Martín Calderón

El regreso del ex presidente Alberto Fujimori a la cárcel puso nuevamente en la agenda pública un dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso en diciembre pasado, que permitiría que abandone el penal de Barbadillo y se someta a la vigilancia electrónica.

Este nuevo dictamen fue aprobado solo con los votos de congresistas de Fuerza Popular. Un dictamen anterior, basado en un proyecto de ley de Yeni Vilcatoma y aprobado por el pleno, fue previamente observado por el Ejecutivo y devuelto al Congreso en octubre pasado.

¿Qué plantea este nuevo dictamen? ¿En qué se diferencia del observado por el Ejecutivo? ¿En qué estado se encuentra? Estas y otras interrogantes las respondemos a continuación:

—Propuesta—
El dictamen que “establece la ejecución humanitaria de la pena” propone que los reos enfermos mayores de 70 años salgan de prisión y terminen de cumplir su condena través de la vigilancia electrónica. Para ello será requisito que padezcan enfermedad crónica acreditada por una junta médica, y que las condiciones carcelarias coloquen en riesgo su vida, salud e integridad, o que sufran de trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos, acreditados con pericia médico legal. En otro caso, que tengan discapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad para desplazarse.

El dictamen también señala que el beneficiario solo puede permanecer y desplazarse en la provincia donde se encuentra su domicilio.

El dictamen agrega que la ejecución humanitaria de la pena será tramitada ante el juez penal de turno de la circunscripción en la que el beneficiado se encuentra recluido. La decisión del juez puede ser apelada.

Además, señala que no se podrán beneficiar de esta ley los reos condenados por terrorismo, traición a la patria, sicariato, feminicidio, delito contra la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos contra la humanidad, trata de personas, explotación sexual, trabajo forzoso, extorsión, pornografía infantil, ni aquellos condenados a cadena perpetua.

También señala que si el beneficiario de la “ejecución humanitaria de la pena” comete un nuevo delito doloso, es hallado responsable mediante sentencia firme y es condenado a una pena privativa de la libertad mayor de cuatro años, pierde los beneficios.

—Votos a favor y en contra—
Los congresistas fujimoristas Sonia Echevarría, Francisco Villavicencio, Tamar Arimborgo, Héctor Becerril, Karina Beteta, Juan Carlos Gonzales, Milagros Yakayama, Úrsula Letona, Miguel Torres y Luis Galarreta votaron a favor del dictamen en la Comisión de Justicia.

Los congresistas que votaron en contra fueron Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio) y Oracio Pacori (Nuevo Perú).

—Diferencias del primer dictamen observado por el Ejecutivo—
El nuevo dictamen no distingue entre mujeres y hombres al momento de definir la edad (más de 70 años) de los reos que se pueden beneficiar de la norma. El anterior dictamen proponía que se beneficien mujeres a partir de 70 años y hombres a partir de 78 años que hayan cumplido un tercio de su pena. También diferenciaba entre mujeres de 65 años y hombres de 75 años que se encuentren con enfermedad grave.

Además, el nuevo dictamen plantea que la solicitud sea tramitada ante el juez penal de turno, mientras que el dictamen anterior proponía que la solicitud se tramite ante el jefe del INPE.

A ello se suma que el nuevo dictamen suprime la posibilidad de que el beneficiario salga de la provincia donde se encuentra su domicilio. El dictamen anterior señalaba que lo podía hacer si lo notificaba al INPE 48 horas antes, indicando el lugar de destino y el plazo, y acreditando un garante.

—Estado—
Este nuevo dictamen – aprobado el pasado 5 de diciembre en la Comisión de Justicia- está a la espera de ingresar a la agenda del pleno, donde debe ser debatido y sometido a votación.

—Cronología—
– El 9 de octubre del 2018, la congresista Yeni Vilcatoma presentó un proyecto de ley que establece la ejecución humanitaria de la pena.

– El 11 de octubre del 2018, el proyecto fue dispensando del trámite de dictamen en comisión. Además, la Junta de Portavoces dispuso la ampliación de la agenda del pleno para que sea sometido a debate y votación.

Ese mismo día fue aprobado en primera votación y exonerado del trámite de segunda votación.

– El 22 de octubre del 2018, el Ejecutivo observó la norma y la devolvió al Congreso.

– El 23 de octubre del 2018, la observación de la norma fue remitida a la Comisión de Justicia.

– El 5 de diciembre del 2018, la Comisión de Justicia aprobó un nuevo dictamen.