La decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de remover a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba del equipo especial a cargo del Caso Lava Jato, bajo la justificación de que sus subalternos no respetaron su jerarquía al poner en tela de juicio su idoneidad en el cargo, ha sido, sin duda, indignante. Que lo haya hecho, además, buscando atenuar la reacción de la ciudadanía al escoger anunciarlo a pocas horas de que acabe el año, es una vergüenza.

Esta situación ha terminado por sepultar la poca credibilidad que le quedaba al fiscal de la Nación. Una mancha que, mientras permanezca en el puesto, no hará más que extenderse a la institución que encabeza y, en consecuencia, a la legitimidad del trabajo que esta lleva a cabo. Una circunstancia especialmente delicada si se toma en cuenta que este no es el único hecho que abona en la falta de aptitud de Chávarry para su labor: cabe recordar que el titular de la fiscalía, entre otras cosas, mintió sobre su relación con el ex juez César Hinostroza, fue ratificado como fiscal supremo con notas amañadas y está incluido en la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Ante este escenario, resulta pertinente que el presidente Martín Vizcarra y su Consejo de Ministros hayan resuelto, en sesión extraordinaria, presentar un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia el Ministerio Público, con el fin de forzar la remoción de su actual responsable, quien ha sostenido reiteradas veces que no se separará del cargo.

Como decíamos ayer en esta página, la decisión tomada por el señor Chávarry llega en un momento en el que se han visto avances significativos en la investigación del Caso Lava Jato y en las vísperas de la ejecución de un importante acuerdo con la empresa Odebrecht, que le daría a la fiscalía acceso a más información para sus investigaciones. En ese sentido, cabe saludar que el jefe de Estado haya actuado con prisa e instado al Congreso a aprobar hoy mismo el referido proyecto de ley.

Ahora está en manos del Congreso definir el futuro del fiscal de la Nación y, en especial, de la institución que preside. Pero esto, sobre todo, dependerá de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, la misma que, en más de una ocasión, ha avalado el accionar de Chávarry y dilatado el debate de las acusaciones constitucionales presentadas en su contra.

Tocará, además, que todos aquellos congresistas que reaccionaron con indignación a la medida tomada por Pedro Chávarry se empeñen por empujar la aprobación de la propuesta del Ejecutivo, en especial el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, quien ayer llamó la atención sobre la importancia de tomar “medidas urgentes” en ese sentido.

En situaciones como esta, donde la cabeza de una institución tan importante como el Ministerio Público es nociva para el cumplimiento a cabalidad de sus funciones, es fundamental que las autoridades electas velen por los intereses de la ciudadanía que les otorgó el poder.

Ante el estado actual de la fiscalía, lo que toca es un control de daños para evitar que los importantes avances alcanzados en la lucha contra la corrupción se vayan por la borda. La iniciativa del presidente Martín Vizcarra es un buen comienzo, pero es el turno del Congreso de cumplir con su deber de representar a sus electores.