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De acuerdo con la encuesta de Ipsos publicada ayer por El Comercio, la aprobación al presidente Martín Vizcarra ha disminuido cinco puntos en el último mes, de 63% a 58%. Si bien se mantiene por encima de lo que otros presidentes habían alcanzado tras 11 meses de mandato, queda cada vez más claro que, para navegar con calma, su administración va a necesitar más que el empuje inicial que le dieron el referéndum y su confrontación con un Congreso ampliamente desprestigiado.

En concreto, ya con casi un año encima, el presidente Vizcarra y su equipo necesitan logros visibles que mostrar a la ciudadanía en temas que, más allá de los cambios en el ordenamiento jurídico o político conseguidos a través del referéndum, se relacionen directamente con su calidad de vida. En estos frentes, sin embargo, la tibieza con la que avanza el Ejecutivo empieza a ser preocupante.

El caso de la reforma laboral es el ejemplo paradigmático. De acuerdo con el INEI, el empleo informal creció el año pasado a mayor ritmo que el empleo formal, y eso a pesar de que la economía se expandió a una tasa de 4%. El empleo formal beneficia, todavía, a uno de cada tres trabajadores, y la cifra parece inamovible. ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno frente a esta realidad? Todavía una de cálculo político y falta de decisión.

Al temor a expandir la Ley de Promoción Agraria –que posibilitó el ‘boom’ agroexportador de las últimas décadas–, por ejemplo, se suman declaraciones del presidente, del primer ministro Villanueva y del titular del Ministerio de Economía, Carlos Oliva, respecto de cómo una eventual modificación no tocaría varios de los aspectos más importantes y controversiales de cualquier reforma laboral, incluso dentro del contexto de la Política Nacional de Competitividad delineada por el gobierno hace unas semanas. Por el momento, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) permanece ocupado en iniciativas menores y sin costo político, como un nuevo proyecto de ley para fomentar que los jóvenes reciban parte de su formación en un instituto y parte en una empresa.

No muy distinta es la renuencia del Ejecutivo a poner sobre la mesa propuestas reales de reforma al ineficiente sistema de agua y alcantarillado controlado por las EPS. “Este gobierno no va a privatizar el agua”, declaró esta semana el mandatario desde Cusco, cerrando de plano una alternativa que ha resultado tremendamente positiva en otros sectores y en otros países, y dando por zanjada una discusión que ni siquiera había propiamente empezado. El cálculo político nuevamente primó sobre la responsabilidad de plantear soluciones a temas que preocupan al ciudadano corriente.

A saber, acciones decididas se esperan de este gobierno que van más allá de la problemática laboral o de provisión de agua. En el combate a la delincuencia, en el acceso y calidad de la educación y salud, en el fomento de la infraestructura, y en varios otros aspectos clave, las promesas y expectativas iniciales siguen siendo solamente eso.

La reflexión de fondo es que, tarde o temprano, la popularidad se agota cuando la población no ve cambios sustanciales que respondan a sus necesidades. Y entonces será ya demasiado tarde para emprender las reformas que requerían, precisamente, de esa popularidad que el presidente hoy lentamente dilapida.