(Informe de El Comercio-IPE) El desastre ambiental ocurrido recientemente en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) ha vuelto a poner sobre el tapete los enormes desafíos pendientes del sistema público de agua y alcantarillado en el país.

La meta de lograr al bicentenario una cobertura de saneamiento al 100% en el ámbito urbano y al 85% en la rural resulta cada vez más lejana. Ello se debe, en buena parte, a la deficiente gestión en la provisión de esos servicios públicos, así como a los esfuerzos insuficientes por proveer una infraestructura adecuada.

INSUFICIENTE PROVISIÓN
Según las cifras del INEI al 2017, el 89% de las viviendas en el ámbito nacional cuenta con acceso a agua potable y el 73% a la red pública de alcantarillado. Más aun, se observa un notable retraso en la cobertura de las zonas rurales.

La cobertura de agua potable asciende a 94% en el área urbana y a 72% en el rural, mientras que la del alcantarillado es de 72% en la zona urbana y apenas 18% en el ámbito rural. Sin embargo, esto refleja únicamente la conectividad al sistema público, lo cual no considera otros aspectos relevantes como la continuidad o calidad del servicio.

Al respecto, por ejemplo, la cobertura efectiva de agua potable, definida como el acceso al sistema de tuberías y la disponibilidad de contar con dicho servicio de manera continua al menos 16 horas al día, asciende a cerca del 48% del total de viviendas en el Perú.

PROBLEMAS EN LA GESTIÓN
En el Perú, la provisión de agua y alcantarillado se encuentra a cargo exclusivamente del Estado. En el ámbito urbano, las encargadas son las EPS, mientras que en el ámbito rural las responsables son las organizaciones comunales.

Actualmente, existen cincuenta EPS en el país y muestran resultados operativos y financieros heterogéneos. Al cierre del 2017, más de la mitad de las EPS operaron con pérdidas financieras.

De ellas, a la fecha, 13 presentan severas deficiencias financieras y operativas, por lo cual se encuentran bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), que intenta mejorar la eficiencia de las EPS para asegurar su sostenibilidad, a través de la gestión financiera a cargo del Organismo Técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento (Otass).

Los diversos problemas que enfrentan las EPS se encuentran relacionados con los escasos recursos que manejan. Estos provienen del cobro de la tarifa –establecida por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass)– que pagan los usuarios. Sin embargo, el monto de la tarifa es insuficiente para cubrir tanto los costos de operación como de nuevas inversiones destinadas a mejorar el servicio.

Ante ello, entre el 2017 y el 2018 se transfirieron, aproximadamente, S/500 millones a las EPS con el fin de fortalecer sus capacidades de gestión y así mejorar la provisión del sistema de saneamiento.

INSUFICIENTE INVERSIÓN
Según el último Plan Nacional de Infraestructura de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), la brecha de infraestructura del sector saneamiento para el período 2016-2025 ascendía a US$12 mil millones, de los cuales el 79% corresponde al acceso a alcantarillado.

En ese sentido, cabe destacar el creciente flujo de inversión pública en saneamiento durante los últimos años a partir de una mayor priorización en las políticas de Estado plasmadas, por ejemplo, a través del Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, y del proceso de reconstrucción luego del severo impacto que tuvo El Niño costero.

Al respecto, la inversión pública nacional creció en 68% entre el 2009 y el 2018, mientras que la del sector saneamiento aumentó en 84%. Así, de los S/10.244 millones adicionales invertidos en total en ese período, el 15% corresponde a la función de agua y alcantarillado, solo por detrás de transporte (35%) y educación (30%).

La inversión de este sector es responsabilidad principalmente de los gobiernos locales. En ese sentido, hay que destacar que durante el último período de las autoridades subnacionales, las municipalidades explicaron casi tres cuartos del presupuesto para este sector. Sin embargo, estas instituciones también han sido las que menos han utilizado esos recursos.

Al respecto, durante el período 2015-2018, las municipalidades ejecutaron menos de dos tercios de su presupuesto para inversión en infraestructura de saneamiento, mientras que los gobiernos regionales y el gobierno nacional ejecutaron, en promedio, más de 80% en el mismo período.

CERRANDO BRECHAS
El ámbito urbano tiene el desafío de mejorar el nivel del servicio, mientras que el ámbito rural aún adolece de una infraestructura insuficiente. En ese sentido, urge una profunda reforma de las EPS y su gobernanza debido a que las dificultades operativas y financieras condicionan negativamente el acceso efectivo al servicio. 

Por otra parte, frente a la escasa infraestructura en las zonas rurales, en el último año casi el 60% de la inversión pública del sector se destinó al Programa Nacional de Saneamiento Rural. Más allá de un incremento en el presupuesto, que debería sostenerse en el tiempo, es importante fortalecer la institucionalidad de las organizaciones comunales encargadas de la provisión de agua, a fin de evitar los problemas que experimentan las EPS.