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INFORME IPE / EL COMERCIO.
En estos días, el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley alternativo a la iniciativa que aprobaron los parlamentarios sobre la negociación colectiva en el sector público. De convertirse esta medida en ley tal y como está, según Carlos Oliva, ministro de Economía, se pondrían en severo riesgo las finanzas públicas. En este contexto, es importante analizar la evolución de la planilla estatal durante los últimos años y los retos de políticas públicas que esta conlleva.

RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO

Según la Planilla Electrónica (PE), durante el 2017 en el país laboraron 4,6 millones de trabajadores formales dependientes. En el período 2013-2017, este tipo de empleo creció en 9,6%, lo que equivale a la creación de 406 mil empleos adicionales, de los cuales casi un cuarto correspondió al sector público.

El incremento del empleo total respondió, principalmente, al mayor número de puestos de trabajos temporales. Entre el 2013 y el 2017, esta categoría de contratación explicó el 87% del crecimiento del empleo privado y el 45% del público. En este último caso, destaca el incremento de 23% de los trabajadores vía Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Asimismo, existen importantes diferencias entre los trabajadores dependientes formales públicos y privados como el nivel de sindicalización y la edad.

Por un lado, el porcentaje de trabajadores inscritos en sindicatos en el sector privado asciende a 5,5%, mientras que resulta casi el triple en el sector público (15,6%). Por otro lado, los trabajadores del sector privado son en promedio, más jóvenes que los del aparato estatal. En ese sentido, el porcentaje de trabajadores con 35 años o más asciende a 50% en el privado y casi 75% en el público.

SALARIOS ESTATALES

A partir de la mayor contratación, el costo de la planilla estatal también se incrementó en casi un punto del producto, al pasar de 6,3% del PBI en el 2013 a 7,2% en el 2017. Según cifras del cierre fiscal 2018, el costo total de la planilla habría ascendido a casi S/50 mil millones, lo que equivaldría a 7% del PBI.

El incremento en el costo de la planilla se explica, por un lado, por una mayor contratación temporal bajo el régimen CAS y de los demás regímenes laborales en las funciones educación, salud, seguridad y orden interno. Por otra parte, dicho incremento también refleja el costo fiscal de las reformas salariales de los últimos años.

Según el Consejo Fiscal, estas han significado cerca de 0,5% del PBI en el 2018. Entre dichas reformas destacan la Carrera Pública Magisterial, la política integral de compensaciones económicas en el sector salud, y los cambios en la estructura de ingresos para las FF.AA. y policía.

GASTO INFLEXIBLE

En una escala mayor, uno de los principales riesgos es el crecimiento del componente inflexible del gasto no financiero. Este incluye el pago de servicios básicos, las pensiones, el mantenimiento de la infraestructura pública y las obligaciones contractuales por el desarrollo de los proyectos vía asociaciones público-privadas.

Así, el gasto inflexible del gobierno general pasó de representar el 54,6% del gasto total no financiero en el 2013 a 61,4% en el 2017. Según el BCRP, ello significa una menor capacidad para enfrentar shocks de ingresos fiscales adversos –como una crisis financiera o un evento climático– dado que dicho costo no se pueda ajustar en el corto o mediano plazo.

Por otro lado, la tendencia creciente del gasto público en salarios ha sido opuesta a la de la inversión pública, que pasó de 5,9% del PBI en el 2013 a solo 4,3% en el 2017. Con ello, por cada S/1 en inversión pública, se pasó de gastar cerca de S/1,07 en planilla estatal en el 2013 a S/1,70 en el 2017. Además, el costo total de la planilla pública en el 2018 habría ascendido a casi el doble de la inversión pública en infraestructura ejecutada.

EFICIENCIA DEL GASTO

Otro de los retos asociados a un mayor gasto en remuneraciones públicas es su uso ineficiente. A partir de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se desprende que el gasto excesivo en remuneraciones públicas explica cerca de un séptimo de la ineficiencia del gasto público en el Perú, que asciende a 2,5% del PBI cada año.

Asimismo, el BID resalta que las autoridades subnacionales tienen cada vez una mayor responsabilidad sobre las finanzas públicas. En ese sentido, el 42% del gasto en remuneraciones públicas está a cargo de estas entidades.

En el caso de eliminar la ineficiencia en el gasto público de remuneraciones se generaría un ahorro de casi S/2.500 millones anuales.

En ese sentido, el BID recomienda establecer mecanismos que aseguren que los puestos de trabajo públicos sean cubiertos con el mejor talento humano disponible, de modo que se garantice la mayor rentabilidad social posible del gasto en remuneraciones.

Sin embargo, durante el 2017, solo 98 trabajadores públicos se encuentran bajo el régimen de Servicio Civil-Servir, que promueve la carrera pública basada en meritocracia.