Rocío La Rosa Vásquez

La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó investigar de manera preliminar los contratos que celebró el consorcio Conirsa –integrado por Odebrecht y otras constructoras–, luego de conocerse que este alquiló maquinaria de la empresa C y M Vizcarra S.A.C. –en la que el presidente Martín Vizcarra fue accionista– para las obras de la carretera Interoceánica Sur. ¿Qué implicancias puede tener esta decisión?

1) ¿Vizcarra incurrió en una irregularidad legal por su respuesta inicial sobre el tema?
Para el penalista Ricardo Elías, no hay implicancias penales en la respuesta inicial del presidente con la que negó que C y M Vizcarra haya contratado con Odebrecht (en ese momento no le preguntaron por Conirsa).

Elías sí considera que se trata de un tema ético y que el presidente “debió ser transparente” al momento de dar información sobre esta anterior relación.

El ex presidente del Tribunal Constitucional César Landa señaló que el presidente dio en un primer momento una declaración periodística, y aquellas que tienen un alto estándar de exigencia de veracidad son las que se realizan ante las autoridades judiciales. En todo caso, dijo que las declaraciones ante un medio son verosímiles y están sujetas a comprobación. Comentó que el mandatario no dio inicialmente una información completa, pero que, si hay un requerimiento del Parlamento o el Ministerio Público, este tendría que ser atendido.

2) ¿El Congreso puede investigar contratos entre privados?
El abogado y ex oficial mayor del Congreso José Elice indicó que el Parlamento puede abrir una investigación sobre cualquier tema de interés público, y en este caso sería por una relación con el presidente de la República.

Sin embargo, consideró que en este punto no se justifica porque se trata de una relación privada y “no importa que ahora Vizcarra sea presidente”.

Agregó que una investigación de esta naturaleza puede poner en riesgo el principio de seguridad jurídica. “Si se empieza a investigar contratos [anteriores] que tienen que ver con autoridades actuales en el Estado, se está poniendo en peligro el principio de seguridad jurídica […], nadie va a contratar libremente y sin miedo”, comentó.

3) ¿Se podría determinar un delito en el contrato entre C y M Vizcarra y Conirsa?
El penalista Ricardo Elías consideró que en un contrato entre privados no podría determinarse un ilícito penal. Señaló que, de acuerdo con los elementos de público conocimiento, se trata de un tema que está al margen de lo penal.

Elías anotó que, si hubiera intervenido una entidad estatal, podría haberse configurado, por ejemplo, el delito de negociación incompatible, de ser el caso.

4) ¿Al abrir una indagación a Conirsa en realidad se busca investigar al mandatario?
Para José Elice, la Comisión de Fiscalización está “buscando pantalla y hacer escándalo” con el caso. Según dijo, esta es una comisión ordinaria y debe recibir una autorización del pleno del Congreso para investigar, cosa que aún no ha ocurrido.

“Esta comisión es para fiscalizar a las entidades públicas en el uso de los recursos del Estado, acá no hay nada de eso”, manifestó Elice.

César Landa recalcó que en principio el Congreso puede investigar cuando hay razones de interés público, y en este caso no se tiene información de que Odebrecht haya efectuado prácticas irregulares e ilícitas en esa época, ya que las denuncias que se vienen formulando son por investigaciones posteriores. “Ahora, si el Congreso quiere investigar a esta empresa, me parece que sería un poco falsear o hacer un abuso de su competencia”, señaló.

Agregó que, en cambio, debería investigarse a las empresas que han contratado con Odebrecht en general y no únicamente al consorcio.

“Estarían detrás de una persona con una investigación sin motivo”, dijo en referencia al presidente Vizcarra. Consideró que en la actualidad solo habría “una instrumentalización”.