Todos los individuos, naciones e instituciones del planeta se yerguen sobre la base de su historia. Están hechos de ella. Son el último resultado conocido de centurias de evolución, de la interacción espontánea del hombre con su entorno, sus pares y sus circunstancias. En pocas palabras, somos lo que fuimos y por ello dominar el conocimiento de nuestro pasado es clave para comprender nuestro presente y entender lo que nos rodea.

En esa línea, tendría sentido que todos los países se esmeraran por otorgarle un sitial de especial importancia al estudio de su historia y, en consecuencia, a la preservación de los lugares, objetos y documentos que sirven para nutrirlo y permitirlo. En el Perú, sin embargo, el empeño por salvaguardar algunos componentes de nuestro patrimonio cultural dista de ser el ideal y, de hecho, en ocasiones bordea con la desidia. Es el caso del Archivo General de la Nación (AGN).

Como se sabe, el AGN, que cuenta con cinco locales en Lima, reúne el acervo documental de nuestro país y su fin es resguardar y conservar miles de legajos relacionados con los acontecimientos más importantes, que tienen a los peruanos como protagonistas, desde el siglo XVI. Esta misión, empero, viene siendo amenazada por múltiples factores y la eficiencia de los encargados de ejecutarla –habida cuenta de las circunstancias en las que tienen que trabajar– ha sido puesta en tela de juicio.

En primer lugar está el riesgo de que un incendio diezme la sede del jirón Camaná. En noviembre del año pasado, a raíz de lo ocurrido con el edificio Giacoletti en el Centro Histórico de Lima, este Diario publicó un reportaje que llamó la atención sobre la posibilidad de que se produzca una tragedia similar en este local. En esa ocasión el comandante de bomberos Nino Asencios aseveró que en el caso de que ocurriera pasaría “lo mismo o sería peor”. De hecho, como se informó, en el inmueble existen también dos restaurantes y una pollería con chimeneas en las que incluso, hace poco más de siete meses, se registró una fuga de gas que fue controlada. Una bomba de tiempo a la que no deberían estar expuestos documentos como el “Protocolo ambulante de los conquistadores”, que ha sido calificado como parte de la Memoria del Mundo por la Unesco y que se mantiene en el AGN.

A esto, además, se suma el hecho de que, en los últimos meses, se han registrado fugas de aguas servidas a los alrededores del edificio, que podrían traer graves consecuencias en caso una similar ocurriera en su interior.

Pero estos elementos no son los únicos que ponen en riesgo a la institución. Esta también se ha visto afectada por el hurto de algunos de sus documentos históricos y por algunos enredos legales. Con respecto a lo primero, en noviembre del año pasado el AGN denunció la desaparición de un documento firmado por el libertador José de San Martín, a lo que se suma lo difundido por el programa “Cuarto poder” sobre los traficantes que extraen documentos con el objetivo de venderlos a coleccionistas. En tanto a lo legal, cabe mencionar las tensiones entre el Poder Judicial y el AGN en torno a la sede de este último en el sótano de Palacio de Justicia, situación que pone en riesgo su permanencia en esa ubicación.

Queda claro que urge tomar medidas para mejorar la situación del AGN. Una de ellas es el traslado de los documentos a una nueva sede condicionada para preservarlos. De hecho, el traslado del AGN a un nuevo local en Pueblo Libre que integre todas las sedes estaba previsto, pero la vacilación del Ministerio de Cultura con respecto a la pertinencia del lugar elegido ha hecho que no esté claro cuándo podrá darse la mudanza y a dónde, a pesar de contar con un aproximado de S/180 millones para ese efecto. Otra medida tendría que ser la revisión de los protocolos de seguridad para evitar robos y, además, exigir que los funcionarios que tenían bajo su responsabilidad librar a nuestros archivos de este tipo de apuros rindan cuentas por lo sucedido.

La preservación de nuestra historia depende del bienestar de los documentos contenidos en el Archivo General de la Nación. Postergar su protección, especialmente ante las amenazas que lo acechan, podría relegar al olvido lo que nunca debería perderse. Es urgente que nos preocupemos de que esta institución funcione con los estándares que su importancia exige. Una tarea especialmente importante en vísperas del bicentenario.