En conferencia con la prensa extranjera, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, fue preguntado por las consecuencias económicas de que la constructora brasileña Odebrecht deje de operar en el Perú. La respuesta incluyó una frase que –por su claridad y contundencia– fue destacada en varios medios de comunicación: “Si por combatir la corrupción va a caer el PBI, bueno, pues, mala suerte. Lo principal es combatir la corrupción con una mirada de mediano y largo plazo”. La visión del Ejecutivo, expresada en palabras del ministro Oliva, sería que no hay margen de concesión posible cuando de enfrentar la corrupción se trata. Las consecuencias económicas, con esta perspectiva, pasarían a un segundo plano.

Hay, sin duda, una carga principista y correcta en este planteamiento de prioridades, además de la identificación de una potencial tensión entre tres distintos objetivos legítimos de política pública. A saber, la necesidad de continuar con las obras de infraestructura pública y no romper la cadena de pagos, la garantía del desembolso de una reparación civil adecuada a favor del Estado, y, finalmente, la demanda por justicia plena para todos los involucrados en los escándalos de corrupción. Desde que se aprobó el Decreto de Urgencia 003 en febrero del 2017 esta discusión ha estado vigente, pues conseguir de manera absoluta los tres objetivos es sumamente complejo, cuando no imposible. La aplicación de la Ley 30737, que reemplaza el DU 003, y la filtración de una parte del acuerdo con Odebrecht, han mantenido viva esta polémica.

Hay dos dimensiones de esta discusión, sin embargo, que vale la pena destacar. La primera es que un marco legal adecuado para tratar con esta situación ad hoc, fruto de un debate técnico y político efectivo, debería minimizar los costos y las concesiones que saltan entre quienes priorizan un objetivo u otro. Las enormes limitaciones y errores del DU 003, por ejemplo, paralizaron buena parte del sector –poniendo en riesgo la cadena de pagos y a inocentes proveedores–, no recaudaron recursos para la reparación civil, y, al mismo tiempo, tampoco ayudaron a la justicia en el esclarecimiento de los hechos. En otras palabras, ni un objetivo ni otro; un ejemplo de regulación mal concebida e implementada.

La segunda dimensión es esta aparente decisión dicotómica entre crecimiento económico, de un lado, y lucha contra la corrupción, de otro. En realidad, no se trata de una decisión excluyente. Quizá no hay reforma ni iniciativa que pueda contribuir tanto al desarrollo de la economía como aquella que trabaje en el fortalecimiento de la institucionalidad, de la política partidaria y del sistema de justicia. El pilar institucional del ránking de competitividad del Foro Económico Global coloca al Perú en la posición 116 de 137 economías evaluadas, el mismo puesto que alcanzamos en el subpilar ética y corrupción dentro de aquel pilar. El FMI estima que –para un país con problemas de corrupción– fortalecer significativamente su marco institucional incrementaría la inversión privada en 5%. Los mismos autores del ránking mencionado, además, señalan que el efecto de la corrupción sobre la economía aumenta en 10% el costo de hacer negocios.

A mediano y largo plazo, el combate a la corrupción y la promoción del crecimiento económico no son sino la misma cosa. Visto así, quienes hoy intentan minar subrepticiamente los esfuerzos de la justicia para que hechos pasados queden impunes no son solo cómplices del crimen, sino grandes enemigos de la competitividad en el Perú.