está en una investigación preparatoria, por lo que en cualquier momento puede variarse el impedimento de salida por una prisión preventiva”.

Agregó que, en caso de que Jorge Barata dé nuevos elementos que impliquen a la ex alcaldesa, sería justificada una prisión preventiva.

“Por lo menos esa es la tónica que ha sucedido en otros casos incluso menos graves en los que –ya habiendo indicios de por medio en una investigación preparatoria– la declaración de un colaborador es más que suficiente para poder variar la comparecencia con impedimento de salida del país por una prisión preventiva”, opinó.

El equipo especial del Caso Lava Jato interrogará a Jorge Barata entre el 22 y el 26 de abril. Su testimonio será clave para confirmar las declaraciones que dieron dos ex ejecutivos de Odebrecht y dos publicistas brasileños vinculados a la campaña por el No. En el testimonio que rindió en febrero del 2018, Barata admitió el aporte económico de Odebrecht a la campaña del No, pero no dio mayores detalles porque en esa ocasión no estaba autorizado para declarar sobre el tema.