Ani Lu Torres

Por unanimidad, el Pleno del Congreso aprobó la ley que permitirá a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) conciliar, desistirse, transigir o allanarse a los juicios de miles de pensionistas, tanto del régimen del Decreto Ley 19990 y del régimen 20530.

Ahora, la ONP queda facultada para, sin necesidad de recabar autorización previa del titular de la entidad, conciliar, desistirse, transigir o allanarse de oficio en los procesos judiciales que en materia previsional referidos al Decreto Ley 19990 y demás normas modificatorias y complementarias se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de la ley, así como en los procesos que se inicien a partir de la misma.

En conversación con La República, el congresista Hernando Ceballos informó que esta ley beneficiará directamente a 100 mil pensionistas que mantienen juicio contra la ONP.

“Era necesario esta ley porque el Estado gasta en abogados más de 16 millones de soles en promedio al año. Sólo entre enero y lo que va de marzo, el estado habría gastado más de 8 millones de soles”, sostuvo el parlamentario. En tanto – agregó -, existen afiliados al sistema nacional de pensiones que fallecen sin recibir su pensión.

Cabe indicar que el Congreso votó a favor de la exoneración de segunda votación de la ley, por lo que ahora se espera que la autógrafa se envíe al Ejecutivo para su promulgación oficial.
Beneficios

Cabe señalar que la ONP, al allanarse en los procesos judiciales que se encuentren actualmente en trámite y los que se inicien a partir de la vigencia de la ley, lo hará en base a los criterios, como el cálculo de la remuneración de referencia; aportes facultativos abonados con posterioridad al cumplimiento de requisitos para la obtención del derecho a una pensión; aplicación del artículo 6 de la Ley 25009, Ley de Jubilación de Trabajadores Mineros; reconocimiento de aportes como empleados anteriores al mes de octubre de 1962; pensiones devengadas; bonificación complementaria del 20 % del Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares (FEJEP) y acreditación de aportes.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Alberto Oliva Corrales, recalcó en el debate la importancia del estado democrático al que tiene derecho la ciudadanía para enfrentar y superar los problemas estructurales que se presentan en el sistema de justicia.

Carrión indicó que un proceso judicial demora aproximadamente cuatro años, pero una vez que el pleno del Congreso apruebe este dictamen, y entre en vigencia la ley, se atenderán a los 12 mil jubilados beneficiados en un periodo de diez meses.

Cabe señalar que, según informó la gerenta general encargada de la ONP, Helda Carrión, una vez aprobado la ley, los procesos judiciales se atenderá en un periodo de diez meses. Antes, podían demorar hasta cuatro años.