Giovanna Castañeda Palomino

El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, y el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, son investigados en el Ministerio Público (MP) por el presunto delito de abuso de autoridad debido a una denuncia del fiscal supremo Pedro Chávarry, ex fiscal de la Nación.

El 31 de enero pasado, la fiscal superior anticorrupción Escarleth Laura Escalante dispuso iniciar la investigación preliminar contra Concepción y Pérez por un plazo de 120 días.

Semanas antes, el 7 de enero, Chávarry había denunciado a ambos magistrados por tres presuntos delitos (abuso de autoridad, prevaricato y violencia contra un funcionario) por el pedido y la orden de allanamiento a las oficinas de sus asesores, ubicadas en el noveno piso del Ministerio Público, donde está el despacho del fiscal de la Nación.

La fiscal Laura solo admitió la investigación por el delito de abuso de autoridad. Según la resolución, a la que accedió El Comercio, consideró necesario indagar si en el allanamiento realizado el viernes 4 de enero se han respetado las “prerrogativas constitucionales” que tenía en aquel momento Chávarry como fiscal de la Nación.

En su denuncia, el fiscal supremo señaló que Pérez y Concepción habrían hecho uso indebido del cargo. Por esta razón, Laura ha requerido a los magistrados que determinen el contexto de la indagación realizada.

En su disposición, Laura –quien antes estuvo a cargo del Caso ‘Gasolinazo’, que terminó con una sentencia condenatoria al congresista Edwin Donayre– ha dado cinco días hábiles a los magistrados para que emitan sus informes de descargo. Según confirmó este Diario, el juez Concepción fue notificado el último miércoles.
—Lo que pasó en enero—

La noche del viernes 4 de enero, Pérez allanó las oficinas de asesores de Chávarry, entre ellos Juan Manuel Duarte. Lo hizo con autorización de Concepción, por la investigación por el delito de lavado de activos que se sigue a Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Después de esta acción, Chávarry indicó que era un “atropello” y un “allanamiento ilegal”.

Luego Pérez –nuevamente con autorización de Concepción– realizó un segundo allanamiento el domingo 6 de enero. Sin embargo, ese día se descubrió la manipulación de la oficina del asesor Duarte, que había sido lacrada por orden de Pérez (de esta oficina se sustrajeron documentos).

Al día siguiente, el coordinador del equipo especial, el fiscal superior Rafael Vela, denunció el ingreso ilegal. Ese mismo lunes, Chávarry anunció su renuncia al cargo.

La policía identificó a Rosa María Venegas, ex asesora de Chávarry, y a agentes de su seguridad como los que participaron en la sustracción de documentos de la oficina lacrada.

Además, la Unidad de Investigación de este Diario accedió a imágenes de las cámaras de seguridad de la fiscalía que revelaron que Chávarry estuvo en el mismo piso del MP en el momento en el que se sacaron los documentos de la oficina de Duarte.

Debido a este hecho, el fiscal supremo es investigado por encubrimiento real y otros delitos. Por la pesquisa, el Poder Judicial dictó una orden de impedimento de salida del país para Chávarry.

—Otra investigación—

No solo Pérez y Concepción son investigados. La Fiscalía Suprema de Control Interno (FSCI) dispuso abrir una investigación preliminar, por el plazo de 30 días hábiles, contra el fiscal superior Rafael Vela por una presunta conducta disfuncional.

El 29 de enero, la fiscal superior Isabel Huamán, parte del equipo de fiscales de la FSCI, consideró “necesario” iniciar la investigación tras una queja presentada por el fiscal Alonso Peña Cabrera, ex jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional.

Huamán dio un plazo de 5 días hábiles a Vela para que emita su informe de los hechos. El fiscal recién fue notificado el miércoles.

Fuentes de este Diario señalaron que la fiscal María Isabel Sokolich, jefa de la Fiscalía Suprema de Control Interno, no tenía conocimiento sobre la indagación a Vela.

—Análisis—
¿Cuál es el futuro de la indagación al fiscal Pérez y al juez Concepción? Especialistas consultados por este Diario coincidieron en señalar que la pesquisa no tiene sustento.

– Yván Montoya, ex procurador: Es muy extraño que pueda hablarse de abuso de autoridad. Tendrían que ser una orden y un pedido manifiestamente arbitrarios, que no hemos visto. El fiscal tuvo el cuidado de no tocar la oficina de Pedro Chávarry cuando era fiscal de la Nación, sino [hacer el pedido sobre las oficinas] de los asesores, quienes no tienen prerrogativas. Con los descargos será suficiente para corroborar que no hay más que avanzar y archivar.

– Romy Chang, abogada penalista: La disposición no es muy consistente. Considerar que las prerrogativas de un fiscal de la Nación se extienden a su gabinete de asesores es una falacia. No hay acto irregular ni ningún impedimento para que el juez acepte el pedido del fiscal de allanar las oficinas de los asesores. En sus resoluciones tampoco afirmaron que Pedro Chávarry estaba siendo investigado. Lo que va a pasar es que se va a archivar.

– Avelino Guillén, ex fiscal supremo adjunto: No se avizora un horizonte favorable. Los argumentos no son consistentes. Una explicación debidamente sustentada va a determinar el archivo. Las prerrogativas de un fiscal de la Nación no se extienden a sus asesores. Lo que se pone en evidencia es que la denuncia que planteó Chávarry es con la finalidad de pretender contrarrestar la investigación –en la que tiene impedimento de salida– por el deslacrado de las oficinas.

—Acciones contra Pérez—

6/2/2018
Inician un proceso disciplinario por cuestionar a Pedro Chávarry. Ya se archivó.

6/8/2018
Inician un proceso disciplinario por el presunto cobro indebido de un bono, a raíz de una denuncia ciudadana.

4/12/2018
Inician un proceso disciplinario por presunta falta administrativa, “por no guardar la reserva” de sus casos.

4/12/2018
Inician un proceso disciplinario por presuntamente no haber cumplido con los plazos en la investigación contra Keiko Fujimori.

7/1/2019
Abren una indagación preliminar por presunta inconducta funcional en el Caso ‘Moqueguazo’.